El gobernador de Nuevo León Samuel García no tuvo de otra más que obedecer la orden que giró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y publicó el decreto 196 que consiste en entregar la operación de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Aunque el acuerdo fue enviado ayer, fue apenas este martes que apareció en la primera edición del Periódico Oficial del Estado, quedando así el mandatario estatal sin una de sus “armas” para realizar investigaciones en materia económica a otros funcionarios.
La segunda llamada que emitió la Corte a la administración estatal fue suficiente para que se cumpliera la resolución emitida, luego de la controversia que presentó el Congreso local ante una reforma que las y los diputados aprobaron en junio 2022 y que el Ejecutivo se resistía a publicarla.
🔴⚡️#ULTIMAHORA
El gobernador @samuel_garcias publica el decreto para que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIFE, pase a manos de la @FiscaliaNL y ahora sea Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
💥Esto en cumplimiento de una resolución de la @SCJN pic.twitter.com/Jv4w1cKETC— César Cepeda (@cesarmty) February 13, 2024
Se estableció que con la nueva reforma ahora la UIFE pasará a llamarse Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y será el Fiscal del órgano central en nombrar al nuevo titular del área en un plazo de 60 días.
En tanto que el decreto otorga un plazo de 90 días naturales para que la Fiscalía y la Tesorería se pongan de acuerdo para establecer las reformas necesarias para fijar las normas internas, así como dotar de recursos, materiales y humanos para su inició administrativo.
“La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera será la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos“, dice el decreto.
Disputan UIFE
Una de las razones del pleito político entre el Gobierno y la oposición fue precisamente la operación que se realizaba con la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, que investigaba a ciertos funcionarios.
Los diputados Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que la administración estatal utilizaba la UIFE para “chantajear“ y sumar a legisladores de otras bancadas a Movimiento Ciudadano.
Por lo anterior, generaron una reforma que fue aprobada pero el Gobernador la rechazó, sin embargo, los legisladores metieron una controversia constitucional en donde resultó a favor del Congreso.
