Los pueblos indígenas se enfrentan a una serie de desafíos de base y la desafortunada realidad es que los efectos de la pandemia de COVID-19 empeoran aún más estos problemas, asegura la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU).
Por lo tanto, el reto que la crisis sanitaria provocada por el virus proveniente de China representa para esta población y para el Gobierno federal es mayúsculo.
“Estos pueblos experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave como agua limpia, jabón, desinfectante, etcétera”, indica el documento “COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas” publicado por la ONU el pasado 9 de agosto.
El texto también explica que la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas a las poblaciones originarias, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal.
Incluso cuando los pueblos indígenas pueden acceder a los servicios de salud, pueden enfrentarse al estigma y la discriminación.
Empoderar las lenguas indígenas
El 28 de febrero pasado en la Ciudad de México se firmó y aprobó la “Declaración de Los Pinos”, una hoja de ruta estratégica cuyo objetivo es empoderar a los hablantes de leguas indígenas.
En el evento organizado por la UNESCO y el gobierno mexicano participaron más de 500 personas de 50 países, entre ellos ministros de gobierno, líderes indígenas, investigadores, entidades públicas, privadas y expertos en la materia.
En las propuestas del documento se hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas.
Con respecto al último punto, en la declaración se destaca la importancia de permitir el uso de los idiomas indígenas en los sistemas de justicia, los medios de comunicación, la esfera laboral y los programas de salud, al igual que el potencial de las tecnologías digitales para apoyar el uso y la preservación de esos idiomas.
Objetivos en riesgo
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible.
El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluido México.
El texto contiene los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030, retos en los cuales las comunidades y pueblos originarios juegan un papel fundamental.
No obstante, la pandemia de COVID-19 ha puesto en riesgo los avances en el cumplimiento de estos objetivos, afectando a más de 476 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas del mundo, quienes representan más del 6 por ciento de la población.
Pueblos indígenas, sin empleo y en la pobreza
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló en su informe “La COVID-19 y el mundo del trabajo: Un enfoque en los pueblos indígenas y tribales”, que las personas indígenas trabajan en sectores duramente afectados por la crisis, predominantemente en la economía informal, y se ven golpeados de manera desproporcionada por la pobreza.
“Decenas de millones de mujeres y hombres indígenas también han estado trabajando en sectores particularmente afectados por la crisis causada por la pandemia, desde los servicios, incluido el trabajo doméstico, la hotelería y el turismo, hasta el comercio, el transporte, la manufactura y la construcción”, advierte la OIT.
Además, señala que las medidas implementadas por los gobiernos de todos los países del mundo para evitar la propagación de la enfermedad, principalmente las restricciones a la movilidad, están afectando a la agricultura y a las industrias de elaboración de alimentos, que dependen en gran medida de los trabajadores de las comunidades indígenas.
“A medida que las pérdidas de ingresos afectan a los trabajadores en general, sus consecuencias son especialmente graves para las mujeres y los hombres de las comunidades originarias, quienes tienen más probabilidades de participar en la economía informal.