Una iniciativa de reforma busca incentivar la economía y hacer cambios sustanciales a las leyes locales de establecimientos, espectáculos y protección civil.
Sin embargo, especialistas afirman que las reformas propuestas por el Gobierno de la Ciudad de México dejan de lado la gestión integral de riesgos porque privilegian lo económico a pesar de que la capital quedará vulnerable ante desastres naturales.
Entre los cambios más polémicos, está la desaparición de un fondo para la prevención de desastres, la simplificación de los trámites para la obtención de permisos y que se den a las alcaldías facultades para organizar eventos masivos, aunque no tienen la capacidad para ello
El pasado 24 de agosto el Gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local una iniciativa de reforma para modificar y derogar diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se afirma que con la intención de preservar la seguridad e integridad de los habitantes, se busca agilizar y precisar trámites administrativos.
“Se ponen a consideración una serie de reformas que simplifican los trámites administrativos en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, precisando diversos conceptos, alcances y procedimientos de verificación”, explica el documento.
Desaparecer fondos
Según el texto de la propuesta, se pide reformar las fracciones XXIV, XXVI y derogar la XXVIII del artículo 2 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con la intención de desaparecer el Fondo de Prevención de Desastres de la Ciudad de México y que el Fondo de Atención a Desastres y Emergencias sea parte del Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN).
Este mecanismo se activa a través de la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno de la Ciudad.
Al respecto de esta modificación, Roberto Guadalupe Cañas Pozos, especialista en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por parte de la Escuela Nacional de Protección Civil, afirma que es perjudicial porque se deja sin atención la prevención de desastres.
Esto puede corresponder a un interés político de crear clientelismo a través de la ayuda a víctimas de eventos naturales, acusa Cañas Pozos.
“Lo que quieren es atender desastres, dar apoyos y seguir teniendo clientela del desastre, gente que vote por el partido porque se siente comprometida”, declara.
El riesgo de simplificar trámites de Protección civil
La iniciativa también plantea derogar un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019 en el que se define el nivel riesgo de cada establecimiento dependiendo de su actividad comercial.
En su lugar, la propuesta plantea una modificación al artículo 57 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para medir el nivel de peligro de un establecimiento y clasificarlo no solo por su giro, sino también por su capacidad de aforo.
Esto, dice Cañas Pozos, ayudaría a los negocios al simplificar trámites para la obtención de licencias de protección civil, pues establecimientos que manejen sustancias químicas peligrosas podrían ser clasificados con un riesgo menor si tienen un aforo bajo.
“No es lo mismo tener un lugar donde hay mucho aforo pero no se manejan sustancias químicas o peligrosas, a uno con bajo aforo pero en el que existe un riesgo mayor por elementos químicos o peligrosos”, menciona.
Eventos masivos a las alcaldías
Actualmente, la ley mencionada estipula que la aprobación y supervisión de los Programas Especiales de Protección Civil de los eventos de 500 a tres mil asistentes corresponde a las 16 alcaldías y de tres mil a 10 mil a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Sin embargo, la iniciativa pretende que las alcaldías también se hagan cargo de los eventos de hasta 10 mil asistentes.
En cuanto a esta modificación, el experto en la materia afirma que el actual marco legal no delega a las alcaldías la organización de eventos de hasta 10 mil personas porque no tienen la capacidad.
Si las alcaldías no se encargan de los eventos masivos, es porque no tienen el personal ni los recursos suficientes, darles esa facultad tal vez haga más fácil o reduzca el número de trámites para eventos al solo pedirlo a una autoridad, pero no ayudará
Ante esta situación, Cañas Pozos llama al Congreso y a la Comisión de Protección Civil a no aprobar estas reformas o en su caso, analizarlas mejor para evitar afectaciones.
Menciona que ya se ha acercado personalmente y ha externado su preocupación por escrito al diputado local Héctor Barrera, presidente de la Comisión de Protección Civil, y esta semana espera una respuesta formal.
Disminución del presupuesto
No solo la protección civil se ve vulnerada desde el ámbito legislativo, también desde la asignación de recursos.
De 2018 a 2020 el presupuesto anual otorgado a la SGIRPC disminuyó 16 por ciento.
La extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó para 2018, un monto de 173 millones 749 mil 803 pesos de presupuesto a la secretaría.
Para 2019, la cantidad aumentó y el Congreso le destinó 183 millones siete mil 998 pesos. Sin embargo, para 2020 disminuyó a 145 millones 44 m 587 pesos, es decir, 28 millones (26 por ciento menos) respecto a 2017.
