El pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía de Coyoacán, tiene una área verde abundante e inusual para la zona del Pedregal que está en peligro por un desarrollo inmobiliario, por lo que vecinos piden que se recupere por el bien de la comunidad.
El 7 de junio pasado las obras fueron suspendidas por la Secretaría del Medio Ambiente tras las quejas de los pobladores locales
El inicio de la obra se llevó a cabo violentando los derechos del pueblo por no consultar a los habitantes y en desacato a las normas de construcción que impiden la edificación de multifamiliares en las comunidades originarias.
El predio localizado en las calles de Teotongo y las Flores mide 5 mil metros y, de acuerdo con los vecinos, cuenta con 500 árboles de distintas especies.
El 7 de junio pasado las obras fueron suspendidas por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
Pero los vecinos temen que la inmobiliaria rompa los sellos y reinicien los trabajos de manera irregular provocando un ecocidio.
Marcelo Canteiro, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el predio de vegetación abundante de Teotongo y las Flores está sobre el acuífero somero de los Pedregales, por lo que es una zona de recargas.
Es un área natural bastante grande y no hay muchas de esas. Además está sobre el pedregal que infiltra agua al acuífero
Indica que aunque la flora no es nativa de los Pedregales y se modificó en algún momento, es un pulmón para la localidad por lo que el derribo de los árboles tendría efectos negativos.
La indagatoria de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT) respecto al predio con número de folio PAOT-2018-677-SOT-275, menciona que se constató la presencia de residuos sólidos en el lugar como cascajo producto de la demolición de una casona, pero no se pudo verificar el derribo de árboles ni la eliminación de la fauna del lugar.
Historia de irregularidades en Santa Úrsula Coapa
En diciembre de 2017, habitantes del pueblo notaron el ingreso de personas ajenas a la comunidad al predio que estaba deshabitado.
En febrero de 2018, los vecinos interpusieron una queja para que la PAOT investigara qué tipo de obra se estaba construyendo, así como sus implicaciones ecológicas.
Días después comenzaron los trabajos de demolición de la barda perimetral de piedra que tenía y, el 22 de febrero, ingresaron miembros del Nuevo Bloque Urbano Popular encabezados por Rubén Coca y Leonardo Martínez Barrientos así como el arquitecto de Grupo Constructor DIC, Enrique Blanco García, quien les indicó que el predio iba a ser para la construcción de 350 viviendas de interés social.
“García Blanco nos dijo que iban a pasar y tenían derecho para construir porque el Instituto de Vivienda (INVI) les daba permiso, entonces se metieron y empezaron a derribar”, afirma el presidente del Comité Vecinal del Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Rubén Ramírez Almazán.
En su calidad de autoridad del pueblo, Ramírez Almazán les pidió los documentos que acreditaban la propiedad legal del predio de Teotongo y las Flores, entonces, los presuntos apoderados proporcionaron una carta de entrega-recepción por parte del INVI y una escritura, ambos sin sellos oficiales.
Ramírez Almazán señala que el arquitecto les mencionó que se iba a construir un condominio de 350 viviendas.
En el predio localizado en las calles de Teotongo y las Flores se pretenden construir 350 viviendas de interés social, aunque el uso de suelo solo permite inmuebles de dos niveles
No obstante, la zona no es apta debido a que tiene un uso de suelo H2 que sólo permite la construcción de inmuebles de dos niveles y las calles empedradas apenas cuentan con un ancho que rebasa los dos metros, lo que haría imposible soportar el tránsito provocado por un desarrollo inmobiliario.
Además, al ser una zona de pedregal, no cuenta con drenaje.
“Nunca hemos tenido drenaje, nos dicen que como es pedregal es muy difícil meterlo”, menciona Ramírez Almazán.
Ante la situación, los pobladores se dedicaron a verificar la autenticidad de los documentos y la existencia de los permisos.
En abril del año pasado, acudieron a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad (DGRPP) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para obtener los certificados que acreditaran al dueño legítimo del predio.
La dependencia entonces entregó los documentos que indican que el Banco Inverlat, el INVI y la inmobiliaria habían creado un fideicomiso para construir vivienda de interés social en Teotongo y las Flores.
El 22 de marzo de 2018, ante la negativa de las dependencias involucradas en el tema a dar información sobre la construcción; el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), INVI y la Seduvi; procedieron a interponer un recurso de amparo ante el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa para que las autoridades dieran a conocer si existía algún permiso o estudio que autorizara la edificación de un condominio.
El juzgador falló a favor de los quejosos y entonces ordenó que las instancias involucradas informaran respecto a los permisos y estudios otorgados para construir en el predio. Lo que demostró la inexistencia de las autorizaciones; ni Seduvi, ni el INVI, ni el INVEA pudieron acreditarlas.
El asunto quedó detenido desde entonces hasta el pasado 7 de junio, cuando la Sedema suspendió las obras por la falta de documentos para su realización. No obstante, los vecinos de Santa Úrsula temen que la constructora reinicie los trabajos de manera clandestina.
Por este motivo piden a las autoridades que se hagan los estudios hidrogeológicos y de impacto ambiental que muestren la importancia del área verde de la localidad. Una vez que concluyan las pruebas, buscarán que el Gobierno lo expropie.
“Que ese predio se dé al pueblo a través de una expropiación, el Gobierno tiene que hacer el dictamen donde diga que no es posible construir”, menciona Almazán Ramírez. Reporte Índigo buscó al Grupo Constructor DIC pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
