Nuevo desencuentro en caso Ayotzinapa; padres acusan a AMLO de proteger al Ejército

Carlos Montesinos Carlos Montesinos Publicado el
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Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el distanciamiento entre las autoridades y los familiares de los estudiantes se agudiza. Mientras el Gobierno federal asegura que ha entregado toda la información, los padres de los desaparecidos señalan un bloqueo para que la investigación acceda a documentos clasificados.

Desde las 17:00 horas, los padres de los normalistas llegaron a la reunión acordada el miércoles pasado con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; y el subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Tras más de dos horas y media de reunión con los funcionarios federales, los padres y su equipo legal se retiraron de Palacio Nacional. Informando a su salida que en el encuentro recibieron una carta del presidente Andrés Manuel López Obraror, un informe del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y una nueva narrativa de los hechos hecha por Encinas.

“Una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos. Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local”, reclamó Vidulfo Rosales, abogado defensor del caso, sobre la relatoría de Encinas.

Esta nueva versión, dijo, vuelve a restar responsabilidad al Ejército sobre su presunta participación en los hechos de septiembre de 2014. Siendo el capitán José Martínez Crespo, detenido en 2020 por su presunta vinculación con la organización de Guerreros Unidos y la desaparición de los normalistas, el único militar señalado.

En ese sentido, se reclamó que tampoco se atendió la solicitud de documentos CRFI y la transcripción de una llamada telefónica entre un mando policial y Gildardo López Astudillo, “El Gil”, del grupo criminal.

“El secretario de la Defensa Nacional lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gil y que el gobierno busque por ese lado”.

El abogado Rosales también señaló que no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica.

“No aparecen esas circunstancias. Nos iban a entregar una serie de informes”, dijo y agregó que ofrecieron entregar las transcripciones de las llamadas detectadas en Chicago, siendo que esos datos ya son de conocimiento de los padres.

Por estas razones, tanto Rosales como Mario César González, padre del desaparecido César Manuel González, señalaron que esta reunión fue aún peor que la que sostuvieron el miércoles pasado con López Obrador y el fiscal especial Gómez Piedra.

“Una total falta de respeto mandar a la secretaria de Seguridad como vocera de Sandoval y que no podemos hacerle ninguna pregunta o cuestionarlo de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros necesitamos de esa información que tanto hemos estado pidiendo, entonces creo que ella no sabe nada”, dijo González.

Acusando que se están protegiendo al Ejército, al grado de dudar si desde ahí surgió la nueva versión que difundió Encinas, González recordó que a la fecha hay una demanda por obstrucción de información hacia el Ejército.

“Y ahora resulta que no sale nada de eso, que nada más se acerca más al ‘Pato’, al ‘Cepillo’ y a todos esos tipos que no tenían ningún sustento”.

Protestas y defensa

La nueva reunión se dio en el marco de las protestas que se han organizado en la Ciudad de México desde el jueves de la semana pasada, cuando se instaló un plantón en el Campo Militar Número 1 para exigir la entrega de documentos presuntamente retenidos por el Ejército, según el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A esta protesta se le sumó otra, también ayer al mediodía, a las afueras del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) igualmente señalado por el GIEI de participar en la opacidad del caso Ayotzinapa e incluso en actos de tortura para elaborar la denominada verdad histórica.

Pese a estos señalamientos, el presidente López Obrador ha mantenido su postura en defensa de las Fuerzas Armadas. Asegurando, durante su mañanera del jueves 21 de septiembre, que las instituciones han estado a la altura de las circunstancias y que han actuado con apego tanto a la ley como a sus órdenes durante la investigación.

El primer mandatario incluso reveló dos cartas que envió al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, solicitando el apoyo de la institución para lograr la detención de 21 elementos del Ejército, Incluyendo el coronel José Rodríguez Pérez, quien comandaba el 27 batallón de infantería de Iguala, Guerrero, en 2014.

La primera de estas cartas se envió en agosto de 2022, tras la presentación del primer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que encabeza Encinas. La segunda fue apenas en mayo por un oficio de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).

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