El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado medidas sin precedentes para combatir el huachicoleo, dando pasos firmes en el desmantelamiento de las redes criminales dedicadas a la sustracción de hidrocarburos.
Con el anuncio de las primeras personas sujetas a proceso judicial como resultado de la nueva estrategia para frenar el robo de combustibles, México abrió una nueva fase en la iniciativa contra el crimen organizado.
Funcionarios del gobierno federal anunciaron ayer el arranque de la segunda etapa en esta lucha, en la que no sólo se resguardarán los ductos que transportan la gasolina, sino se atacará a la estructura financiera del crimen.
El anuncio de la identificación y el congelamiento de cuentas presuntamente ligadas a actividades ilícitas es de gran relevancia, pues representa una medida que no se había hecho en nuestro país.
De esta forma, se contemplan acciones rápidas y contundentes para normalizar el servicio y garantizar que, una vez que se abran los ductos, no continúe la sustracción de hidrocarburos.
“La estrategia contra el robo de combustible debe incluir detenciones, carpetas de investigación, ejercicios de la acción penal, procesos judiciales, decomisos, etcétera, dentro y fuera de Pemex. De otra manera se trataría de medidas temporales y solamente publicitarias”, opinó el jurista Miguel Carbonell, en su cuenta de Twitter.
Con estos elementos, el desmantelamiento de las redes de robo de combustible ya está en proceso de maduración. Pero, ¿será suficiente?
Medidas extraordinarias
Pemex llegó tarde y mal a la lucha contra el huachicoleo. Reporte Índigo publicó ayer que la empresa productiva del Estado comenzó hasta el 2014 con el equipamiento de su fuerza para combatir a los huachicoleros; y fue hasta inicios del 2018 cuando el Ejército entró al quite, con la capacitación de militares para el manejo de ductos.
Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer algunos de los lineamientos generales de la nueva estrategia en la que participan varias dependencias gubernamentales y en la que, por primera vez, se atacará al corazón financiero de los grupos delincuenciales.
“Es el Estado, no es sólo Pemex, no sólo es la Policía Federal, la Policía Militar, la Policía Naval, es el Estado mexicano, para que se vaya entendiendo.
Entre las acciones que se delinearon están la participación de 4 mil efectivos de las Fuerzas Armadas que resguardarán mil 600 kilómetros de ductos; adicional a esto se pretende instalar centros de vigilancia en toda la red y el gobierno ha pedido ayuda a los ciudadanos.
“Vamos a tener bases en cada determinada distancia, en toda la red de ductos. Vigilancia, conformada por todas las fuerzas federales y también por ciudadanos. La gente nos va a ayudar. Estoy invitando a todos los ciudadanos. Los ductos pasan por comunidades, pasan por ejidos, por pequeñas propiedades y estoy llamando a que todos apoyemos, ya sea informando, ya sea dando a conocer lo que está sucediendo o participando en la vigilancia”, solicitó el mandatario.
Por su parte Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que ya se está rastreando no sólo a quienes operan en tierra el robo de combustible, sino a quienes forman parte de la red; a los criminales “de cuello blanco”.
“En coordinación con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible. Y en ese sentido estamos congelando las cuentas, por una parte. Y por otra parte, se está poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas a los involucrados, no solamente son los de abajo, sino los de cuello blanco que tenían toda una red de distribución”, expuso Sánchez Cordero.
De concretarse estos anuncios, sería la primera vez que el Estado mexicano combata al huachicoleo con una estrategia integral que ataque todos los niveles.
¿Y cuántos en prisión?
La estrategia del gobierno federal para el combate al huachicoleo se verá reforzada por la inclusión en el Código Penal Federal del robo de combustible como delito grave, que está a punto de concretarse en el Congreso de la Unión.
Esta inclusión se discutirá en el periodo extraordinario que se llevará a cabo la próxima semana, en el que también se discutirá la creación de la Guardia Nacional.
Para subsanar el hecho de que el robo de combustible aún no es considerado como un delito grave, la Procuraduría General de la República ha abierto las carpetas de investigación contra las personas involucradas por el delito de delincuencia organizada.
El funcionario se negó a dar datos específicos sobre el número de detenidos, los delitos que se les imputan o si son trabajadores de Pemex. Todo ello, dijo, para cuidar la secrecía de la investigación y no provocar que los infractores puedan salir en libertad por fallas en el debido proceso.