Operación fracaso

Miguel Colorado tiene claro que durante el sexenio de Felipe Calderón se utilizó el aparato de justicia con fines políticos y que nadie le podrá devolver los seis años que estuvo preso en la cárcel federal de Puente Grande.

Sin embargo, en algún lugar de México, hoy Colorado analiza las opciones para demandar la reparación del daño ocasionado por el Estado mexicano.

En 2008, Colorado, excoordinador general técnico de la desaparecida SIEDO, y Antonio Mejía Robles, agente de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) fueron detenidos y acusados de pertenecer al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Con el mismo argumento por el que han quedado libres varios de los acusados por el gobierno de Calderón —incluidos militares— la juez federal Gloria Avecia Solano determinó que las acusaciones contra Colorado y Mejía Robles carecen de valor probatorio, “en razón de que fueron desvirtuadas durante el proceso penal”.

Con la libertad de estos dos s funcionarios presos como parte de la llamada Operación Limpieza, esa maniobra del Gobierno Federal queda de cabeza. 

A la fecha, de los proceados en esa operación, solo Alberto Zavala Segovia continúa preso en la cárcel federal de Tepic.

‘Me mandaron a vivir seis años al infierno’

Miguel Colorado es uno de los 25 funcionarios del Gobierno Federal, adscritos a la PGR, que en el 2008 fueron señalados –en medio del linchamiento mediático, impulsado desde la presidencia de la República- de ser miembros de una red de corrupción al servicio del cartel de los Beltrán Leyva. 

El 26 de febrero, un juez determinó que la acusación que pesaba sobre Colorado se basó en mentiras. En su fallo, la juez federal Gloria Avecia Solano fue contundente al decir que con las declaraciones desvirtuadas se evidenció que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que no les contaban de manera directa, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Yo fui una víctima más de Felipe Calderón y de su supuesto combate al crimen organizado”, dice Colorado con la voz cansada, pero notablemente emocionado tras haber alcanzado la libertad. “Lo que yo viví no se lo deseo a nadie. Por órdenes de la presidencia de la Republica, a mí me mandaron a vivir seis años al infierno ¿A quién le debo reclamar todo lo perdido en ese tiempo?”.

El que fuera coordinador técnico de la entonces SIEDO fue detenido el 6 de agosto del 2008, arraigado y posteriormente enviado a la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, en donde fue tratado en forma humillante.

Ahí se le mantuvo aislado en una celda de de 2 por 3 metros, en donde solo podía ver la claridad del día a través de una rendija. En esas condiciones de incomunicación estuvo por más de siete meses.

“Lo primero que tengo que hacer es recomponerme emocional y físicamente”, asegura en tono tranquilo. “Necesito pensar lo que viene en los próximos días antes de tomar alguna decisión sobre lo que haré.

“Quiero disfrutar a mí a mi familia. Abrazar a mis hijos. Tratar de olvidar todo el infierno que me tocó vivir, víctima de una red de mentiras esgrimidas por Marisela Morales Ibáñez”, recalca.

-¿Va a demandar al Estado? ¿Solicitará la reparación del daño causado?

Sin duda. Estoy pensando en iniciar un proceso en contra de las autoridades que me llevaron a prisión, sobretodo porque no había un solo elemento que me indicara como posible responsable de los delitos que se me señalaron. 

Todo mi proceso fue fincado en base a mentiras –como fue la tradición en el gobierno de Felipe Calderón-. El estado de derecho se violentó.

-¿Contra quién se presentará la demanda?

Ese es un asunto que se tienen que analizar con los abogados. Ellos ya están trabajando en las opciones jurídicas que tenemos para iniciar el proceso no solo de reparar el daño ocasionado a mi persona, sino que también están viendo la posibilidad de limpiar la imagen que me destrozó la encargada de procurar justicia en el periodo de Felipe Calderón. 

También contra Estados Unidos

Miguel Colorado, hoy de 73 años de edad, salió de la cárcel federal de Puente Grande el miércoles pasado a las 14:00 horas. La notificación de libertad se le anunció desde las 13:00 horas de un día anterior. 

Tuvo que esperar 25 horas para que las autoridades penitenciarias acataran la disposición emitida por la juez Segundo de Distrito de Procesos Federales en Jalisco.

Antes de abandonar la cárcel federal, ya libre de toda culpa, exonerado de toda responsabilidad penal, Miguel Colorado, quien estaba asignado a una celda del módulo 2, fue sometido a humillantes revisiones y maltrato psicológico por parte del personal de Puente Grande. 

Durante su estancia en Puente Grande, Miguel Colorado estuvo aislado inicialmente en el área de celdas tapadas, posteriormente fue enviado al módulo uno, destinado a los jefes de cártel, para después ser trasladado al módulo dos, en donde se concentra ahora a todos los exservidores públicos, principalmente expolicías y exmilitares. 

En esa parte del penal, él fue informado de la conclusión absolutoria de su proceso, tras casi seis años de encierro en condiciones extremas.

Colorado recordó que en el inicio de su proceso se le había notificado que el gobierno de Estados Unidos lo estaba reclamando para ser procesado en una corte de aquel país. 

Él se allanó —aceptó la extradición—, pero finalmente el gobierno norteamericano se desistió de llevarlo ante una de sus cortes. Eso lo ha llevado a valorar la presentación de una demanda de reparación de daño ante el gobierno de la Unión Americana.

“Estoy contemplando también demandar al gobierno de Estados Unidos”, asegura. “Voy a exigir que me restituyan el daño moral ocasionado por las acusaciones graves que vinieron de parte de algunos funcionarios del departamento de justicia de ese país. 

“Hubo inmoralidad en la actuación de los funcionarios que pidieron mi extradición, porque ellos sabían que no había ningún fundamento para que yo compareciera ante una corte de Estados Unidos”.

-¿Por qué cree que actuaron así, con esa inmoralidad?

Para hacer eco a las mentiras. Era la mejor forma del gobierno de Calderón de validar las mentiras con las que estaban armando los procesos penales que llevaron a tantos inocentes a la cárcel. 

Los señalamientos que hizo el gobierno de Estados Unidos para exigir la extradición se fincó en declaraciones de dos testigos protegidos pagados por la PGR, los que rindieron declaración en la sección consular de la Embajada en México, para imputar acciones que nunca ocurrieron mas allá del aleccionamiento recibido por los agentes del ministerio público del fuero federal, quienes ahora podrían encarar un proceso penal.

El pasado miércoles, al excoordinador técnico de la SIEDO se le absolvió de los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero en la modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, los que se trataron de fincar en base a las declaraciones pagadas por la PGR, con plena complicidad de la luego procuradora Marisela Morales. 

Esta es la enésima ocasión en que la figura de los testigos protegidos –tan utilizada en el periodo de Felipe Calderón- evidencia el uso faccioso de la impartición de la justicia en México.

Que el Estado reconozca su error

Miguel Colorado se reconoce como una víctima más y asegura que comenzara una batalla legar para que el Estado reconozca el error cometido contra su persona y su familia.

“No solo yo fui envuelto en la red de mentiras que salieron de las esferas oficiales”, reconoce con algo de tristeza, “también mi familia fue señalada y perseguida. Toda mi parentela fue víctima de las mentiras que se les ocurrió a los encargados de la SIEDO y de la PGR en aras de sostener la tesis del presidente, de buscar culpables en donde no los había”.

-¿Qué le queda a Miguel Colorado por hacer?

Solo vivir esta oportunidad de estar de regreso con mi familia y disfrutar a mi valiente esposa y a mis amados hijos, quienes durante mi estancia en la cárcel fueron mi sustento y mi soporte. Ellos nunca dejaron de creer en mi inocencia. Eso me dio fuerza para sostenerme de pie en medio del infierno que me tocó vivir. 

Sin mi familia a mi lado, tal como lo hicieron, nunca habría salido bien de ese lugar que es la cárcel, pero que en realidad es un pedazo del infierno en la tierra.

-¿Sale usted con odios?

No. No tengo ningún odio ni rencor. Solo tengo necesidad de que se acabe la impunidad. Quiero que se haga justicia y que haya alguna instancia del Gobierno Federal, de este gobierno en el que tengo confianza que está haciendo las cosas de mejor manera, que me escuche y que me repare el daño que me ocasionó el Gobierno Federal pasado.

Con sus 73 años a cuestas, el orgullo de saberse amado por su familia y la certeza de su inocencia.