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La operación de la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para extraer en secreto 273 cuerpos de la morgue y colocarlos al interior de un tráiler fue realizada borrando todas las huellas de la maniobra y sin dejar ninguna evidencia o respaldo documental.
Información obtenida por Reporte Índigo muestra que todas las órdenes giradas en esas áreas para sacar los cuerpos fueron verbales y sin mediar oficios. Además se evitó generar contratos con todos los proveedores involucrados: el propietario del frigorífico, el del tráiler y el de la bodega.
La Fiscalía y el IJCF se pudieron haber deshecho –de haberlo querido– de esos cientos de cuerpos no identificados sin que resultara posible seguir el rastro de la operación, pues no existe ningún documento ni contrato generado que delate su implementación.
En el recurso de revisión 1963 que analiza el Instituto de Transparencia local, la Fiscalía ya ha reconocido la inexistencia de contratos de renta de los tres insumos que usó para extraer los cuerpos de la morgue: el frigorífico; el tráiler con placas 926DN9, donde fue transportado, y la bodega de Tlaquepaque, en la colonia La Duraznera, donde estuvieron ocultos los cadáveres del 31 de agosto al 14 de septiembre.
“No se localizó la información antes referida; no se tiene indicios que haya sido generada, ni que se encuentre bajo el resguardo de este sujeto obligado. Situación por la cual se consideró inexistente”, señaló, según su Fiscalía Central y su Coordinación General de Administración y Profesionalización
En el informe generado por la Fiscalía Central, con clave FGE/ FC/12523/2018, se detalla que no se ha generado ni se encuentra bajo resguardo ningún contrato vinculado con los frigoríficos, el traslado en un tráiler del contenedor y tampoco documentación relacionada con la contratación de la bodega de Tlaquepaque.
Bodega ilegal
La forma clandestina que implementaron la Fiscalía y el IJCF para la extracción de cadáveres no identificados ni reclamados de la morgue, sin generar respaldos documentales, incluyó además el uso de una bodega en Tlaquepaque considerada irregular por ese Ayuntamiento, pues fue edificada sin permisos y se desconoce el propietario.
El gobierno de Tlaquepaque confirmó las anomalías que rodean a la bodega que eligieron la Fiscalía y el IJCF para ocultar ahí el contenedor con los 273 cuerpos, en la solicitud de información 04839418.
A la pregunta de “¿A qué empresa pertenece la bodega?”, el director de Catastro, Ignacio Avalos Abundis, reconoció: “No se conoce”, y al cuestionarle “¿A nombre de quién se encuentra registrado el predio en cuestión?”, respondió “No se conoce”.
“Dicho predio ubicado en el número 166 de la calle Frailes, de la colonia la Duraznera, forma parte del ejido denominado San Martín de las Flores, por lo que cabe mencionar que respecto a los predios ejidales sólo tenemos registrada la superficie total del ejido y no se registran los nombres de cada uno de los ejidatarios, ni la dimensión física-legal de cada predio que lo integra”, explicó el gobierno de Tlaquepaque.
La Dirección General de Reglamentos dijo desconocer a los propietarios de la bodega, según lo afirmó Jesús Banderas Pulido, a cargo de Inspección de Obra Pública, al referir que nunca se presentó licencia de construcción.
Esa bodega había generado desde el 13 de junio de 2018 el reporte ciudadano 1722 “por el hecho de construcción sin licencia y usos molestos”, mismo que se atendió el 30 de junio en un procedimiento que originaría la infracción con folio 5210, del 1 de agosto, donde consta la clausura de la obra.
Hubo denuncias telefónicas ciudadanas de que la obra seguía y también nuevas diligencias el 13 y 14 de septiembre del 2018, originándose las actas de infracción con folios 5262 y 5346. En esta última consta la clausura con los sellos 9112, 9113, 9114, 9115 y 9116.
Fue en estas últimas diligencias que los vecinos alertaron a los inspectores de los malos olores en la bodega en el reporte del 13 de septiembre, debido a que alojaba un contenedor lleno de cadáveres.
“Los hechos y/o irregularidades porque se infracciona son: carecer de licencia de construcción de uso comercial y carecer de lineamiento y número oficial”, agrega la dirección.
Esa clausura del 14 de septiembre fue lo que obligó a que los cuerpos fueran movilizados nuevamente en el tráiler hasta quedar en un predio de Tlajomulco, a cielo abierto, y cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo.
Contrato de frigoríficos
En su comparecencia ante diputados el 15 de noviembre, la contralora, Teresa Brito Serrano, confirmó la inexistencia de contratos.
En el recurso de revisión 1963 que analiza el Instituto de Transparencia local, la Fiscalía ya ha reconocido la inexistencia de contratos de renta
“Existían convenios marco pero no había convenio específico, contrato especifico con la empresa. Si no había contrato específico con la empresa, dónde estaban las fianzas de cumplimiento; si no había fianza de cumplimiento, dónde estaban perfectamente definidas las especificaciones técnicas para tener la certeza de que, como los estaban manejando en Ciencias Forenses, era la manera adecuada con sus protocolos”, cuestionó la contralora
Hoy se sabe que con Red Cold Transport la Fiscalía contrató un frigorífico del 2 de mayo de 2016 al 24 de junio de ese año, por 172 mil 260 pesos.
A Logística Montes contrató otro -el que quedó varado- del 25 de junio del 2016 al 31 de octubre de 2018 y existen pagos por 49 mil 880 pesos pero sólo de 2016, ninguno de 2017 y 2018. El diesel costó 528 mil 733.30 pesos.
