Pese a la reducción de la superficie concesionada en la República, y a la negativa de emitir nuevas concesiones, hay indicios de que el Gobierno de la 4T está autorizando nuevos proyectos mineros (minas activas).
“Si bien no hay nuevas concesiones, hay un aumento importante de proyectos que pasan a etapa de desarrollo o de operación de las mineras. No es que se paralice, sino que todas las concesiones ya activas permiten que se sigan expandiendo estos proyectos extractivos”, dice la experta Sol Pérez Jiménez, doctora en Geografía Ambiental por la UNAM e investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien agrega que entre esos indicios figuran las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
“No hay información oficial al respecto, tenemos identificados cientos de MIA’s, por ejemplo, que se han aprobado desde el 2019 a la fecha para el sector minero, pero no todas corresponden a nuevos proyectos mineros, pueden ser proyectos de expansión o alguna obra o carretera, infraestructura que hacen las mineras, entonces no hay un dato tal cual; no para los últimos años porque de 2019 a la fecha es más difícil el acceso a la información”.
Precisamente para corregir las deficiencias de transparencia y otras de la misma o mayor relevancia del sector minero, Fundar y otras organizaciones impulsan la iniciativa nombrada “#CambiémoslaYA”, para que el Congreso de la Unión reforme la Ley Minera, incorporando nuevos principios.
Algunos de los que destacan son: eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras y restar el poder de las empresas para despojar a las comunidades. Garantizar el derecho a decidir de las comunidades sobre el otorgamiento de concesiones. Cambiar el esquema y régimen “abusivos” de concesiones. Blindar las Áreas Naturales Protegidas y sitios sagrados. Que las empresas mineras transparenten su información y estados financieros.