El patrimonio del 2020 de jueces y magistrados de la Ciudad de México está en la total opacidad. Ninguna de las declaraciones patrimoniales de los miembros del Poder Judicial de la capital de este año están disponibles ni son públicas aun cuando los plazos ya vencieron desde el mes de mayo pasado.
Esto representa un incumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas local que estipula que todos los funcionarios tienen que hacer su declaración anualmente y debe ser pública.
Además, especialistas en la materia señalan que el no difundir dicha información es una violación a los derechos de la ciudadanía y que la importancia de conocer el monto y cantidad de bienes de las autoridades judiciales reside en que la sociedad pueda revisar el incremento patrimonial y denunciar posibles actos de corrupción como el uso de su cargo con fines personales
La excusa del Poder Judicial
Una revisión al Portal de Obligaciones Transparencia (POT) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) -que contiene la información de todo el Poder Judicial local- revela que el patrimonio de los jueces en 2020 no es público. Estos datos tampoco se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México señala que todos los funcionarios deben presentar su declaración patrimonial y de intereses en distintos momentos durante su gestión: al iniciar su administración, en los primeros 60 días después de asumir el cargo, -actualizarla cada año en el mes de mayo- y al finalizar su periodo como servidor.
Mientras que el artículo 28 del mismo marco legal menciona que las declaraciones de intereses deben ser públicas a la ciudadanía.
“Las declaraciones patrimoniales, de intereses, así como la constancia de declaración fiscal, serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución y los ordenamientos legales aplicables”, menciona el apartado.
No obstante, hasta el 2 de noviembre de 2020 (seis meses después de la fecha límite), al ingresar a cualquiera de las dos plataformas de transparencia referidas, en el apartado correspondiente a las declaraciones patrimoniales, se descarga una base de datos que está vacía y el único link disponible abre hacia un oficio con una leyenda que justifica la carencia de los documentos.
El argumento del Poder Judicial, es que el órgano interno de control y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) no han firmado los acuerdos correspondientes para dar cumplimiento a la ley. Por lo cual, no se han publicado las declaraciones patrimoniales del 2020.
“Se está a la espera de que el INFODF firme los respectivos acuerdos con el Órgano de Control para que este H. Tribunal pueda dar cumplimiento a esta fracción. En las columnas Tipo de integrante del sujeto obligado y Modalidad de la Declaración Patrimonial, no se requisita debido a que no hay información alguna”, señala el documento que excusa la falta de las declaraciones.
Sin embargo, especialistas en materia de transparencia consideran que esto lesiona el derecho a la información de la ciudadanía y que el Poder Judicial está incurriendo en un acto de opacidad porque debe ser proactivo en sus obligaciones de rendición de cuentas, especialmente en las que se refieren a los bienes.
Transparencia más allá de los acuerdos
“Más allá de los convenios existe un compromiso social de publicitar el patrimonio y debe ser proactivo, la falta de firmas en un acuerdo no debería ser un impedimento”, señala Darío Ángeles, especialista de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey.
También considera que no publicitar esa información es una violación por el solo hecho de que la ciudadanía no tiene forma de consultarla.
“El hecho de que no se encuentre a la mano es una violación al derecho a la información porque es algo que debería estar público para las personas”, explica.
Añade que la publicidad de las declaraciones es un método de control y supervisión por parte de los capitalinos, quienes pueden revisar que el patrimonio de los jueces no crezca de manera desproporcionada en relación con su sueldo o actividades declaradas.
“Son buenas herramientas o mecanismos muy útiles porque te permiten ver cómo se incrementa el patrimonio de los jueces y eso posibilita ver si existe un incremento patrimonial no acorde a los ingresos”, señala.
Menciona que el Poder Judicial podría estar resistiéndose a acatar la ley al ser relativamente nuevo en las disposiciones de rendición de cuentas.
Cabe destacar que fue apenas el 7 de diciembre de 2018 cuando el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General del Pleno que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, con el que se hizo obligatorio para todos sus integrantes declarar bienes.
