La postura de no aceptarles el dinero ni los cadáveres a las autoridades es alentada por el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, omitió mencionar la palabra Heaven en su primer informe de gobierno el pasado martes
A fin de apagar cada día más el problema y dar carpetazo al llamado “Caso Heaven”, los familiares de los jóvenes secuestrados y asesinados reciben la oferta: 70 mil pesos para apoyo de gastos funerarios a cambio de que ya recojan sus cadáveres.
Más allá de aceptar los resultados genéticos de los estudios realizados al cadáver por parte de los peritos de la procuraduría General de la República (PGR), la familia de Monserrat Loza Fernández aceptó llevarse el cuerpo de la joven de 28 años a cambio de la dádiva económica que ofrecieron las autoridades locales.
Esta situación ha terminado por dividir a las familias de los 13 jóvenes plagiados el 26 de mayo al interior del after Heaven de la Zona Rosa.
Algunos alegan que no deben dejarse “comprar” por las autoridades; los segundos, quienes aceptan la cifra, argumentan que esperar un tercer peritaje solo prolonga el dolor de la familia.
La postura de no aceptar el dinero ni los cadáveres a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México es alentada entre los familiares por el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad que encabeza el poeta, Javier Sicilia.
Integrantes de este movimiento promueven entre los familiares de los jóvenes, asesinados por integrantes de La Unión de Insurgentes, que extremen precauciones a la hora de recibir los restos de sus hijos, nietos o sobrinos a fin de que no se repita la historia de la explosión de Pemex, donde las autoridades entregaron el cuerpo de María de la Cruz Canales a la familia equivocada.
La tarea en este caso no es sencilla, pues los cuerpos de los 13 jóvenes fueron mutilados a tal grado para evitar su fácil identificación y existe el riesgo de que algún miembro se entregue de manera equivocada.
‘Lety y Jose’
A una semana de que se cumpla un mes del hallazgo de los 13 cuerpos en una fosa clandestina del rancho La Negra de Tlamanalco, Estado de México, Leticia Ponce y Josefina García, madres de Jerzy Ortiz y Said Sánchez, respectivamente, se rehúsan a recibir los cuerpos de sus hijos, mucho menos los 70 mil pesos que se les ofrece como apoyo para gastos.
Ambas mujeres son parte fundamental de esta historia de crimen y drogas que marcó la historia criminal del Distrito Federal y el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno.
Sus hijos son el eje central, de acuerdo con las investigaciones hasta ahora realizadas, del secuestro y posterior crimen de los 13 jóvenes, pues de acuerdo con las declaraciones de algunos detenidos, arraigados y testigos, Jerzy y Said fueron el blanco central de esta venganza ordenada por Javier Rodríguez Fuentes, alias “El Javi”, líder de La Unión Insurgentes.
Por este señalamiento que pesa sobre sus hijos, el de ser parte de un grupo de narcomenudistas que disputaban el control del mercado de las drogas, las dos madres de familia han tenido que lidiar con la doble victimización de Jerzy y Said.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), cuyo personal aún las acompaña en algunas diligencias, no ha emitido queja alguna al respecto, mucho menos una recomendación en ese sentido.
Privadas de información
Hace una semana, Leticia Ponce y Josefina García fueron sacadas a la fuerza de la Fiscalía Antisecuestros (FAS) de la Procuraduría de Justicia capitalina luego de que protagonizaran un desencuentro con los responsables de la investigación.
A raíz de ese evento, las autoridades de la PGJDF obstaculizan el acceso a los avances de la investigación a ambas mujeres, a quienes incluso se les niega la entrada a las oficinas de la FAS encargada de las investigaciones del caso Heaven.
Pero dichas investigaciones están paradas. Nada se sabe y poco se ha hecho para dar con el paradero de “El Javis”, a quien se le señala como el autor intelectual y material del multihomicidio.
La mayor parte de los autores materiales se los entregó la PGR a su homóloga del Distrito Federal, pero nada se ha logrado contra los cabecillas del grupo delictivo.
De los que siguen libres es de quienes Lety y Jose tienen temor. ¿Hasta dónde estaban realmente involucrados sus hijos? ¿Qué desconocían ellas de las actividades de los dos jóvenes de apenas 16 y 19 años?
Mientras eso ocurre, en los refrigeradores del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), antes Servicio Médico Forense (Semefo), dependiente del Poder Judicial capitalino, se resguardan los 11 cuerpos de los jóvenes masacrados que no han sido reclamados por sus familias.
Además de Monserrat Loza, el segundo cuerpo que fue entregado a su familia (quien rechazó esperar un segundo o tercer peritaje), es el de Alan Francisco Daniel Menchaca, alias “El Alancito”, quien no aparecía en la lista oficial de desaparecidos del CAPEA, pues el joven vivía solo en la colonia Guerrero del DF.
En realidad lo que resguardan los refrigerados del Incifo son restos humanos que han sido etiquetados con el nombre de la víctima, listos para ser entregados.
Y aunque la Procuraduría de Justicia local no ha cerrado de manera oficial el caso, todas las acciones del gobierno local evidencian una clara intención de cerrar el capítulo Heaven.
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, omitió mencionar la palabra “Heaven” como parte de su primer informe de gobierno el pasado martes 17 de septiembre, cuando acudió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
No lo mencionó ni para reconocer errores, mucho menos para ofrecer una disculpa a las familias por los errores de la Procuraduría capitalina.
Ese día del informe, aunque los temas estaban “planchados” por los diputados a fin de que el informe transcurriera sin incidentes, desde su asiento, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, esperaba con nerviosismo que alguna voz de oposición, algún familiar colado, pusiera el tema sobre la mesa y exigiera su renuncia.
Pero nada de eso pasó. Hoy por hoy, al gobierno del Distrito Federal, sobre todo a su titular, Miguel Ángel Mancera, lo que les preocupa es recuperar puntos en la caída a pique de su popularidad.
De ahí que el tema siga siendo la CNTE, sus marchas y el control del Zócalo de la capital.