Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, diez secretarías locales otorgaron tres contratos por más de tres millones de pesos a una empresa que fue sancionada en 2013 y acusada de ser favorecida en el sexenio anterior. Se trata de Corporativo Promed SA de CV, sobre el que pesan acusaciones de incumplimiento y que fue inhabilitado un año.
Los más recientes contratos con dicha compañía se celebraron de marzo a julio de 2020, ya en la contingencia sanitaria que enfrenta el país. El método de contratación se realizó mediante adjudicación directa, es decir, sin concurso de licitación pública entre varios proveedores
Cabe señalar que con la declaratoria de emergencia sanitaria, decretada el 23 de marzo pasado, a las entidades y órganos de Gobierno se les permitió rebasar el límite del 20 por ciento anual de asignaciones directas para compra de insumos o medicamentos.
Los folios de los convenios comerciales, según el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, son DEABS-40-2020, DEABS-24-2020 y DEABS-03-2020.
Y las instancias que adquirieron los insumos con Corporativo Promed son la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Secretaría de Cultura, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de las Mujeres (Semuje), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFe).
Los insumos adquiridos por la decena de dependencias fueron toallas sanitizantes, guantes de nitrilo y gel antibacterial. Cada uno compró cantidades distintas de cada insumo.
La base de datos también indica que los bienes adjudicados a través del convenio DEABS-40-2020 fueron cotizados con cinco proveedores, mientras que los correspondientes a los acuerdos DEABS-24-2020 y DEABS-03-2020, con cuatro contratistas.
En total, por los tres contratos, las secretarías pagaron tres millones 522 mil 273 pesos.
Sanción a Promed y polémica por favoritismo
En diciembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso por el cual se inhabilitó a Corporativo Promed SA de CV para participar en procesos de contratación en todo el servicio público durante un año.
Aunque el expediente completo que contiene los motivos por los que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México sancionó a la compañía no es público, el castigo quedó plasmado en la gaceta y en el portal electrónico del órgano fiscalizador.
“Esta Contraloría General notificó la resolución del 10 de diciembre del año 2013, a través de la cual determinó el impedimento para participar en procedimientos de contratación y celebración de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con número de expediente CG/DRI/SPC-020/2013, a la empresa ‘Corporativo Promed’ SA de CV, con R.F.C. CPR000926QH3”, se lee en el documento citado.
Según el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, una empresa es sancionada cuando incumple con las condiciones contractuales de un servicio, presenta atraso en la entrega de bienes o servicios, así como las que proporcionan información falsa.
Además de este antecedente de inhabilitación, la compañía también ha estado involucrada en polémicas públicas.
En marzo de 2019, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través de su subdirectora de Planeación, Josefina Pontigo Granados, dio a conocer que el exjefe de Gobierno, José Ramón Amieva, gastó 42 millones de pesos en contratos de campañas propagandísticas ineficientes para combatir la violencia de género.
Pontigo Granados informó que se favoreció con un contrato de 10 millones 677 mil pesos para servicios de consultoría administrativa, diseño y desarrollo de programas para la atención de mujeres víctimas de violencia para la empresa Corporativo Promed SA de CV.
La funcionaria también detalló que los productos entregados por la empresa fueron cinco cuadernillos de entre 20 y 60 páginas que presuntamente fueron plagiados y carecían de metodología.
“Es un documento que en términos reales serían unas 15, 20 páginas, carece de una metodología. Todos son de ese estilo; ya estaban pagados cuando llegamos”, señaló.
La servidora pública informó que los contratos de dicha campaña fueron autorizados por los exfuncionarios de la Secretaría de Gobierno capitalina, Rodolfo Ozuna Hernández, Silvia Alejandra Limón Carmona y Regina Tovar Dávila.
Cabe destacar que a la empresa se le contrató para la campaña publicitaria aún cuando según su portal electrónico, su especialidad es la venta y distribución de equipo y mobiliario médico.
Y Pontigo Granados explicó que la Contraloría General estaba investigando a las personas involucradas por las irregularidades mencionadas.
