El exmagistrado Ángel Mario García Guerra puso en jaque a los diputados del Congreso local, quienes recibieron un ordenamiento judicial para que sea restituido en su cargo en el Tribunal Superior de Justicia.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa refiere que recibió un ordenamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde informa que no existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la restitución de García Guerra.
La notificación fue entregada por el juzgado el 3 de diciembre en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, y fue el 4 de diciembre que se subió al Pleno para que se entregue de manera urgente a la Comisión de Justicia del Congreso local, a cargo del diputado del PRI, Álvaro Ibarra.
De forma inmediata, el órgano legislativo debe dar a conocer la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria en la que emitirá su resolución.
“El comunicado enviado a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informa la determinación de 23 de octubre de 2019, dictada dentro del incidente de inejecución de sentencia 55/2019 de su índice. En dicho fallo la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que no existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este sumario, y ordenó devolver los autos a este juzgado de Distrito”, dice el documento en poder de Reporte Índigo.
Luis Donaldo Colosio Riojas, coordinador de Movimiento Ciudadano, y Ramiro González, líder del Grupo Legislativo de Morena, solicitaron una copia de este documento a la Mesa Directiva del Congreso local para sus análisis.
En el siguiente periodo de sesiones el órgano legislativo deberá emitir su decisión en un término no mayor a 15 días hábiles
En caso de que los legisladores continúen con la negativa, tendrán que buscar argumentos jurídicos para revertir la decisión del Máximo Tribunal de Justicia del país.
El documento judicial agrega que se deberá requerir a la autoridad que en el siguiente periodo de sesiones emita su decisión en un término que no puede ser mayor a 15 días hábiles y continuará con el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo.
“En consecuencia, se deben devolver los autos al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a efecto de que en términos de lo que ordenó en su acuerdo de 5 de noviembre de 2018 requiera a la autoridad responsable para que cumpla la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 1044/2017”, dice el ordenamiento.
La Corte señala que el Congreso violó derechos fundamentales de Ángel Mario de manera reiterada, según la resolución subida a estrados el 25 de octubre
La lucha de Ángel Mario García Guerra
En diciembre de 2007, Ángel Mario García Guerra fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, por propuesta del entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás.
Pasó 10 años como juzgador y el 29 de noviembre de 2017 recibió la negativa del Congreso para que fuera ratificado por un periodo más. Desde el 17 de octubre de ese mismo año, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acordaron no acatar la resolución de que fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que el 26 de diciembre promovió un amparo.
Finalmente, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa aprobó la suspensión para volver a analizar el caso del exmagistrado y emitir un nuevo decreto. Pasó un año y fue el 18 de octubre de 2018 cuando la Comisión de Justicia del Congreso local, a cargo de Álvaro Ibarra, aprobó que no debía ratificarse a García Guerra en el cargo que ocupó en el Tribunal Superior de Justicia.
La negativa se sustentó, según los legisladores, porque Ángel Mario incumplió con disposiciones constitucionales y tuvo un desempeño negligente y poco responsable, pues emitió sentencias fuera del tiempo legal, según el decreto. Esto detonó que el equipo jurídico del exmagistrado promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de incidencia por el juicio de amparo indirecto 1044/2017.
Durante dos años, el Congreso le complicó las cosas a Ángel Mario, quien acabó muy enfrentado con los diputados, a pesar de que afirmara que sólo reclamaba sus derechos.
Ahora, luego de los dos años de litigio, en caso de que los diputados del Congreso local no quieran restituir a García Guerra, el equipo jurídico de él podría interponer una demanda penal contra los legisladores.
