Opacan implementación de la Reforma Penal

La transparencia para el gasto federal para implementación de la reforma penal es uno de los pendientes de los estados de la República.

Los estados de la República en general no disponen de un sistema de control adecuado para saber cómo gastan el Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP). Tampoco cuentan con un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de dicho subsidio y tienen fallas en la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de la Cuenta Pública 2014.

Estas carencias derivaron en las irregularidades determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del subsidio (SIRSJP) que constó de 889.3 millones para su aplicación en 2014. Los estados que presentaron una “no eficiente” gestión de recursos fueron Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos y Nayarit.

El resto de las entidades mantiene una gestión “razonable” aunque incurrieron en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP).

La ASF realizó, de acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2014, 282 observaciones a los estados, que derivaron en que 169 de ellas fueron solventadas antes de la presentación del informe, hubo 30 recomendaciones, 80 promociones de responsabilidad administrativa sancionatioria y 26 pliegos de observaciones.

Los estados incumplieron en general con la presentación ante Hacienda de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.

Todos los estados incumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio federal, ya que no reportaron ni difundieron el ejercicio, destino y resultados del subsidio, la información reportada es incongruente y en algunos casos tampoco se evaluaron los resultados del subsidio, lo que limitó a las entidades federativas para conocer sus debilidades.

Por ejemplo, Aguascalientes, además de incumplir con la presentación de los informes ante la Secretaría de Hacienda, tampoco entregó “ninguno de los informes previstos en la normativa sobre el ejercicio, y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados, lo que limitó al gobierno del estado de Aguascalientes conocer sus debilidades y áreas de mejora”.

La ASF determinó que en Chihuahua el equipo de laboratorio de Genética Forense se encuentra sin instalar, y 45 tabletas electrónicas no fueron entregadas a los defensores públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, además de que hubo un reintegro extemporáneo a la Tesorería de la Federación.

En Guerrero, se determinó que hubo falta de comprobación de la recepción de bienes y servicios, la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y la falta del reintegro de los recursos no devengados ni ejercidos al 31 de diciembre de 2014, por lo que se planteó que había recuperaciones probables por 2.7 millones de pesos de los 27.3 millones que recibe por este subsidio. Hidalgo también fue amonestado por la falta de transparencia en la aplicación de los recursos federales.

“Los principales resultados fueron que se tienen bienes en desuso por 303 mil pesos en el Proyecto de Equipamiento Informático, Telecomunicaciones y Seguridad de Oficinas Auxiliares; no se cobraron penas convencionales a proveedores por 78 mil de pesos, la entidad (Hidalgo) sólo envió el cuarto trimestre de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos y no los publicó en Internet, ni en el periódico oficial del estado”, dice la ASF.

En el caso de Oaxaca, la ASF encontró que no se ejerció la totalidad de los recursos; además, “el reintegro a la Tesofe de los recursos y rendimientos no ejercidos así como la cancelación de la cuenta bancaría por parte de la Secretaría de Finanzas fueron extemporáneos, el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas no se realizó conforme a la normativa y se registró incumplimiento en las obligaciones de transparencia, debido a que la información no se presentó con calidad y congruencia, ni se publicó en la página de Internet de la entidad fiscalizada”.

“Las principales irregularidades son los siguientes el pago de un conmutador con un sobrecosto de 2.2 millones de pesos; además, existieron incumplimientos en materia de adquisiciones y de las obligaciones de transparencia”, indicó la ASF al respecto.

En Tabasco hay reporte de desuso de materiales: “Se tienen bienes en desuso por 1.5 millones de pesos en el Proyecto bienes de tecnología de la información y equipo forense; realizaron retiro de la cuenta bancaria del subsidio, y reintegraron los recursos 42 días posteriores, sin que reintegraran los rendimientos financieros y la entidad sólo reportó el formato de avance financiero”.

En general, la ASF reporta que las entidades presentaron un desfase de varios días para el reintegro de los fondos federales y faltas en los reportes a la SHCP sobre la información de los formatos de avance financiero y de gestión de proyectos de los cuatro trimestres del ejercicio 2014, además de que no se realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos.