La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) tiene más denuncias y recomendaciones pero también más quejas contra los cuerpos de seguridad. Aún falta permear a la ciudadanía de una cultura en la materia.
“Hace falta todavía mucho por avanzar, para consolidar una cultura real que pueda permear a toda la población en la materia de derechos humanos, falta que la gente todavía pueda conocer a la institución, que sepa que hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos”, mencionó Sofía Velasco, la presidenta de la comisión, tras la entrega de su informe anual.
La violación de los derechos humanos a la ciudadanía ha tenido un espiral ascendente: incrementaron las quejas en dos por ciento contra diferentes entes públicos, sobre todo en cuerpos de seguridad. El informe de la CEDHNL revela que se recibieron mil 298 quejas en 2018, en comparación de los mil 274 casos del año 2017
“Se aumentó en dos por ciento. No cambiamos, es una constante en policías o detenciones arbitrarias”, dijo la presidenta.
En cuanto a las recomendaciones, la Comisión informa que existen 37, lo que representa tres casos más que en el 2017, en donde la Policía de Monterrey fue la que tuvo más señalamientos.
En estos expedientes de quejas, el órgano autónomo determinó la presunta violación de derechos humanos e inició una fase de investigación. Las cifras de este informe también refieren que se emitieron un total 151 de medidas precautorias, 12 casos más de los que se registraron en 2017.
La CEDH revela que también hay un incremento en la atención a la ciudadanía en las áreas de protección y defensa de los derechos humanos. Tan sólo en este año, 13 mil 837 personas acudieron a este órgano, lo que representa un aumento 13.5 por ciento, frente a 12 mil 163 asistentes en 2017.
De estas personas atendidas el año pasado, a 9 mil 402 se les brindó atención a través de la dirección de Orientación y Recepción de Quejas; a mil 115 por parte del Centro de Atención a Víctimas y 3 mil 320 por la Tercera Visitaduría.
La tortura es una nueva forma de investigar. La CEDHNL detectó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ), a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), utiliza la tortura contra familiares o amigos del sospechoso.
A pregunta expresa de Reporte Índigo, la presidenta de este órgano informó que han existido casos en donde las personas que han sido torturadas no están dentro de una carpeta de investigación.
“A veces a quienes se tortura no necesariamente están involucrados en un proceso legal, no están relacionados en una carpeta de investigación. Estos casos de tortura se dieron aquí en Monterrey y otros con la Fiscalía General de Justicia en el momento de la detención, es lo más complicado y donde puede haber tortura”, explicó la funcionaria
En defensa de las mujeres vulnerables
La reforma del artículo 1 de la Constitución local, que crea la llamada Ley Antiaborto, vulnera los derechos humanos fundamentales de la mujer, su dignidad y libre derecho de la personalidad, asegura la CEDH neoleonesa.
Este órgano presentó una acción de inconstitucionalidad ayer martes 9 de abril ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
“Presentamos la acción de inconstitucionalidad porque la reforma representa una problemática compleja, la cual se pude resumir en colisión entre el derecho a la vida producto de la concepción y los derechos fundamentales de la mujeres, entre ellos el respeto a su dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos sexuales y reproductivos”, dijo la presidenta de este órgano, Sofía Velasco.
Ante la Corte, la Comisión promovió un recurso legal para revertir la reforma que garantiza la vida desde la concepción
Velasco agregó que la reforma al Artículo 1 de la Constitución local no coincide con la Constitución federal, pues no contempla la vida desde la concepción. En consecuencia corresponde a la Corte y no a la Comisión emitir la decisión final sobre la reforma.
Leal contra aborto y matrimonios gay
Horas antes de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informara sobre la acción de inconstitucionalidad por la reforma al artículo 1 de la Constitución local, que crea la Ley Antiaborto, el diputado Juan Carlos Leal promovió una iniciativa para que un médico pueda decidir conforme a su ideología católica si aplica un aborto o no.
El legislador, expulsado por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena debido a los comentarios discriminatorios en contra de la comunidad homosexual, ahora impulsa una reforma a la Ley de Salud de Nuevo León.
“Presentamos una iniciativa de la objeción de conciencia para decir qué hacer o que no en su trabajo, no se le puede obligar a un médico a aplicar un aborto o a realizar la eutanasia. Si el médico no lo quiere hacer, no lo puede hacer”, dijo.
El diputado local también pretende modificar el Código Civil para que los oficiales del Registro Civil se nieguen, si así lo desean, a efectuar el matrimonio entre personas del mismo sexo
“Igual para que los oficiales del Registro Civil decidan no casar a dos personas del mismo sexo. Lo puedo hacer ahorita bajo un amparo, no veo algún caso de que lo puedan hacer, pero lo vamos a pasar a la ley local y se va modificar el Código Civil 2, 6 y 11”, aseguró Leal Segovia.
