Los excesos pasan factura tarde o temprano y Nuevo León está pagando hoy por el despilfarro de recursos, la irresponsabilidad administrativa de sus gobernantes y la obsesión por el crédito ajeno.
Hoy estos lastres tienen al Gobierno de Nuevo León al borde de la ruina financiera.
Es cierto que algunas de estas cargas son una herencia del sexenio anterior, pero también es cierto que cada una de ellas, en vez de corregirse, se han complicado durante la actual administración del gobernador Rodrigo Medina.
El Gobierno de Nuevo León actualmente sobrevive con préstamos para librar el mes, solicitando adelantos de participaciones federales y jineteando los pocos recursos disponibles.
La gestión de Medina arrancó este 2012 de la peor manera: contratando una nueva deuda de mil millones de pesos y solicitando un adelanto de participaciones federales por casi mil 300 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el primer semestre, el Gobierno de Nuevo León solicitó en total –y esto es lo que se conoce oficialmente- tres créditos por mil millones de pesos cada uno para tener cash y poder cubrir los pagos básicos, como la nómina, el gasto corriente y el pago de sus deudas.
A largo plazo contrató un préstamo de mil millones de pesos y otro más por mil 070 millones de pesos, a pesar de la promesa de la administración estatal de no recurrir a mayor endeudamiento.
Esto es grave porque a mitad del año la administración de Medina ya dispuso de los 2 mil 300 millones de pesos de deuda pública de largo plazo que el Congreso del Estado le autorizó en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2012.
Hoy el Gobierno del Estado ya no tiene margen de maniobra financiera.
El endeudamiento no se detuvo con estos dos nuevos créditos a largo plazo.
La Tesorería del Estado contrató también este año con la banca comercial, según el informe financiero del primer semestre de 2012, dos préstamos de corto plazo por un total de mil 300 millones de pesos.
Uno de estos créditos fue por 250 millones durante el primer trimestre del año y otro en junio por mil 050 millones de pesos a mediados de año.
En estos momentos la deuda reportada por el gobierno de Nuevo León a la SHCP asciende a los 35 mil millones de pesos.
Pero este monto no incluye los 500 millones de pesos que cada año el Estado debe de cubrir por los recursos recibidos a través del esquema del Fondo Nacional de Reconstrucción, FONAREC.
En el país, sólo la Ciudad de México y el Estado de México reportan mayor endeudamiento al que presenta las finanzas de Nuevo León, según cifras de la SHCP.
Pero considerando la deuda que tiene con respecto a las participaciones federales que recibe cada año, Nuevo León sólo es superado por el Estado Coahuila.
Extraoficialmente se sabe que el nuevo tesorero del Estado, Rodolfo Gómez Acosta, está a punto de cerrar un nuevo préstamo de corto plazo para evitar una situación de quiebra financiera.
Pero la gran “maroma” que prepara el nuevo tesorero es una reestructuración de la deuda actual que le permita a la administración contratar un nuevo pasivo y brincar el año.
La llegada del presidente electo del PRI, Enrique Peña Nieto, es la gran apuesta del gobernador Rodrigo Medina para conseguir un posible rescate financiero.
La semana pasada, Reporte Índigo reveló el despilfarro que comete la administración del mandatario estatal con las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Tesorería del Estado.
De acuerdo con más de 100 solicitudes de recursos adicionales, el Gobierno del Estado se sobregiró en sólo 2 meses de 2011 más de 300 millones de pesos de su presupuesto autorizado.
El rubro que genera mayor gasto extra es el de imagen y comunicación con la contratación de spots y anuncios en la televisión.
Lo grave en Nuevo León es que las autoridades siguen aparentando que no pasa nada y el gasto y despilfarro continúa en el gobierno.
Los planes de austeridad anunciados son sólo letra muerta y anuncios mediáticos que pretenden aminorar los cuestionamientos públicos.
Hace cuatro meses, Othón Ruiz Montemayor abandonó el cargo de tesorero del Estado.
Oficialmente, se dijo, fue para contender por la Alcaldía de San Pedro.
La realidad fue distinta: Ruiz Montemayor simplemente decidió abandonar el barco de Nuevo León antes del seguro hundimiento.
Hoy Nuevo León viene arrastrando un importante déficit presupuestal: algunas fuentes consultadas lo ubican en 5 mil millones, pero otras lo estiman en 8 mil millones de pesos.
Esta crisis presupuestal se refleja en el programa de obra pública en Nuevo León, que prácticamente no existe en el gobierno de Rodrigo Medina.
Las obras públicas que puede presumir el Estado son las financiadas con recursos federales del Fonden y están relacionadas con los daños que dejó el huracán Alex.
El proyecto de transporte Ecovía, que se construye en el corredor de Ruiz Cortines y Lincoln, es financiado con recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción y recursos privados de los transportistas.
Los proyectos magnos de infraestructura contemplados por la administración están diseñados con esquemas privados donde el Estado no destina recursos propios.
El proyecto de agua potable Monterrey VI, la Línea 3 del Metro y el de Ecovía están dentro de estos esquemas de Asociación Pública Privada (APP).
El proyecto del penal de Mina, otra de las obras magnas, presenta problemas de financiamiento y de ejecución.
El Gobierno del Estado es incapaz de aplicarle recursos propios y el proyecto estimado en 3 mil millones de pesos está a la deriva esperando recursos federales.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año se logró una partida de 300 millones de pesos -que significa el 10 por ciento del costo de la obra- y el resto el Estado contemplaba obtenerlo del Fondo de Seguridad.
Pues hay malas noticias para el Gobierno de Nuevo León, que proyectó en su presupuesto recibir mil 800 millones de pesos a través de esta bolsa federal, pero apenas podrá conseguir en el mejor de los casos mil 200 millones de pesos.
