La Secretaría de Seguridad Pública, que se encuentra a cargo de Gerardo Palacios Pámanes, entregó millones de pesos a la empresa Car One tras una adjudicación directa para la compra de 250 camionetas y equipo para estas unidades.
La operación entre Seguridad Pública y Car One Monterrey S.A. de C.V., fue por un monto total de 256 millones 499 mil pesos, IVA incluido.
De acuerdo con el informe de la testigo social Aleida Magdalena Gil González, entregado a Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad usó la pandemia de COVID-19, como razón para la compra de las camionetas.
Gil González explicó que para realizar este proceso por adjudicación directa el caso fue calificado como “fortuito o de fuerza mayor”, con el objetivo de no violar el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado.
“Se está ante la presencia de un caso fortuito o fuerza mayor que ha propiciado la alteración del orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad la seguridad y el ambiente, lo cual sucedió en todo el mundo y Nuevo León no quedó exento”, mencionó la testigo social respecto a la razón que se adujo para la compra.
El reporte de Gil González, con fecha 6 de julio, revela que la compra directa de vehículos a Car One Monterrey se justificó también con la escasez mundial de semiconductores.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Gartner, una empresa consultora y de investigación de las tecnologías, la venta de estos chips se recuperó hasta llegar a niveles normales para el segundo trimestre de 2022, periodo que coincide con el de la compra de los vehículos.
Por otra parte, para acreditar un caso fortuito o de fuerza mayor el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado establece que, previamente, se debe hacer un estudio del mercado en búsqueda de otras opciones.
“Se nos comentó que en los últimos 7 años se han adquirido 661 camionetas de las cuales, el 81 por ciento son tipo Dodge Ram y el restante tipo Ford, por lo que se recomienda homologar en la medida de lo posible el parque vehicular con el modelo reciente de la marca señalada”, dice la testigo social.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública argumentó que dicha homologación es indispensable, ya que serviría para brindar mayor certidumbre a la ciudadanía de la imagen institucional.
Sin embargo, esta justificación carece de argumentos sólidos, pues las unidades de esta corporación están rotuladas con el nombre de Fuerza Civil y todas poseen colores blanco y negro, elementos suficientes para que los neoleoneses puedan identificar a los vehículos policiales.
Compran unidades…sin tener policías
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que Fuerza Civil tuvo una disminución de elementos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León adjudicó de manera directa la compra de 250 unidades.
Esta corporación contaba con 5 mil 700 elementos, pero cayó a 5 mil 493 policías de acuerdo con los datos del Secretariado, lo que pone sobre la mesa la necesidad de contratar más uniformados para garantizar la seguridad de los neoloneses, que además aprovechen las unidades compradas.
La adquisición de camionetas se concretó el pasado 6 de julio a través de una adjudicación directa a la empresa Car One Monterrey S.A de C.V., además de equipamiento para patrullas, por un monto de 265 millones 499 mil con IVA incluido.
Esta compra sólo generó dudas por los argumentos que ofreció la Secretaría de Seguridad Pública, pues justificó la adquisición con la pandemia de COVID-19 y la escasez de chips a nivel internacional.
También resulta inexplicable que se destinen de manera directa millones de pesos para la compra de unidades, en lugar de adquirir armamento para los policías, el cual es escaso en la corporación, de acuerdo con lo dicho por el secretario de Seguridad Pública Gerardo Palacios Pámanes el pasado 22 de septiembre.
La Secretaría de la Defensa Nacional entregó en comodato 200 fusiles de grueso calibre a esta corporación, los cuales se destinaron a elementos que vigilan la zona rural, con el objetivo de contar con la capacidad y fuerza para enfrentar a la delincuencia organizada.
Pese a la compra de nuevas unidades y la entrega de armas por parte del Ejército, la violencia relacionada con ejecuciones no ha tenido disminución en Nuevo León, pues este año ha sido el más violento en los últimos 7 años.
En este 2022 se registran una mayor cantidad de homicidios en comparación con el mismo periodo, es decir, el primer año de gobierno del exmandatario Jaime Rodríguez Calderón. Hasta el mes de septiembre de este año se reportan mil 097 ejecuciones, cifra que rebasa a la reportada en 2021 cuando se registraron mil 069 asesinatos.
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