El nuevo impuesto que se busca cobrar a las aplicaciones de reparto de comida y mercancía en la Ciudad de México representa un riesgo para la economía, advierten especialistas.
Dicho impuesto es el que la Secretaría de Administración y Finanzas añadió para 2022 en el Paquete Fiscal del próximo año y será perjudicial para la economía porque desincentivará el uso de las apps.
Además, empresarios y políticos han expresado su rechazo debido a que atenta contra la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.
El impuesto propuesto se aplicará desde el 1 de enero de 2022 y solo falta que sea ratificado por el Congreso de la Ciudad de México.
Las autoridades argumentan que las aplicaciones utilizan la infraestructura pública para obtener ingresos y su uso se incrementó por la pandemia de COVID-19
Gravamen nuevo
El Código Fiscal para el año 2022 plantea un impuesto de 2 por ciento a las aplicaciones de reparto de comida y mercancía cada vez que entreguen un producto o bien.
A nivel local, las aplicaciones que podrían ser afectadas son Didi Food, Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, entre otras.
La iniciativa argumenta que los repartidores, así como las aplicaciones, hacen uso del espacio y la infraestructura pública para generar ingresos por lo que deben pagar una retribución.
Señala que con la pandemia de COVID-19, el uso de las aplicaciones de reparto aumentó, por lo que es necesario establecer nuevas políticas económicas.
“La política de restricción por la pandemia de COVID-19 ha provocado una aceleración vertiginosa en el crecimiento del comercio electrónico, entre ellos destaca el sector de la entrega de alimentos, mercancías o víveres.
“Lo anterior, presenta nuevos retos de gobernabilidad en materia fiscal, regulatoria y de movilidad, a fin de poder estar en condiciones para establecer políticas impositivas que beneficien a los usuarios de dicha economía digital”, estipula el proyecto de Código Fiscal.
De acuerdo con el estudio “Consumo en apps de comida a domicilio durante el Covid-19 en México”, de la firma Fintonic, las transacciones en apps de entrega de comida del 1 de marzo al 31 de mayo de 2020 aumentaron hasta 44 por ciento.
Según el documento, en los 3 meses que duró el confinamiento y la suspensión de actividades no esenciales, el consumo de alimentos por Rappi creció 44 por ciento; en Uber Eats 24.6 por ciento y en Didi Food, 16 por ciento.
El problema del nuevo impuesto
La Ciudad de México aplicará el nuevo impuesto porque la pandemia de COVID-19 generó una caída de recaudaciones a nivel local por la crisis económica, comenta el especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, Carlos Alberto Bautista Pérez.
“El gobierno vio que la recaudación de impuestos caía mientras que la gente usaba cada vez más las aplicaciones, entonces hizo lo que hacen todas las administraciones cuando ve que algo es muy utilizado, cobrarle impuestos”, declara.
Comenta que el nuevo gravamen repercutirá en que las personas disminuirán el uso de medios digitales para pedir cosas.
“El impuesto no lo va a pagar el repartidor, entonces si la empresa no lo absorbe de sus ganancias, se verá reflejado en el costo de los productos”
Entonces, Bautista Pérez explica que los usuarios buscarán la forma de satisfacer sus necesidades sin que se les cobre más.
“Para el usuario es completamente injusto porque compran una mercancía, que no está cerca de su casa, pero con este nuevo impuesto, buscará otras formas de trasladar lo que necesita sin que salga más caro”, declara.
Inconstitucional
Además de que el impuesto será perjudicial porque aumentará los costos de los envíos por medios electrónicos, también existe una ambigüedad que lo vuelve inconstitucional, considera Carlos Alberto Bautista Pérez.
“El Código Fiscal del próximo año es claro, solo se cobrará el impuesto a los envíos por medios digitales, entonces, las otras formas de pedir cosas a domicilio como el teléfono o ir al lugar y pedir que lo envíen, no pagarán”, indica.
Lo anterior promoverá la competencia desleal porque no se cobrarán todos los envíos por igual y la gente preferirá los establecimientos donde se pueda solicitar mercancía por teléfono.
“Va en contra de la libre competencia y sería inconstitucional porque el artículo 31 señala que es obligación de los mexicanos pagar impuestos en proporción a sus ingresos, pero aquí habría un desbalance porque quienes entregan por otros medios que no sean electrónicos no pagarán nada y tendrán mayores ingresos aunque hagan la misma actividad”, declara.
El bloque opositor
El pasado martes 7 de diciembre, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la capital y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la ciudad, anunciaron una serie de acciones ante el nuevo impuesto.
Por una parte, el coordinador del PAN, Christian Von Roerich, dijo que su partido propondrá ante el pleno que el impuesto se vea reflejado en la creación de un seguro social para repartidores de comida.
Mientras que el presidente de Coparmex en la ciudad, Armando Zúñiga, pidió a la bancada de Morena y a las autoridades tener sensibilidad y no aplicar el impuesto porque representaría un obstáculo en la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.
