[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_xzuducv2″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] En el estado de Aguascalientes opera una red de exfuncionarios públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que se dedican presuntamente a vender información clasificada y protección a los empresarios gasolineros dueños de las estaciones de servicio de la región.
Los empresarios víctimas de la estafa que hicieron las acusaciones, pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, ya que aseguran que las extorsiones también forman parte del modus operandi de estos exfuncionarios públicos.
De acuerdo con los testimonios, el líder del grupo es Salvador Farías Higareda, ex Subprocurador de Verificación de la Profeco y quien estuvo en el cargo de marzo del 2014 a abril del 2017.
Su mano derecha: Gerardo Cabrera Trejo, exasistente del Director General de Combustibles, fungía como el encargado de la emisión de las órdenes de verificación en la dirección de combustibles y es quien, en palabras de los agraviados, vende la información a los gasolineros de dónde, cuándo y a quién visitarán las brigadas de verificadores provenientes de Profeco central.
El cargo como asistente del Director General de Combustibles que ostentaba Cabrera Trejo lo obtuvo de manos de Farías Higareda, pues de acuerdo con los empresarios, éste necesitaba gente para no ensuciar su nombre, imagen y carrera al tiempo que se beneficiaba del negocio de venta de información confidencial.
Los empresarios relataron que el negocio ilegal lleva operando más de un año, tiempo en el que han reclutado a más de 100 negocios que pagan 22 mil pesos mensuales para recibir información privilegiada y así mantener bombas de gasolina que no dispensan litros de a litro a los consumidores.
Sin embargo, cuando estos exfuncionarios dejaron sus cargos en la Procuraduría Federal del Consumidor, a pesar de ya no contar con información privilegiada sobre cómo operan los verificadores, continuaron vendiendo a las estaciones de servicio datos falsos para poder seguir con el cobro de las cuotas, explicaron los empresarios gasolineros de Aguascalientes.
Si se toma en cuenta que el número de estaciones que pagan los 22 mil pesos mensuales para evitar los operativos de verificación de la Profeco son aproximadamente 100 empresas, se puede deducir que el ingreso que recibe al margen de la ley el grupo dirigido por Salvador Farías Higareda alcanza los 2 millones 200 mil pesos mensuales.
A la ecuación también se debe agregar el nombre de Jaime Clark Solter, exjefe de verificación en Aguascalientes y, quien de acuerdo con los denunciantes, dirige dos empresas: Precisión en Sistemas e Instrumentos S.A. de C.V. y Promotora Internacional de Pesas y Medidas S.A. de C.V., ambas registradas como unidades de verificación acreditadas.
Su papel dentro de la red, aseguran, es fundamental, pues Jaime Clark Solter es el encargado de manejar todo el monopolio de las calibraciones en la zona del Bajío.
Las actividades ilegales que lleva acabo el grupo de exfuncionarios públicos que laboraban en la Profeco se dieron a conocer después de que a varios de los dueños de estaciones de servicio que pagaban su cuota les llegaban los verificadores exigiendo realizar las revisiones pertinentes a sus máquinas.
El negocio ilegal lleva operando más de un año y cobran aproximadamente 22 mil pesos mensuales para brindar información privilegiada
Ante este hecho, se supo que la información que brindaba el grupo de Farías Higareda era falsa, por lo que en un intento por revertir la situación, Gerardo Cabrera, quien actualmente ocupa un puesto gerencial con un grupo de gasolineros de Aguascalientes llamado Hidroamegas, el cual maneja a 34 estaciones de servicio, salió a hacer acusaciones falsas públicamente asegurando que él era uno de los que pagaba por la información y que en realidad quienes estaban extorsionando eran los verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, acusaron los empresarios.
Gasolineros V.S Gasolineros
La venta de información confidencial por parte de exfuncionarios de la Profeco a empresarios gasolineros dueños de estaciones de servicio en Aguascalientes es un tema que se ha venido acumulando desde hace tiempo pero que explotó apenas hace unas semanas.
Las acusaciones se desataron después de que el director de Hidroamegas, Gerardo Cabrera, denunciara que un grupo de verificadores de la Profeco cobran montos de hasta treinta mil pesos para no realizar las revisiones correspondientes.
Estas denuncias han sido apoyadas por algunos empresarios y rechazadas por otros.
De acuerdo con el portal Noticen, en una nota publicada el 12 de marzo pasado, Raúl González, actual presidente regional de COPARMEX en Aguascalientes, dio su respaldo a los empresarios dueños de las estaciones de servicio afectadas y pidió un castigo ejemplar para los responsables al asegurar que no es el único caso del que se tiene registro.
“Desafortunadamente no es el único caso; es un patrón que se sigue y que debe de ser denunciado. Invito a los empresarios afectados para que pongan una denuncia formal y que los responsables, paguen por todo el daño que ocasiona su proceder”, afirmó Raúl González.
Por su parte, Jesús López López, presidente de la Asociación Gasolineros Unidos del Centro (GASUCEN), acusó que las declaraciones realizadas por el grupo de empresarios a cargo de Gerardo Cabrera no coinciden en nada con el verdadero actuar de los verificadores adscritos a la Dirección General de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor; toda vez que en cada una de las visitas de verificación programadas en las estaciones de servicio del grupo, dicho personal se apega a los lineamientos estrictamente para dar cumplimiento a la NOM005-SCFI-2011.
“Nos sorprende que cada vez que el personal de Profeco hace este tipo de visitas de verificación, existan voces desacreditando estas revisiones y a quienes las realizan. Creemos que son tiempos en los que los consumidores exigen la certeza para que en los consumos que realizan de combustible se les despachen las cantidades exactas que solicitan”.
Por ello, los Gasolineros Unidos del Centro se pronunciaron en contra de las acusaciones del presidente de Hidroamegas y lo acusaron de realizar este tipo de denuncias porque, según los integrantes de GASUCEN, los empresarios denunciantes se sienten agraviados con la presencia del personal de verificación de combustibles.
“Para el grupo GASUCEN, estas visitas de verificación dan confianza a los consumidores, por lo tanto solicitan a la PROFECO que no escuche estas voces que lo único que pretenden es inhibir y desvirtuar el objetivo de cada revisión en las estaciones de servicio que hay en el país, quienes trabajamos honestamente en el ramo gasolinero nos fortalece su presencia y se le da mayor confianza a los consumidores”, aseguraron en su comunicado.
Ante la polémica que se derivó de las acusaciones de Gerardo Cabrera, Raymundo Rodríguez Diego, actual Subprocurador de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y quien ocupó el cargo después de que Salvador Farías Higareda dejara el puesto, sostuvo que es necesario que el propio Gerardo Cabrera presente las pruebas, ya que forma parte de un tema que debe ventilarse en estricto apego al derecho.
El funcionario sugirió denunciar el hecho ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en virtud de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos, a través del Órgano Interno de Control (OIC) de la Profeco y si se trata de un delito de extorsión, recomendó al denunciante acudir ante la Procuraduría General de la República (PGR) para darle a conocer los hechos.
Delegado pinta su raya
Ante la guerra de acusaciones que se desató en Aguascalientes por los presuntos actos de extorsión cometidos por un grupo de verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, el delegado de la dependencia federal en la entidad, Rodrigo Iván Infante no tardó en salir a dar una declaración al respecto para dejar en claro que los verificadores no son parte de su equipo.
Rodrigo Iván Infante explicó que el operativo de verificación a gasolineras se hace a través de un programa nacional, por lo que todos los verificadores son funcionarios adscritos a la Dirección General de Combustibles de la Profeco y no a los estados
En este sentido, el delegado explicó que el operativo de verificación a gasolineras se hace a través de un programa nacional, por lo que todos los verificadores son funcionarios adscritos a la Dirección General de Combustibles de la Profeco.
De acuerdo con medios locales, Rodrigo Infante comentó que está en la mejor disposición de ayudar, pero pidió a los empresarios que en caso de tener pruebas las presenten para que sea más sencillo intervenir.
“En caso de que tengan pruebas suficientes apórtenlas para poder realizar un procedimiento contra aquellos que estén enfrascados en actos de corrupción”.
Además, sugirió a los denunciantes utilizar sus celulares para grabar las verificaciones que se les realizan y así poder demostrar los presuntos actos de extorsión con pruebas solidas.
Infante de Alba refirió que de haber incurrido algún servidor en algún presunto hecho ilícito, se atenderá el problema de acuerdo a lo que dicta la Ley Federal de Protección al Consumidor y aseguró que no se han presentado denuncias específicas de este tipo ante la delegación de Aguascalientes todavía.
Si los agraviados no levantan la voz, el órgano encargado de velar por los consumidores no puede hacer nada para resolver el problema
Por último, el delegado Infante recalcó que es fundamental que cuando se den casos como los que han salido a la luz en días recientes se denuncien ante las autoridades pertinentes, ya que si los agraviados no levantan la voz, el órgano encargado de velar por los consumidores no puede hacer nada, pues como refirió: “eso es una responsabilidad del proveedor y no de la Profeco”.
Blindaje contra la Profeco
Para Salvador Farías Higareda, a quien los empresarios gasolineros hidrocálidos reconocen como el líder del grupo de funcionarios ex Profeco que venden información confidencial, ostentar un cargo como funcionario público no es nuevo.
Antes de ser el Subprocurador de Verificación de la Profeco, Farías Higareda ya había pasado por el Congreso del estado, donde fungió como Contralor de la LX legislatura y como diputado local suplente durante el mismo periodo (enero 2008 a diciembre 2010).
Previo a ese cargo, fue Administrador Local de Recaudación del SAT (1994 – 1995); Administrador Local Jurídico de Ingresos. SAT. (1993 – 1994); Subadministrador General Técnico de la Administración Fiscal Federal de Guadalajara en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (1991 – 1993) y Subdirector Regional Técnico de la Administración Fiscal Regional de Occidente, para Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes (1990 – 1991) entre otros.
En el 2001, incluso contendió por la alcaldía de Aguascalientes abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al dejar la Profeco buscó dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI en el estado, cargo que no logró obtener. Sin embargo eso no lo hizo perder su interés en la política, realidad que se vio reflejada cuando creó la Asociación Política Estatal Corazón Hidrocálido, la cual intentó convertir en un partido político, sin éxito hasta el momento.
Actualmente, Salvador Farías Higareda, se dedica a asesorar a empresas, negocios, gasolineras y todo tipo de comercios contra los actos de PROFECO, para lo que cuenta con una empresa que se llama “Grupo Farías, abogados tributarios” con cuatro sedes: una en la Ciudad de México, dos en Aguascalientes y una en Tijuana, Baja California.
Estos bufetes jurídicos son, de acuerdo con un empresario gasolinero que actualmente reside en Coahuila, el medio por el cual los exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor ofrecen sus servicios de protección y venta de información.
Además maneja una revista que de acuerdo con los empresarios gasolineros de la región circula sin permisos y lleva el nombre de “La defensora del consumidor”, la cual es extremadamente parecida a la que publica la Profeco bajo el nombre de La Revista del Consumidor.
Gerardo Cabrera tampoco es ajeno a los cargos públicos, en 2015 ocupaba el puesto de Jefe de Departamento de la Fiscalía en el municipio de Jesús María, cargo del que fue inhabilitado temporalmente por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas por incumplimiento en la declaración de su situación patrimonial.
Extienden venta de información
El miedo a denunciar por parte de los empresarios gasolineros a quienes presuntamente se dedican a vender información confidencial no es exclusivo de quienes operan sus estaciones de servicio en el estado de Aguascalientes.
De acuerdo con un empresario gasolinero de Coahuila, quien se entrevistó con Reporte Indigo con la condición de no revelar su nombre, aseguró que el negocio de venta de información no se limita a una sola entidad federativa, pues en donde él lleva su negocio la venta de información también es común.
Aguascalientes en 2017 fue el quinto estado donde más delitos de extorsión se registraron
“Llevo muchos años en esto y sé, porque a mí me lo han ofrecido al igual que a otros de mis compañeros agremiados, que existe un grupo de personas que llegan con los gasolineros y les ofrecen el servicio de un bufete de abogados, el cual aseguran tiene relaciones al interior de la Profeco y venden información de cómo operan los verificadores y además aseguran ser capaces de resolver cualquier problema o irregularidad que puedan tener con la dependencia federal; claro que hay que pagar la cuota que solicitan que es de 20 mil pesos mensuales aproximadamente”, relató.
Esto concuerda con lo que los empresarios del estado de Aguascalientes comentan sobre el negocio que actualmente administra Salvador Farías Higareda y que lleva por nombre “Grupo Farías, abogados tributarios”.
Ante la pregunta de por qué no denuncian estas irregularidades abiertamente para que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto, el empresario gasolinero de Coahuila comentó que prefiere no meterse en este tipo de situaciones para evitar cualquier problema en el futuro, ya que hay grupos de la delincuencia organizada que podrían estar también involucrados en el negocio como lo son los huachicoleros.
“Yo lo que quiero es mantenerme al margen de este tipo de situaciones porque ahí también entra el tema del narcotráfico y prefiero mantenerme a raya y llevar mi negocio bien, algunas de estas personas han sido acusadas de ser huachicoleros, ahí están las publicaciones de los medios locales, y pues prefiero no involucrarme”.
Por motivos como los antes expuesto y por miedo a sufrir represalias es que ninguno de los empresarios que han denunciado esta red de venta de información lo han hecho de manera abierta.
Los ligan con robo de combustible
Otra de las acusaciones que empresarios gasolineros de Aguascalientes realizaron en contra de Gerardo Cabrera, presidente de Hidroamegas, es que junto con Omar Abarca, quien maneja una empresa llamada Multiservicios Otto, la cual se dedica a comercializar combustibles, aceites, lubricantes y aditivos en la región oriente del estado, son los dos principales huachicoleros de la región.
Gerardo Cabrera y Omar Abarca han sido acusados de ser dos de los principales huchicoleros en Aguascalientes
A pesar de las acusaciones, en el los dos último reportes (2017-2018) que emitió Petróleos Mexicanos (Pemex) donde da a conocer el número de tomas clandestinas que se han registrado en cada una de las entidades federativas del país, Aguascalientes tiene una de las cifras más bajas en cuanto a este delito, pues en 2017 únicamente se documentaron tres tomas clandestinas, mientras que en lo que va del 2018 no hay ninguna todavía.
Las entidades que lideran la lista son Guanajuato, donde a lo largo del año pasado se contabilizaron mil 852 tomas clandestinas, Puebla con mil 443, Tamaulipas con mil 100 y Veracruz con mil 012.
A diferencia de los que muestran los datos de las tomas de gasolina clandestinas en Aguascalientes, el delito de extorsión en la entidad es uno de los más elevados.
De acuerdo con los datos presentados por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se presentaron 121 delitos de este tipo, lo cual coloca al estado hidrocálido como el quinto a nivel nacional en la comisión de extorsiones.
Los estados que están por encima son Tabasco, Zacatecas, Nuevo León y Baja California Sur.
