Opacidad en la aplicación de recursos durante el gobierno de Alfredo del Mazo

Exfuncionarios de la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, que fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR) para responder por supuestos actos de corrupción relacionados con el caso del Viaducto Bicentenario, vía que también se conoce como Segundo Piso del Periférico, evitaron presentarse ante la autoridad requiriente para dar su versión sobre la presunta obtención ilegal de la concesión de la misma en el año 2008.

Entre los exservidores públicos citados para la diligencias correspondientes, están Luis Limón Chávez, personaje que fungiera como secretario de Movilidad en la administración de del Mazo Maza, y quien inicialmente fue titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que en pocas ocasiones transparentó los trabajos en infraestructura urbana, así como carretera, realizados en la entidad.

Limón Chávez fue uno de los funcionarios que se mantuvo a la sombra en su gestión, en muy pocas ocasiones tuvo contacto con representantes de los medios de comunicación, e incluso diputados y diputadas de oposición a la gestión delmacista se pronunciaron para que compareciera y explicara lo relacionado al Viaducto Bicentenario y otras obras en las que se detectó opacidad en la aplicación de recursos y se dieron por hecho las asignaciones que fueron sin las licitaciones correspondientes.

Previo a su designación en el estado, Limón Chávez fungió como director general adjunto de Finanzas, Administración y Operaciones de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en el que se desempeñó como titular de la Dirección General Adjunta Fiduciaria.

Exfuncionarios estatales y federales citados

Otros exfuncionarios citados a comparecer fueron Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.

En total, fueron siete citados a comparecer, entre exfuncionarios estatales, federales, así como exdirectivos de la empresa OHL, la cual cambió su nombre a Aleatica.

La demandante del caso fue la Fiscalía General de la República (FGR), quien acusó ante un juez federal que la filial Obrascón Huarte Lain (OHL) actuó de manera ilegal para adquirir la concesión y explotar la vía elevada, en el año 2008, con el apoyo de diversos funcionarios públicos.

La FGR integró la carpeta de investigación a partir de las denuncias realizadas por el abogado Paulo Díez, quien señaló como “un abuso del sistema judicial, una práctica común de Aleatica (antes OHL) y de la anterior administración del Estado de México”, la inasistencia de los involucrados a la audiencia de ayer jueves 4 de enero.

Irregularidades en obra del Viaducto Bicentenario

De acuerdo a la acusación judicial, el Viaducto Bicentenario se construyó sobre una vía general de comunicación que corresponde a la carretera México-Querétaro, la cual es federal y en la que se encuentra incorporada la vía de 22 kilómetros, conectando al Estado de México con la Ciudad de México, en la zona metropolitana, desde el municipio de Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan.

Sin embargo, las concesiones sobre vías generales solo pueden ser otorgadas por el Gobierno federal y no así por los gobiernos estatales.

Gobierno de Enrique Peña Nieto

A pesar de ello, el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a OHL un título de concesión en 2008, para construir el Viaducto Bicentenario, dándole el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje, de las más altas en la entidad, desde el momento de su puesta en marcha y hasta el año 2038.

Para hacer “legal” la concesión, en la administración de Alfredo del Mazo Maza, los funcionarios involucrados firmaron un documento en el cual se estableció que el Gobierno federal entregó en 1983 el control de este bien nacional. Empero, lo único que se cedió en ese supuesto documento fue un pequeño ramal, más no la concesión para la explotación de la vía federal.

De haber una resolución a favor al final del juicio, el Gobierno federal recuperaría la vía que ha sido explotada durante más de 10 años con tarifas que oscilan entre los 7 pesos, a los 121 pesos el tramo más largo, y en el que se estima que diariamente circulan más de 33 mil 339 vehículos, indican datos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.