Normalistas retan al gobierno

En reclamo de la liberación de los 52 normalistas que fueron detenidos tras los disturbios del lunes pasado, grupos de padres de familia y estudiantes de las escuelas normales de Michoacán retaron de nueva cuenta al Gobierno del Estado: volvieron a bloquear dos de las más importantes carreteras del estado y realizaron marchas y plantones en diversos puntos de la ciudad de Morelia.

En respuesta, la administración estatal desplegó un operativo para tratar de retirar los bloqueos que obstruyeron la circulación desde el medio sobre las carreteras Morelia-Pátzcuaro y Morelia-Uruapan. Por su parte, un grupo de maestros de la CNTE intentó tomar la caseta de Panindícuaro de la autopista Morelia-Guadalajara, pero desistió sin causa aparente.

Trascendió que una de las razones por las que los maestros de la CNTE se replegaron tras el intento de la toma de la caseta de la autopista, fue la instrucción oficial para ejecutar las órdenes de aprehensión que se han girado en contra de al menos cinco dirigentes de la ala democrática magisterial, entre ellos Juan José Ortega Madrigal, quien fue retirado del lugar por parte de sus compañeros.

En la capital del estado, un grupo de por lo menos 200 estudiantes, acompañados de cerca de un centenar de padres de familia, también salieron a las calles para realizar bloqueos, los que fueron de manera intermitente, ante los operativos realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que salieron con la política de cero tolerancia implementada por la actual administración.

El pasado lunes, la administración de Silvano Aureoles emprendió una acción histórica y ordenó la detención, para someter a proceso penal, de todos los normalistas que participaron en una protesta que obstaculizó el tránsito en la autopista Siglo XXI de la capital del estado.

Los estudiantes exigen plazas automáticas pese a la imposibilidad legal y material de que el Gobierno del Estado cumpla esa demanda, pues contraviene lo establecido por la Ley del Servicio Profesional Docente y no se cuenta con el soporte financiero para una carga adicional al erario del Estado.

Aureoles argumentó que los normalistas se pueden manifestar y marchar, pero ya no retener autobuses o bloquear carreteras porque en respuesta se actuaría conforme a la ley. Agregó que el gobierno estatal se había tardado en imponer el orden.

“No voy a negociar la ley; han abusado de la paciencia de todos, (…). No se va a negociar la ley (…) exigen plazas automáticas, pero se niegan a evaluarse para acceder a ellas; no acuden a clases e incurren en delitos durante sus manifestaciones. El tiempo se está acabando, están llegando al límite”, sentenció el mandatario.

La Policía estatal, tras el enfrentamiento con los manifestantes, logró la detención de 52 estudiantes, que fueron llevados ante el agente del Ministerio Público para integrarles una averiguación previa por los probables delitos de sedición y ataque a las vías generales de comunicación.

La madrugada del martes, los detenidos fueron consignados a penales de alta seguridad, acusados de delitos federales. Esta decisión causó molestia entre algunos de los padres de los estudiantes, la mayoría vecinos de la zona indígena del estado, quienes llamaron a la movilización.

Los comuneros de la Meseta Purépecha secuestraron al menos cinco camiones de carga y mantuvieron como rehenes a dos policías, en reclamo de la liberación de los normalistas.

Tras el secuestro de vehículos y los policías, el gobierno estatal no se amedrentó. 

La Procuraduría de Justicia del Estado solicitó ante diversos jueces locales la emisión de órdenes de aprehensión contra por lo menos una veintena de estudiantes, a los que se les responsabiliza de diversos ilícitos ocurridos en las últimas tres semanas. 

Los ilícitos por los que se busca son robo, obstrucción de las vías generales de comunicación y lesiones.