El periodo de gracia a los centros de tratamiento iba de agosto a octubre de 2012. El nuevo gobierno de Guadalajara, de Ramiro Hernández, también del PRI, inició en ese octubre y alistaría una segunda prórroga
Los funcionarios estatales de Jalisco que hoy difunden ampliamente sus acciones de “rescate” de personas vejadas en centros de tratamiento de adicciones, son los mismos que avalaron que estos sitios pudieran operar sin tener que acatar las normas, durante sus anteriores cargos en Guadalajara.
Los titulares de la Fiscalía General y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Eduardo Almaguer Ramírez y Antonio Cruces Mada, respectivamente, eximieron a estos centros de cumplir con la reglamentación cuando fueron autoridades de Guadalajara de 2010 a 2012, si bien ahora dicen combatir sus “condiciones infrahumanas”.
Estas dependencias han informado en los últimos días el “rescate” de 650 personas de los centros Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, con presencia en Tonalá y Guadalajara, donde incluso se habría abusado sexualmente de menores de edad.
En aquel trienio, clave para esta historia, Almaguer Ramírez era el regidor que presidía la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, mientras que Cruces Mada encabezaba la Secretaría de Servicios Médicos; el alcalde era Aristóteles Sandoval Díaz, hoy gobernador de Jalisco.
Ese gobierno aprobó el 22 de septiembre de 2011 el Reglamento para los Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo, aún vigente, cuyo artículo 2 es claro:
“El municipio de Guadalajara asume la tarea de asegurar que los centros para rehabilitar y reintegrar a la vida productiva a personas con problemas de tabaquismo, drogadicción y alcoholismo, sean lugares dignos y seguros para las personas con problemas de adicción mediante su registro en la Secretaría de Servicios Médicos Municipales”.
En la sesión de ese día, el entonces edil Almaguer Ramírez presumía el nuevo reglamento: “Llena un vacío importantísimo que había en la operación de estos Centros de tratamiento, es un extraordinario esfuerzo que han hecho mis compañeras y compañeros regidores para abordar un tema (…) que se le ha dado un tratamiento de mandarlo al traspatio; es un avance extraordinario”.
El artículo cuarto transitorio de esa norma dice: “Se instruye a Servicios Médicos Municipales a hacer lo que corresponda para el cumplimiento del presente reglamento”, por lo que era Cruces Mada, hoy titular de SSJ, el responsable de poner en orden estos centros desde 2011 en la capital; no lo hizo y hoy el 81 por ciento sigue siendo irregular.
Ese grupo político que gobernaba Guadalajara y hoy a Jalisco, lejos de hacer cumplir la reglamentación expedida para estos centros, concedió un periodo de gracia poco antes de dejar el Municipio, que la dejó sin efectos.
Tiempo perdido
Si los que hoy son funcionarios estatales hubieran aplicado el reglamento de los centros de tratamiento de Guadalajara desde 2011, en seis meses habrían sido desterradas las “condiciones infrahumanas” que hoy les alarma, pues era el plazo de cumplimiento que fijaba la norma.
Sin embargo, el 31 de julio de 2012, 10 meses después de haberse emitido el reglamento y dos meses antes de finalizar esa administración, el Gobierno de Guadalajara decidió suspender su cumplimiento por parte de los centros.
La medida se presentó como un periodo de gracia por tres meses que propuso justamente Almaguer Ramírez –entonces edil-, aunque en los hechos vendrían nuevas prórrogas que lo volverían letra muerta para autoridades y establecimientos.
En esa sesión de Ayuntamiento dijo Almaguer Ramírez, según el acta:
“Mi propuesta es en el sentido de que entre vigor, se haga una visita por el personal de inspección a todos estos lugares (…) y que se les diera una prórroga de 90 días”. Y así se avaló el decreto, que dice en su punto segundo:
“Se aprueba la dispensa de ordenamiento al cumplimiento de los términos señalados por el Reglamento para los Centros de Tratamiento (…) para los Centros que no se encuentren en condiciones de cumplir con lo dispuesto por las normas federales, estatales y municipales en la materia; dicha dispensa se otorga por un periodo de tres meses”.
La norma también obligaba a Servicios Médicos de Cruces Mada a crear un padrón de estos centros, tampoco lo hizo. El 18 de mayo pasado, desde el sitio del primer “rescate”, el gobernador Sandoval Díaz dijo ante las cámaras: “Encontramos gente en condiciones infrahumanas y eso no lo voy a permitir; he instruido al fiscal para que vayamos a fondo para hacer justicia”.
Letra muerta
El periodo de gracia a los centros de tratamiento de 2012 consideró los meses de agosto, septiembre y octubre. El nuevo gobierno de Guadalajara que encabezaría el alcalde Ramiro Hernández García, también del PRI, inició en ese octubre y alistaría una segunda prórroga.
En la sesión del 9 de noviembre de 2012, cuando la primera suspensión propuesta por Almaguer Ramírez ya había vencido, se planteó extenderla por la entonces regidora, Verónica Flores Pérez, quien promovió:
“La ampliación de la vigencia en el Decreto D 85/29/12 con dispensa de ordenamiento para la regularización de los Centros de Tratamiento, de tres a seis meses, del 1 de Agosto de 2012 al 31 de Enero de 2013”.
Ese planteamiento para una segunda suspensión de la norma se aprobó hasta el 24 de febrero de 2014, mientras tanto fue como si no existiera.
Entre 2009 y 2016 se dieron al menos nueve muertes en este tipo de centros en Jalisco, una de estas el 24 de enero de 2014, justo de un usuario del grupo Despertar Espiritual.
La era naranja
La falta de aplicación del reglamento de centros para tratamiento de adicciones de Guadalajara que heredó la gestión 2010-2012 de Sandoval Díaz y siguió con la 2012-2015 de Hernández Ramírez, se mantiene hoy con el alcalde de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.
En sus registros de licencias de funcionamiento emitidas en 2016 no hay ninguna para estos Centros (el reglamento creó una específica para el giro), aunque la SSJ señala que Guadalajara concentra el 23 por ciento de estos sitios en Jalisco.
La obligación del gobierno tapatío por regular estos centros está vigente, empero, no ha anunciado operativos y sus autoridades están ausentes de esta problemática que sigue, e incluso más grave: ahora la Fiscalía los vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación que los estaría usando para el castigo de rivales.
En 2014 el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic), censó en Jalisco 212 centros residenciales, pero solo 73 tenían su aval (34 por ciento).
En 2016 la SSJ censó 251 –18 por ciento más-, pero solo 41 tienen aval de Cenadic (el 16 por ciento), según su portal.
En Guadalajara la SSJ ubica 57 centros, pero el Cenadic solo avala 11 (19 por ciento); y si en Zapopan hay 42, solo 13 tienen ese respaldo federal (31 por ciento).
Sin control
Aunque han crecido en número en los últimos años, pocos centros cumplen requisitos:
> 251 centros de tratamiento de adicciones censó la Secretaría de Salud Jalisco en 2016
> 41 centros de esos 251 tienen aval del Centro Nacional para la Prevención
y Control de Adicciones
> 9 muertes entre 2009 y 2016 se registraron en este tipo de centros en Jalisco
