Hasta que la Cámara de Diputados no asigne una partida de recursos adicional al Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta popular no se llevará a cabo, ya que cualquier ejercicio de participación ciudadana deberá estar respaldado con presupuesto federal.
Así lo plantea la reforma que diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron para adicionar el artículo 39 Bis de la Ley Federal de Consulta Popular, a fin de que el INE cuente con recursos suficientes y pueda convocar, organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de un referendo, así como promover la participación ciudadana.
Los priistas indicaron que en estos momentos la autoridad electoral enfrenta el reto de cubrir los costos inherentes a la organización de la consulta popular del 1 de agosto próximo, por un total de mil 499 millones 392 mil 669 pesos, de acuerdo con la Junta General Ejecutiva del INE.
Recordaron que la consulta popular la presentó el presidente de la República, fue aprobada por el Congreso de la Unión y la validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el partido en el Gobierno no asignó recursos públicos para realizarla, pese a que el INE presentó tres solicitudes de ampliación presupuestal.
Por ello, los diputados del PRI indicaron que en su iniciativa se establece que previa solicitud fundada y motivada por el INE, la Cámara de Diputados debe asignar, como mínimo, una cantidad presupuestal equivalente al 0.015 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que se encuentre en curso.
Combate a corrupción sin consulta popular
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, demandó al Gobierno federal un combate efectivo contra la corrupción, sin dedicatorias políticas ni consultas “irregulares” sobre la aplicación de la ley
“El combate a la corrupción, exigencia inaplazable de la población, debe ser efectiva mediante la estricta aplicación de la ley y no únicamente en tema de discursos, encuestas demagógicas y onerosas, o acciones fallidas que sólo consolidan la impunidad de los delincuentes”, dijo.
Por ello, hizo un llamado al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, a ir al fondo de los hechos de corrupción que se acumulan sin investigación ni castigo a los responsables en el actual sexenio.
Manifestó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere enmendar el camino de verdad, entonces debe ordenar una revisión de la actuación de todos los servidores públicos y aplicar la ley sin distingo alguno.
