Nuevo León, en medio de la polémica con manipulación parental
En el Congreso del estado se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el Código Civil de la entidad e incluir la violencia por manipulación parental, una medida que busca que el interés superior de la niñez se respete en medio de los divorcios
Elizabeth González-ManriqueMientras el Congreso de la Ciudad de México se alista para incluir en la Ley de Derechos de niñas, niños y adolescentes la figura de la violencia vicaria, Waldo Fernández, legislador local de Nuevo León, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el Código Civil de la entidad e incluir la violencia por manipulación parental.
En su propuesta, el diputado de Morena plantea adicionar una fracción del apartado VI del artículo 323 Bis 1 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.
“Violencia por manipulación parental es aquella ejercida por alguno de los progenitores o algún familiar que mediante el uso de estrategias, artimañas y acciones buscan dominar y transformar la conciencia de los hijos con el propósito de obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. La manipulación parental entra en el rubro de violencia familiar”, dice la iniciativa del diputado de Morena entregada el pasado 7 de octubre.
Para el legislador, las niñas y niños deben permanecer en un entorno seguro, estable y que les brinde seguridad para su óptimo desarrollo físico y emocional.
“Sin embargo, las circunstancias que los rodean muchas veces no dependen de ellos, existen otros factores que son los que lo determinan. Principalmente la relación entre sus progenitores”, explicó Fernández al momento de presentar su iniciativa.
Aunque la reforma propuesta por el morenista se refiere en primera instancia a la manipulación parental, durante su exposición en el Congreso local, se refirió al Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Por su parte, Brenda Sánchez, diputada de Movimiento Ciudadano, lanzó un exhorto a Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial de Nuevo León, para buscar que los jueces de la entidad vean como prioridad el interés superior de la niñez en el tema de la convivencia familiar.
Sánchez lanzó esta exigencia después de las múltiples quejas en torno al trabajo de los jueces, a quienes acusan de no aplicar las medidas de apremio para que los padres y madres que poseen la guardia y custodia cumplan con el régimen de visitas establecido tras la separación legal de la pareja.
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