El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) buscar y dar a conocer información de la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017, al presupuesto que ejerció la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para estancias infantiles.
Ante el Pleno, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que el caso se refiere, de acuerdo con información periodística, al ejercicio de la cuenta pública 2017, en la que se detectaron irregularidades en la filiación, capacitación a responsables, otorgamiento de subsidios y en las reglas de operación en las estancias infantiles
Acuña Llamas argumentó que es común que en las dependencias se manifieste la inexistencia o se declare la incompetencia, sin haber realizado una búsqueda integral de la información requerida.
“Debe ser la información idónea, la que tiene que ser por procedimiento para poder abarcar, omnicomprensivamente, todo aquello que pueda ser consultado y revisado”, agregó Acuña Llamas.
La orden del INAI derivó luego de que un particular solicitó a la SFP toda la documentación que acreditara lo que publicó el periódico Reforma el 13 de febrero en la nota “Exhibe Gobierno anomalías de estancias”, en la cual se narra como el actual Gobierno federal justificó la reducción del presupuesto a las estancias infantiles luego de que detectaran “irregularidades” en la afiliación, capacitación a responsables, otorgamiento de subsidios y reglas de operación.
En respuesta, el sujeto obligado, por conducto del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Bienestar, indicó que la información solicitada era inexistente. Por lo que el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI.
Agregó que la Dirección General de Denuncias e Investigaciones localizó el registro de tres denuncias bajo el número de folio 2018/SEDESOL/DE35, 2018/SEDESOL/DE39 y 2018/ SEDESOL/DE36, en el OIC en la Secretaría de Bienestar, mismas que podrían estar relacionadas con la información de interés del particular.
Durante la ponencia, el comisionado Francisco Acuña argumentó que en su respuesta inicial, la SFP no cumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, pues omitió turnar la solicitud de información a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, unidades administrativas que podrían contar con la información solicitada. Si bien, posteriormente, se subsanó dicha deficiencia, la información localizada no guardaba relación con el requerimiento.
Finalmente, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó a que realice una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, y entregue al particular la documentación que acredite lo mencionado en la nota periodística de Reforma.
