Aunque la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) estará bajo la lupa de ciudadanos y la autoridad estatal, todavía no existe regulación para evitar que las industrias sigan contaminando el ambiente.
Hoy martes, la Secretaría de Desarrollo Sustentable activará el nuevo Índice de Aire y Salud, que proporcionará información oficial sobre las 13 estaciones de monitoreo. El principal dato que proporcionará será la que presente el mayor índice.
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Los ciudadanos tendrán actualizaciones sobre la calidad del aire cada 12 horas, en lugar de cada 24, periodicidad con la que trabajaba el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA).
Además de los contaminantes y sus concentraciones, el nuevo formato ofrecerá recomendaciones para las actividades al aire libre y los riesgos a la salud en cada centro de monitoreo. De esta manera la gente podrá actuar de inmediato y de forma específica, a diferencia del SIMA que era general.
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La aplicación “Mi escuela” también desplegará estos consejos.
Aire Sin monitoreo público
En Nuevo León, la medición de la calidad del aire por parte de las empresas no es pública. El Gobierno estatal tiene la obligación de vigilar a las pedreras, mientras las industrias se rigen bajo normas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las explotadoras de caliza están obligadas a contar con una estación de monitoreo, según establece la Norma Ambiental Estatal emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para medir las partículas PM 2.5 y PM 10 dentro de sus procesos de producción.
La mayoría de las empresas son de competencia federal y sólo están obligadas a emitir la Cédula de Operación Anual, donde se miden las emisiones de efecto invernadero bajo la NOM-172-SEMARNAT 2019.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Nava, califica esto como una irresponsabilidad, pues hay empresas que no tienen la intención de invertir en tecnología para la medición de las partículas contaminantes.
Se miden ellos mismos bajo un laboratorio certificado, dos veces al año, es decir, estos días me porto bien y el resto mal. Esto es en los gases de efecto invernadero y, por otro lado, está el desprendimiento de las partículas PM 2.5 y PM 10 que afectan a nuestra salud, pues no hay norma que los obligue
El legislador panista reconoce que si bien hay límites de contaminación en la metrópoli, aún no se ha castigado a las compañías que los rebasan.
“Hay una norma que dice los límites permitidos en la ciudad, pero… ¿quién es el responsable de la nube de contaminación? Nadie sabe quién se hace responsable de las emisiones que están arriba de nosotros”, explica el también presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso local.
Anticipan contingencias
La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes, considera que la medición a estrenar obligará al Gobierno estatal a combatir la contaminación por los nuevos índices para reportarla.
“Con esta nueva medición va ser mucho más frecuente que tengamos contingencias ambientales, porque antes estaban muy altas. La autoridad tendrá que ponerse a trabajar”, exhorta.
Para ella, la ciudadanía exigirá acciones ante las condiciones climatológicas y atmosféricas por parte de las autoridades. Hay que recordar que los neoleoneses habían protestado ya por una medición alterada.
Además, Bustos Paredes expresa que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, no tendría que hacer diferencias en las obligaciones de las compañías.
“Está proponiendo acciones prohibitivas que, ante la emergencia ambiental, se tienen que llevar a cabo sí o sí, independientemente de las normas federales con las que cumplen las empresas”, dice la legisladora.
El 6 de febrero, 200 vecinos del municipio de Santa Catarina denunciaron a empresas como Protexa, Fundición Águila, Cato, Daltile y Reacciones Químicas por provocar malestares en su salud y vómitos por las emisiones que generan.
Los ciudadanos enviaron escritos dirigidos a Elva Griselda Garza Morado, encargada del despacho de la Profepa, y a Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, procurador Estatal de Desarrollo Sustentable.
