Relegados, con deuda acumulada e incapaces de atraer mayores recursos, los ayuntamientos del país viven una dinámica financiera en donde la opacidad y los errores son comunes y muy difíciles de detectar.
Se calcula que en los últimos 10 años, la deuda acumulada a través de los 2 mil 458 municipios del país creció 26.6 por ciento, posicionándose para el primer trimestre del 2019 en un total de 44 mil 786.3 millones de pesos en obligaciones fiscales sin cumplir; dinero que forma parte en automático de la deuda nacional.
Este incremento –que se expande a un ritmo de 2.4 por ciento de crecimiento anual– a pesar de que no representa un riesgo para las finanzas públicas de México, sí ha puesto en alerta a algunos sectores financieros del país, debido a que la opacidad en los manejos y la incapacidad de algunos municipios para atraer más recursos comprometen la estabilidad y el desarrollo de sus habitantes.
Por esta razón, desde el Senado de la República se lanzó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Esto con el objetivo de mantener finanzas sostenibles, elevar los costos de financiamiento y dotar de mayor transparencia y rendición de cuentas a los ayuntamientos del país.
“Es una iniciativa que tiene como propósito final que cada mexicano, viviendo en el territorio clasificado como municipio o estado, conozca el monto de la deuda que estamos pagando con nuestros impuestos”, indica Alejandro Armenta Mier, senador de la República y titular de la comisión de Hacienda y Crédito Público.
En entrevista para Reporte Índigo el funcionario poblano explica a detalle el proyecto, mismo que se encuentra en manos de la Mesa Directiva de la Cámara alta.
En él, se delinean mecanismos que no existen en la actual legislación y que permitirían saber a ciencia cierta los montos totales de la deuda generada en los ayuntamientos del país.
Cantidad que es inexacta debido a que en la actualidad, no todos los medios con los que cuentan los municipios para atraer recursos –esquemas de Asociaciones Público Privadas, Proyectos para Prestación de Servicios y otras obligaciones– se registran como deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Estoy convencido que en este monto (la deuda municipal) tiene ‘deformaciones’ respecto a la forma en la que se cuantifica. Me atrevo a decir que puede ser dos veces más la deuda entre los estados y los municipios
La proyección realizada por el también presidente de la comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, tiene como sustento la actividad reflejada en la entidad que representa, misma que se replica en todo el territorio nacional.
“Puebla, según el semáforo de deuda ordinaria, tenía una deuda de 26 mil millones de pesos. Pero el gobierno estatal (de Luis Miguel Barbosa) aclaró que recibió la administración con compromisos de pago por más de 44 mil millones de pesos, que hay que sumarlos a los 26 mil. Y tan sólo es un estado de la República.
“Ese es el ejemplo de cómo la ley actual no obliga a las entidades sujetas de fiscalización a acreditar su deuda. El instrumento de registro de deuda ordinaria no acredita los compromisos de pago como deuda”.
Nuevos alcances de la deuda
Armenta Mier mostró confianza en que con este nuevo sistema de control municipal, se podrán tener finanzas más sanas y una mayor capacidad de desarrollo local. Sin embargo, también precisó que la iniciativa con proyecto de decreto podría identificar las fugas de recursos que llevaron al país a los niveles de endeudamiento que padecemos al día de hoy.
Una deuda que, de acuerdo con datos del titular de los órganos legislativos, en la década de los 90 apenas alcanzaba los 300 mil millones de pesos de los 10 billones que se deben en la actualidad.
“El propio auditor superior de la federación, David Colmenares, en un encuentro que tuvimos en la comisión bicamaral, afirmó contundentemente que todo compromiso de pago de los entes públicos es deuda. Bajo ese contexto, para nosotros es fundamental que los mexicanos conozcan cómo están pagando, por qué y bajo qué criterios se contrajeron dichas obligaciones.
“Esta deuda oculta podría ser parte de todo un esquema que nosotros hemos clasificado como ‘huachicoleo fiscal, presupuestal y de recursos energéticos’. Presupuestalmente, este saqueo o robo se ha hecho a través de los recursos extraordinarios que se trasladaron a los estados y los municipios entre el 2012 y el 2018, y dos o tres sexenios atrás”, refiere.
Asimismo, el senador comenta que parte de los recursos de los ayuntamientos a través de créditos bancarios y con fideicomisos podrían tratarse de “deudas leoninas”; mecanismos inconstitucionales que afectan los derechos humanos de los habitantes de los estados.
“Al no haber transparencia, al haber incorporado proyectos bajo reserva por 25 o 30 años, no se conoce cómo se pagó, por ejemplo, el metro cúbico de obra; no se sabe la tasa de interés por los créditos; no se sabe qué compras se hicieron o con qué facturas acreditaron los recursos”.
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En época de austeridad
El 7 de octubre pasado, en el marco del Parlamento Abierto sobre el análisis del Paquete Económico para 2020, una decena de presidentes municipales de estados como Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México acudieron al Congreso de la Unión para solicitar mayores consideraciones presupuestales para los ayuntamientos del país.
Parte de los esfuerzos que se exploran para brindar de mayores ingresos a los ayuntamientos son los esquemas de recaudación fiscal
En este espacio, se expusieron las dificultades administrativas que enfrentan los representantes del Ejecutivo en el tercer nivel de la cadena de mando. Un espacio en donde la deuda, la falta de recursos y los candados financieros impiden que se puedan brindar condiciones adecuadas de desarrollo para los habitantes.
Esa misma semana, en el foro “Unidos por el desarrollo sustentable del Lago de Chapala y el fortalecimiento municipal”, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que se analiza en colaboración con la SHCP las medidas presupuestales de la Ley de Ingresos y del gasto 2020 para apoyar a los municipios.
La situación es realmente complicada y difícil. Nosotros somos los primeros en reconocer una crisis de obra pública, un retraimiento de todas las actividades de inversión en infraestructura y estamos analizando con mucho detalle el problema de la caída de las participaciones (a estados y municipios) que vienen proyectadas en la propuesta que el Ejecutivo federal envió el 8 de septiembre
Ramírez Cuellar explicó la gravedad del panorama para los ayuntamientos tomando en cuenta el importante número de laudos y compromisos de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Conagua, IMSS e ISSSTE, y la supresión de fondos en el Ramo 23 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Por su parte, la diputada Verónica Juárez Piña, se pronunció a favor de darle una visión “municipalista” al presupuesto, con el propósito de que sean tomados en cuenta y se les otorgue “el lugar que merecen” dentro del ejercicio fiscal del 2020.
Con el dedo en el renglón
Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, y titular de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), considera que parte de los esfuerzos que se exploran para brindar de mayores ingresos a los ayuntamientos son los esquemas de recaudación fiscal.
“Hemos estado platicando con los alcaldes del país sobre ser más eficientes en el cobro de prediales para poder tener más de los recursos que tanto necesitamos”, menciona.
En entrevista, el funcionario panista dice que este trabajo –una labor en conjunto con los tres niveles de gobierno– desde la parte municipal se atiende con estrategias y diseño de nuevos esquemas de recaudación y fiscalización.
Las dificultades financieras a las que se enfrentan los diversos municipios del país han obligado a los congresistas federales a tomar medidas para atender la falta de recursos en el PEF 2020
“Tenemos que ser transparentes, dar cuentas a la ciudadanía y tener claros todos los sistemas para poder luchar contra la corrupción (… ) Esa es una responsabilidad de cada estado, tener claros los manejos de los recursos de cada uno de los municipios a través de los órganos fiscalizadores y que cada vez sean más duros los sistemas para tener más transparencia en los municipios”.
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Deuda para unos, carencias para otros
Para la búsqueda de una reforma profunda en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades del país, resulta necesario equilibrar la balanza en cuanto a las posibilidades de los ayuntamientos para hacerse de recursos propios.
Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), explica para Reporte Índigo que uno de los problemas fundamentales que enfrentan estos entes al día de hoy es la dependencia de los recursos federales.
“El tema principal con la sustentabilidad de las finanzas municipales tiene que ver con la poca autonomía que tienen los municipios. Buena parte de los ingresos que tienen provienen de las transferencias que hacen las entidades y el Gobierno federal”.
El 73 por ciento de los recursos municipales provienen de los estados o de la federación y solamente el 22 por ciento son ingresos propios
De ese 22 por ciento, la mayor parte se generan a través del impuesto patrimonial; el impuesto predial, explica Guadarrama.
Además de los mecanismos para la recaudación de impuestos que no están siendo cobrados, el especialista considera que debe existir una mayor apertura para emplear otro mecanismo para aumentar los ingresos: la contratación de deuda.
Un camino que a consideración de Manuel Guadarra tiene un panorama “heterogéneo” debido a que no todos los ayuntamientos del país acceden a esta herramienta.
“Existen algunos municipios que están muy endeudados, pero la gran parte de los mismos ni siquiera están accediendo a la contratación de deuda con la banca comercial o de desarrollo.
“Lo que tenemos a nivel municipal son extremos: por un lado municipios muy endeudados –como los de Jalisco, Nuevo León y Baja California Sur– y por el otro, la mayor parte de los ayuntamientos del país que ni siquiera tienen contratación de deuda”, dice.
El experto en gasto público apunta que de los más de 2 mil 450 municipios del país, solamente 559 registran deuda ante la SHCP.
“Es muy poca todavía la deuda bien manejada, que es un instrumento de financiamiento que ayuda a proveer de recursos para obras de infraestructura que ayudan al desarrollo económico”, comenta.
Respecto a la opacidad que se tienen en los manejos de las finanzas de los ayuntamientos, Manuel Guadarrama detalla que uno de los retos para la nueva reforma que se discute en el legislativo será transparentar todos los medios existentes para la atracción de capital.
Más allá de la ayuda que el Gobierno federal otorgue a los municipios, éstos deben ser capaces de recaudar sus propios recursos para atender sus problemáticas locales
“Existen otro tipo de créditos de corto plazo o préstamos de proveedores de servicios municipales que se hacen en un solo ejercicio fiscal y entonces no se tienen registros de cómo se lleva a cabo la contratación y, en efecto, es muy difícil su fiscalización y rastrear el destino final de esta deuda”.
