El intento de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a proceso a Adalberto Núñez, subsecretario de Trabajo, por la adquisición y venta de terrenos de manera irregular cuando estuvo al frente de Fomerrey, abre la puerta a más acciones legales contra funcionarios del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Existen indicios suficientes para iniciar una investigación contra más servidores estatales por el caso llamado “cobijagate”, una adquisición de 200 mil de cobertores a precios inflados, así como la compra de un avión no tripulado por 54 millones de pesos
Este lunes, un equipo jurídico de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, presentará ante un juez de control elementos de prueba contra Núñez, y otros funcionarios de Fomerrey, por posible ejercicio indebido de funciones.
Existen 10 denuncias penales que lo involucran y también podría ser acusado por daño patrimonial al Estado. Núñez estuvo al frente de Fomerrey desde 2015, cuando comenzó la administración de “El Bronco” y hasta julio del 2018, cuando fue nombrado subsecretario del Trabajo.
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Al parecer, la estrategia de la fiscalía se basa en un análisis financiero de la Auditoría Superior del Estado que detectó la venta de lotes de uso comercial sin aval del Comité Técnico de Fomerrey en cuatro operaciones por un monto de 4.1 millones de pesos. Además de otras cuatro de venta de terrenos a un precio inferior al valor comercial cuya afectación estimada es de 6.6 millones.
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“En los ocho contratos de compra venta aún y cuando se trata de cinco compradores distintos, en el inciso 11.3 de las declaraciones todos presentan el mismo domicilio, por lo que se evidencia que las ventas se fraccionaron para no llevar a cabo licitación pública”, exhibe la auditoría.
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Esto violó, el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la cual sostiene que la venta de bienes del Estado o de sus organismos descentralizados y fideicomisos a particulares, cuyo valor de avalúo exceda de la cantidad que anualmente establece el Congreso, deberá hacerse en licitación pública.
En octubre del año pasado, Fomerrey anunció la cancelación de las ocho operaciones, presuntamente irregulares de compraventa de terrenos a diferentes particulares con un mismo domicilio fiscal
“Cobijagate” pendiente
Además del subsecretario de Trabajo, Adalberto Núñez, está pendiente una denuncia penal contra Rogelio Benavides Pintos, quien fungió como subsecretario de Administración del Gobierno, por irregularidades en la compra de 200 cobertores a precios inflados. También se podría investigar a Gonzalo Padilla Orozco, director de Adquisiciones.
El fiscal especializado en combate a la corrupción, Javier Garza y Garza, informó en noviembre del año pasado que existe una investigación por este caso, ya que la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia.
Aunque la entonces subprocuraduría Anticorrupción, a cargo de Ernesto Canales, sólo determinó una multa de 7 mil 204 pesos, Garza y Garza podría iniciar una nueva investigación.
En el último de día del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del primer año legislativo, el Congreso rechazó la cuenta pública 2016 del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón por un posible quebranto al erario de por lo menos 7 mil 808 millones de pesos.
En esta cuenta existen denuncias penales por la compra de 200 mil cobertores, que está en investigación. El órgano legislativo también rechazó la cuenta del Sistema Estatal de Caminos por 812 millones de pesos no solventados.
¿Dron a investigar?
Otro caso que podría ser materia de investigación por la Fiscalía sería la compra de un avión no tripulado, que en un principio se informó que fue adquirido por 54 millones de pesos, y después se dijo que fueron 29 millones.
La Comisión de Vigilancia del Congreso local, cuya presidenta es la diputada panista Itzel Castillo, aprobó que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión por esta compra, ya que no existe claridad y los funcionarios estatales cayeron en contradicciones por el costo.
Castillo dijo que debe hacerse una revisión a detalle, al considerar que es preocupante cómo se usa el recurso público del Estado.
“Nosotros lo que hacemos es enviarlo al auditor y ya él le tiene que dar inmediata resolución, o sea, investigar. Queremos saber exactamente cómo se hizo la compra, cómo se llevó a cabo la licitación y saber exactamente cuánto fue lo que se invirtió en ese dron”, señaló
Todo apunta que este dron presenta un sobre costo, y podría presentar anomalías en la adquisición. Los funcionarios que adquirieron esta aeronave también podrían ser sometidos a proceso, si se encuentra alguna anomalía.
