Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que la próxima semana interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto presidencial para que los megaproyectos del presidente del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sean asunto de seguridad nacional y eviten la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Por su parte, la fracción parlamentaria de Morena afirmó que el decreto es legal, está apegado a las facultades constitucionales del Presidente, y su aplicación será de gran utilidad social y pública.
En conferencia de prensa, los líderes de los diputados del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, cuestionaron la constitucionalidad del “decretazo” y expresaron su preocupación por la opacidad en los proyectos emblemáticos de la llamada cuarta transformación.
“Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel, así de simple, es la réplica de lo que hizo cuando fue jefe de Gobierno, ahora como presidente”, puntualizó Romero.
Todos tenemos derecho a saber en qué se usan los recursos públicos, pero cuando se trate de obras de interés público o de seguridad nacional podrán reservarse. Este decretazo es evidentemente inconstitucional e ilegal y atenta contra el derecho a la transparencia.
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— Diputados PAN (@diputadospan) November 23, 2021
Dijo que esto demuestra el talante autoritario del Ejecutivo al tomar de manera unilateral e inconstitucional ciertas decisiones.
“Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hace poco nos señalan que en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles se usaron empresas fantasmas y ahora nos quieren decir que esta obra es de seguridad nacional, para ninguna que ninguna mexicana o mexicano podamos preguntar y ver todos esos contratos, esto es inaudito y la coalición Va por México, no lo va a permitir”, advirtió.
Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, comentó que resulta preocupante la constitucionalidad del decreto el cual no está sustentado legalmente.
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“Creemos que no hay esas facultades, que al señor Presidente de la República no se le informó el alcance del mismo, ni cómo está soportado legalmente. Ese es un tema.
“Segundo, el momento en el cual este decreto sale a la luz, si bien es publicado en el Diario Oficial como corresponde, en una edición vespertina, no vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdo, es decir, no vemos que haya nada por lo cual se tengan que tomar estas determinaciones, más allá de la constitucionalidad o no.
Es decir, agregó el priista, no hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional, “porque no lo son, y porque no hay un clima en el país que manifieste que se le quieran oponer a las mismas, incluso que lo fueran”.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, dijo que será la siguiente semana cuando Va por México interponga la controversia ante el Alto Tribunal.
En contraste, el grupo parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro afirmó que el decreto presidencial es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Ejecutivo, además de que su aplicación será de gran utilidad social y pública.
“De manera categórica afirmamos que este decreto de ninguna manera atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y tampoco viola algún derecho de las y los mexicanos”, remarcó en su pronunciamiento la bancada morenista encabezada por Ignacio Mier.
Dijo que el objetivo del decreto es agilizar la realización de los proyectos de la administración pública federal y eliminar la excesiva burocracia.
“Las reacciones por parte de la oposición intentan desvirtuar lo que es una atribución constitucional del Presidente de la República, que favorece proyectos de gran utilidad pública. El grupo parlamentario de Morena reitera su apoyo a esta decisión del Presidente”, indicó Mier.
