Nueve candidatos de Jalisco solicitaron protección en elección de 2021

Luego de que en el proceso electoral de 2021 nueve candidatos en Jalisco pidieran los servicios de protección que brinda la Secretaría de Seguridad para salvaguardar sus vidas, las autoridades del estado ya alistan esquemas y mecanismos de blindaje ante la probable violencia en las elecciones de 2024.

Fue esa misma Secretaría la instancia que informó, vía transparencia, que durante las elecciones de 2021 recibió esa cantidad de solicitudes de protección, por parte de actores políticos que contendían por un cargo de elección popular en el estado:

“Asimismo, se realizó la aclaración de que la información con la que cuenta la Coordinación del Área de Servicios de Protección Estatal de la Secretaría de Seguridad, referente a las 9 solicitudes de protección recibidas en la temporalidad señalada por el peticionario, obedecen específicamente al año 2021”, indica el reporte (Expediente LTAIPJ/CGES/1679/2023).

Ante el riesgo específico que representa el crimen organizado asentado en la entidad, el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez expuso el pasado 9 de agosto que se instalará una mesa de trabajo con la encomienda de garantizar la seguridad en las próximas elecciones.

“Siempre hay una mesa de coordinación; vamos a brindar también apoyos logísticos a la autoridad electoral para la organización del proceso; (…) y por supuesto que tendrá que establecerse una mesa de seguridad para atender de manera puntual el proceso y para poder dar un mínimo de condiciones que garanticen que el proceso electoral, como ha sido siempre, como fue en el 2021, a pesar de momentos duros y de situaciones difíciles que sucedieron, pero fue un proceso que pudo salir y transcurrir en calma”, declaró.

No obstante, el gobernador Alfaro Ramírez coincidió con los señalamientos que han hecho partidos de oposición en el estado, en el sentido de que el riesgo de que el crimen organizado intervenga en estas elecciones del 2024 “es latente”.

“Siempre ha sido. Siempre ha sido y cada partido debe ser responsable de eso, y vaya que hay partidos que tienen  que echarle un ojo al tema porque el riesgo de las infiltraciones es real y creo que cada instituto político tiene que entender la responsabilidad que tienen y ser muy cuidadosos en la definición de quienes los van a representar en las elecciones”, dijo el mandatario.

Los nombres de los candidatos bajo protección se mantienen bajo resguardo

Aunque la Secretaría de Seguridad reportó la existencia de esos nueve requerimientos de protección por parte de candidatos, omitió cualquier detalle sobre los mismos ante la posibilidad de que la información pudiera ser utilizada por grupos criminales para ejecutar un atentado.

Se reservó datos como el actor político que lo tramitó, su partido político, el cargo por el que competía, la cantidad de elementos que se le asignaron, e inclusive si la solicitud de protección fue autorizada o rechazada por la dependencia. Así lo argumentó:

“Esa información no debe ser distribuida, publicada o difundida, porqu se incrementaría el riesgo de que la delincuencia común u organizada incremente su eficiencia en caso de que decidieran atentar en contra de alguno de esos esquemas de seguridad”.

El reporte de la Secretaría fue elaborado el 21 de julio, poco después del ataque perpetrado en Tlajomulco de Zúñiga con minas terrestres –del 11 de julio-, y que cobró la vida de cuatro agentes de seguridad y dos civiles ajenos a los hechos; en ese contexto, la dependencia enfatiza que las agresiones de los criminales ya no se están dirigiendo exclusivamente contra las instituciones.

La entrega de la información, afirma: “podría incluso generar un daño colateral a la población en general que pudiera estar presente al momento de un ataque o atentado (…), pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente a autoridades del ámbito de la seguridad pública, procuración y administración de justicia, ya que cualquier persona puede resultar herida o afectada en caso de una agresión”.

El temor de la Secretaría es que con estos datos las organizaciones delictivas “conocerían de manera precisa la capacidad operativa que tienen los esquemas de protección”, y así podrían “realizar análisis minuciosos, comparaciones, asociaciones o deducciones para afectar, neutralizar, superar la acción y reacción de los elementos”, para “perpetrar alguna amenaza o atentados que pudiese poner en riesgo la seguridad, integridad y vida de los elementos operativos y de las personas que son receptoras del servicio”.

Tras el ataque de Tlajomulco, el gobernador difundió el 3 de agosto que había recibido amenazas, lo que luego confirmó el 9 de agosto: “Fueron días difíciles y sí hubo algunas amenazas”, dijo.

Las votaciones en Jilotlán y el infierno desatado

En la elección del 2021 se confirmó por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública que el crimen organizado había intervenido en los comicios de Jilotlán de los Dolores, para facilitar el “triunfo” que se daría del candidato de Morena, José Manuel Cárdenas Flores, aunque obligando al resto de los contendientes a abandonar el proceso bajo amenazas.

En la sentencia JIN-085/2021 con la que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco anuló esa elección –misma que nunca pudo reponerse, por lo que aún hoy la instancia que está al frente del municipio es un consejo municipal, pero sin un alcalde o alcaldesa-, se cita un informe elaborado por el Consejo Estatal, con estas “Conclusiones” sobre lo ocurrido en esos comicios:

“La Delincuencia Organizada ha tenido injerencia en la elección de Presidente Municipal de Jilotlán de los Dolores, pues ha proferido intimidaciones a los diversos contenientes (sic) al cargo de Presidente Municipal de ese lugar. Si ha intimidado a todos los candidatos, excepto a uno, es evidente que pretende con ello imponer a la persona que quieren que resulte electa”.