[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_02b07pc5″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La elección del 1 de julio de 2018 no terminará cuando se declaren los ganadores… sino hasta que se modifique nuevamente la ley electoral.
Expertos consideran que es inminente que después de estas elecciones se impulse en el Congreso de la Unión una nueva reforma político electoral que corrija lo que no funciona y llene los vacíos que se tienen en la legislación actual.
Gran parte de esos vacíos son producto de la falta de una legislación secundaria que se viene arrastrando desde las reformas electorales del 2007 y del 2014.
Se trata de materias como la regulación de la propaganda gubernamental y electoral — reglamentarias del artículo 134 constitucional—; la reelección; los gobiernos de coalición; las candidaturas independientes; el financiamiento público a los partidos políticos; y otras que pudieran mejorar en un futuro.
La primer gran reforma electoral del país ocurrió bajo la presidencia de José López Portillo; desde entonces han habido al menos 9 más
En México es común que la legislación electoral cambie frecuentemente. La primer gran reforma electoral del país ocurrió en 1977, bajo la presidencia de José López Portillo; a partir de ahí han ocurrido al menos nueve reformas, la más reciente en 2014.
Algunas de ellas han sido de gran calado y han significado cambios radicales en las reglas electorales mexicanas.
La elección de este año será el gran laboratorio que termine por consolidar algunas normas de la reforma del 2007, pero también será la prueba de otras nuevas reglas que se establecieron en 2014
Será trabajo de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión llevar a cabo una transformación de las reglas electorales; todo dependerá, eso sí, del resultado de la elección y la forma en que se diriman los conflictos poselectorales, si hubieran.
40 años de evolución
Lejos de tener estabilidad, la legislación electoral mexicana ha tenido sobresaltos que han cambiado el rostro de las contiendas electorales a lo largo de cuatro décadas.
Según material histórico del Instituto Nacional Electoral, la primer gran reforma electoral del país ocurrió en 1977; es considerada la reforma que abrió la puerta a la pluralidad.
Entre el sexenio de López Portillo y el de Peña Nieto se realizaron algunas de las reformas más trascendentales como la creación del IFE y del Trife; se prohibió el financiamiento de gobiernos extranjeros y se creo una nueva credencial para votar
Ese año se introduce por primera vez el concepto de la representación plurinominal en el Poder Legislativo, con 100 diputados; se establece como requisito tener determinado número de afiliados para mantener el registro como partido político; y se establece el derecho de postular candidatos, obtener financiamiento público y acceso a tiempos en radio y televisión.
Esta reforma ocurrió en el primer año de gobierno de José López Portillo, quien prometió una reforma política desde su discurso de toma de protesta, tras el sexenio de Luis Echeverría.
La segunda gran reforma ocurrió en 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, tras una serie de impugnaciones de la Oposición en las elecciones intermedias de 1985.
En ella se introdujo la figura de las candidaturas comunes y se permitieron las coaliciones y los frentes electorales.
Estos cambios facilitarían el camino para que en1988 se creara el Frente Democrático Nacional, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, que nació tras el rompimiento al interior del PRI.
Además, en esa reforma se aumentó de 100 a 200 el número de diputados plurinominales; se dispuso que la mitad del Senado se renovara cada 3 años; y se estableció la llamada “cláusula de gobernabilidad” que garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara baja.
Se creó también el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que sólo funcionaba durante el proceso electoral.
En 1990, tras el proceso electoral de 1988 en el que fue electo Carlos Salinas de Gortari y luego de la crisis política después de la elección, vino una nueva reforma con cambios sustanciales.
En ella se creó el Instituto Federal Electoral como la entidad autónoma para organizar las elecciones; el IFE sustituyó a la Comisión Federal Electoral, que era dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Se realizó un nuevo Registro Federal de Electores y se aprobó la creación de una nueva credencial para votar. Se creó también el Tribunal Federal Electoral (Trife).
Apenas tres años después, en 1993, ocurrió una nueva reforma electoral. En ella, se prohibió el financiamiento de gobiernos extranjeros, ministros de culto y empresas.
Se estableció el inicio de la entrega de gastos anuales y de campaña de los partidos políticos; se determinó que las coaliciones debían postular a los mismos candidatos y tener un mismo programa, mismos estatutos y misma declaración de principios; el Trife fue declarada como la máxima institución jurisdiccional en materia electoral; y se permitió la presencia de observadores electorales visitantes extranjeros.
En 1996, tras la salida de Carlos Salinas de Gortari y el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, vino una nueva reforma en la que se establecieron nuevos requisitos para que los partidos obtuvieran su registro político; se impulsaron medidas para reforzar la equidad en el acceso a las prerrogativas, implementando la fórmula del 30 por ciento del financiamiento en forma igualitaria y 70 por ciento proporcional a la votación obtenida. También se establecieron límites a la representatividad en el Congreso.
En el 2002, ya en el sexenio del panista Vicente Fox, se impulsó otra reforma. En ella se procuró principalmente la equidad de género, al introducir por primera vez el concepto de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las candidaturas al Congreso de la Unión.
En 2005, todavía en el periodo de gobierno de Fox, se aprobó el voto de los mexicanos en el extranjero.
Con Vicente Fox se impulsó por primera vez el concepto de igualdad de género para el acceso a candidaturas al Congreso de la Unión
Los cambios más recientes
El conflicto postelectoral del 2006, después de que Felipe Calderón ganara las elecciones a Andrés Manuel López Obrador con apenas 0.56 por ciento de los votos, fue el detonante de otra gran reforma a la legislación electoral.
En la reforma electoral del 2007 se prohibió la compra de tiempo en radio y televisión para la transmisión de mensajes y el IFE se convirtió en la única autoridad encargada de distribuir y asignar los tiempos oficiales del Estado.
Quedó en la Ley también la obligación de realizar el recuento total de votos cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea de hasta 1 por ciento de los sufragios.
Los partidos se hicieron de obligaciones de transparencia, se instituyeron los periodos de precampaña, intercampaña y campaña; se restringió la difusión de propaganda gubernamental prohibiéndose en los periodos electorales; se crearon la Contraloría General y la Unidad de Fiscalización del IFE, para auditar y fiscalizar los datos del propio Instituto y de los partidos políticos; y se aumentaron las medidas de seguridad a la credencial de elector.
También se incluyeron sanciones administrativas a los actores políticos.
Y la reforma previa a estas elecciones de 2018 fue aprobada en el 2014, y en ella se incorporaron nuevos elementos como la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes; la consulta popular; la iniciativa ciudadana; la figura de los gobiernos de coalición; y las candidaturas independientes. No sólo eso. También se estableció la compra de tiempo en radio y televisión y el rebase de topes de campaña como causal de nulidad de una candidatura o elección; se instituyeron penas hasta de prisión para quien compre o coaccione para obtener votos.
Se transformó el órgano electoral de IFE en INE y adquirió nuevas facultades, como la posibilidad de atraer las elecciones estatales.
Sin embargo, varias de las leyes secundarias de estos cambios constitucionales no fueron trabajadas por el Congreso de la Unión, lo que ha provocado que haya ambigüedad en las normas.
En 2014 se estableció que rebasar el tope de gastos de campaña puede anular la elección
Lo que se avecina
En este periodo electoral se han suscitado conflictos por distintos aspectos de la legislación electoral.
Y han ocurrido no sólo entre los actores políticos, sino incluso entre las dos principales autoridades electorales.
Al concluir los comicios del próximo 1 de julio será necesaria una nueva reforma electoral, pues faltan muchas legislaciones secundarias que permitan regular ciertos aspectos de las campañas como el uso de redes sociales o el reparto de tarjetas con promesa de beneficios
Un ejemplo de ello son la serie de lineamientos que, ante la falta de una legislación secundaria que regule ciertos aspectos de la campaña —como el uso de redes sociales o el reparto de tarjetas con promesa de beneficio económico—, el INE emitió y fue impugnado por los partidos políticos, legisladores y hasta por la Presidencia de la República.
El asunto se dirimió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que falló por echar abajo dichos lineamientos.
La falta del Congreso en legislar las leyes reglamentarias obligaron a las autoridades electorales a buscar medidas alternativas, intentando controlar todo lo que pasa en el proceso electoral más grande que ha ocurrido en el país.
Expertos coinciden en que es inminente la discusión de una nueva reforma electoral una vez que concluya el proceso de este año.
Sin embargo, señalan que lo ideal es apostar a la desregulación y a hacer una revisión de cada uno de los elementos de la legislación electoral mexicana.
Para Luis Carlos Ugalde, fundador y director de la consultora Integralia, ya se ve la gestación de una nueva reforma electoral; pero ésta debe hacerse con una base cero.
“Desafortunadamente tenemos que hacer otra reforma electoral. ¿Qué cosas hay que hacer? Primero hay que hacer un diagnóstico de lo que sirve y de lo que no sirve; hacer un enfoque base cero, una reforma electoral base cero. Esto significa que debe ponerse cada cosa en la báscula, pesarla, y saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Claramente hay cosas que sí funcionan del sistema electoral, como es la logística de la organización de funcionarios de casilla y la instalación de casillas y el conteo de votos, eso funciona muy bien.
“Pero en materia de regulación de las contiendas, financiamiento, fiscalización, revisión del contenido de la propaganda, etcétera, se debe poner todo a prueba porque hay muchas cosas que no sirven, hay mucha grasa”, expuso Ugalde en entrevista.
El exconsejero presidente del extinto IFE en la elección del 2006 sostuvo que “quitar la grasa” supone desregular y quitar todo aquello que no sirve y propicia litigios o genera expectativas que jamás se cumplen.
Hay que desregular, hay que atacar lo que es atacable, hay que propiciar normas que apaguen causas y no síntomas y liberalizar el sistema. Eso es lo que se debe hacer
En mi opinión, por ejemplo, el problema principal, el cáncer central de la democracia mexicana se llama financiamiento ilegal de campañas.
“Ese problema no se ataca desde lo electoral, se ataca desde otros ámbitos. Así que la reforma electoral debe ser complementada con otras medidas, sobre todo hacendarias, de obra pública y otras, para atacar el problema del financiamiento ilegal que es el mayor corruptor de la democracia mexicana. Una de las razones por las que México está en esta fase tan aguda de corrupción gubernamental tiene su origen en las campañas políticas”, afirmó Ugalde.
“Tenemos que hacer otra reforma electoral y necesitamos un diagnóstico base cero. Esto significa que debe ponerse cada cosa en la báscula para saber qué está funcionando y qué no”
Para Arturo Espinosa, director de la consultoría Strategia Electoral, la nueva reforma electoral ya está a la vista.
“Yo creo que desde ahorita, como ya estamos acostumbrados —y milagro sería si no—, los partidos van a querer una reforma postelectoral.
“Es siempre la moneda de cambio porque, como no sabemos perder, como no aceptan que la derrota muchas veces se debe a errores propios de la campaña o del partido y siempre se lo cargan a las reglas, pues entonces se van contra las reglas”, acusó en entrevista.
El experto coincidió en que la siguiente reforma electoral debe apostar a la desregulación.
“Me parece que las últimas reformas que se han hecho con un afán de regular más, lo único que ha generado es un sistema de tal complejidad que, una de dos, o los actores políticos no entienden las reglas y no saben qué sí se puede y qué no se puede hacer en cada etapa del proceso electoral; o dos, si no se aplican las reglas y no se pueden hacer valer debidamente, solo sirven para hacer que se simule”, comentó Espinosa.
Un ejemplo de esa simulación ocurrió en la recién terminada precampaña, donde los partidos políticos llevaron a cabo labores de promoción para una supuesta contienda interna donde sólo hubo precandidatos únicos.
Fernando Dworak, académico del ITAM, consideró que este es uno de los puntos que debería cambiar en la siguiente reforma electoral.
“Hay que comenzar a hablar de una nueva reforma electoral que para mí es el siguiente paso de la reforma política, que haga a los partidos competir. Es decir, que obligue a los partidos a hacer elecciones primarias, que reduzca a los partidos el financiamiento público de tal manera que tengan que buscar financiamiento externo y competir más.
“Un sistema que permita mayor libertad de información, de tal forma que los ciudadanos sepan hasta lo que no quieren decir los candidatos, vía campañas negativas”, expuso Dworak.
Sin embargo, los partidos políticos podrían apostar a que todo seguirá igual.
Gustavo López Montiel, catedrático del ITESM, indicó que los partidos no están particularmente interesados en cambiar las circunstancias de competencia.
“Yo creo que hay pocos incentivos para que los partidos modifiquen su estrategia de elección interna; porque al final ellos son los que tendrían que modificarlo en el Congreso, y yo creo que hay pocos incentivos para que lo hagan”, apuntó.
La responsabilidad de una nueva reforma electoral caerá en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre de este año.
