Nuevo León prioriza proyectos lucrativos frente a soluciones de movilidad ciudadana

Para justificar sus proyectos insignia, el gobernador Samuel García ha destacado desde el inicio de su gobierno que Nuevo León tiene todo para “ser una ciudad de primer mundo”.

Sin embargo, una de sus obras viales ha sido rechazada por activistas y personas defensoras de derechos humanos, quienes llevan meses manifestándose para parar el viaducto elevado en Morones Prieto, una autopista de cobro que induce mayor demanda a la movilidad.

Organizaciones y colectivos de la sociedad civil han expuesto que el Gobierno de Nuevo León ha priorizado los proyectos más lucrativos y no los más benéficos, lo que resulta en el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía y en un incremento en la espera del transporte público, los tiempos de traslado y la inseguridad vial.

Arranca viaducto elevado pese a rechazo ciudadano

Durante una reunión privada con líderes de cámaras empresariales, celebrada el 5 de octubre de 2023, el estado presentó el proyecto de segundo piso en Morones Prieto y, una semana después, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, oficializó la construcción del viaducto elevado.

El proyecto, que Samuel García comenzará en los próximos días, implicaría una cuota para transitar por la vía de 4.50 pesos por kilómetro recorrido, esto pese que al inicio de su gobierno aseguró que ya no habría nuevas carreteras ni autopistas de cuota en Nuevo León.

En tres años, el gobernador pasó de rechazar el pago por usar las vialidades a promover el viaducto de cobro, pues anteriormente García señalaba que “son fregaderas que los ciudadanos de México y de Nuevo Léon tengamos que pagar cuotas por usar autopistas”.

Desde el anunció de la obra, el gobierno estatal y su Secretaría de Movilidad destacaron que la construcción de viaductos elevados “es una práctica común en ciudades de primer mundo”, cuya edificación impactaría “positivamente” en la movilidad de la ciudadanía.

Sin embargo, grupos de la sociedad civil realizaron manifestaciones e intervenciones en la zona para exigir que se detenga el proyecto, tras denunciar que no cuenta con estudios de factibilidad para la construcción.

Organizaciones ciudadanas, colectivos y personas expertas en movilidad advierten que tanto los siniestros viales, como la mala calidad del aire y la movilidad urbana en la Zona Metropolitana de Monterrey, empeorarían si se construye el viaducto elevado, ya que generaría más tráfico, cuellos de botella, y riesgos adyacentes.

En entrevista con el colectivo M.A.S. Ciudad, explicaron que “el viaducto elevado es un proyecto que rompe con la pirámide de la movilidad porque sigue promoviendo el tránsito de vehículos motorizados y un tránsito de transporte de carga”.

De acuerdo con el grupo integrado por una comunidad de peatones para fomentar la rehabilitación y reapropiación del espacio público, el viaducto elevado también afectaría la calidad del aire, el paisaje de Monterrey y el río Santa Catarina, incrementando el riesgo de inundaciones, deslaves y colapsos de la infraestructura pública.

“Es construído sobre el lecho del río Santa Catarina y pues conocemos por la historia de Monterrey y de Nuevo León que todos los proyectos que se construyen sobre el lecho del río, pues no persisten porque el río reclama su cauce y esta infraestructura violenta a nuestros ecosistemas”.

Las alternativas al viaducto que no fueron escuchadas

M.A.S Ciudad, así como las organizaciones Calles de Primer Nivel, Pueblo Bicicletero, Un Río en el Río, mty.antropológico, el Centro de Estudios de Movilidad Peatonal (CAMINA), Consejo Cívico entre otros, señalaron que los millones de pesos invertidos en el viaducto elevado pudieron destinarse a proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de la ciudadanía a corto y mediano plazo.

M.A.S Ciudad afirma que el viaducto no beneficia a la sociedad porque “el costo de este proyecto que son 24 millones de pesos cuando podrían asignarse a otro tipo de movilidad como ciclovías, el transporte público, el transporte colectivo, la ampliación de banquetas, hacer las calles más accesibles con líneas, rampas e iluminación”.

Por su parte, Yazmín Viramontes, directora de CAMINA, explicó que deben existir alternativas de reconfiguración a la vialidad que garanticen la movilidad segura e inclusiva y que prioricen a peatones, ciclistas y al transporte público.

Asimismo, mencionó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM-004-SEDATU-2023 prohíben las vías de circulación continua en entornos urbanos, como la propuesta en Nuevo León.

Moisés López, experto en movilidad del Consejo Cívico lanzó un llamado a la autoridad a transparentar la información del proyecto, así como a incluir a los vecinos, a la sociedad civil y a expertos en materia, en la construcción de una propuesta sostenible para el futuro de la ciudad.

La lucha peatonal en Monterrey, una ciudad diseñada para el automóvil

M.A.S. Ciudad refiere que una de las principales problemáticas en materia de movilidad es la nula democratización del espacio público.

“Las banquetas en el área metropolitana de Monterrey son muy pequeñas y aún siendo pequeñas, están obstruidas por postes de luz, parquímetros, bolsas para basura, baches y hasta los mismos carros que se estacionan sobre las banquetas. Esto violenta nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho al libre tránsito porque nos vulnera como peatones”.

A esto, se suma la crisis de movilidad donde actualmente los tiempos de traslado son de 83 minutos y donde las personas esperan entre 24 minutos y una hora para abordar una unidad del transporte público.

El camión es el transporte con un mayor tiempo de traslado, donde una de cada tres personas (34.3 por ciento) pasan tres horas o más al día en ir y venir a su destino principal, según datos de Cómo Vamos Nuevo León.

La deficiente infraestructura vial del Área Metropolitana de Monterrey también se ha visto reflejada en el aumento de incidentes viales, pues datos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial (OCISEVI) confirman que han muerto mil 68 personas desde que inició su registro en 2019.