La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llamó a alzar la voz por la independencia judicial, al tiempo que advirtió sobre las implicaciones que tendría “vulnerar o perder” un baluarte como ese, la cual tiene una responsabilidad compartida.
Al inaugurar el “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial…Reflexiones desde la Judicatura”, la representante de la máxima autoridad judicial destacó que la independencia judicial “está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas, la independencia y la responsabilidad de los jueces”, los cuales son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces.
En el marco de las discusiones legislativas sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Juzgadora Constitucional afirmó que la democracia implica, gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad, es todo mayorías y minorías, enfatizó que en este marco, “ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano”.
“Una democracia, tal como lo dispone nuestra ley suprema, nuestra Constitución, es un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo, en esas búsquedas del mejoramiento constante”.
Independencia judicial, un patrimonio
Arropada por los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo; así como por los consejeros de la Judicatura, Lilia Mónica López Benítez y Alfonso Montalvo Martínez, Norma Lucía Piña, advirtió que la independencia judicial es un patrimonio.
“La independencia judicial ocupa un lugar de la mayor relevancia, preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo”.
En su turno Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es necesario un Poder Judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación, en constante formación.
“Que sea capaz de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger derechos no le costará su carrera, su libertad, e incluso su propia vida, como ocurre, desafortunadamente, en nuestro país el día de hoy”.
La académica, dijo que la democracia e independencia judicial “son elementos simbióticos, es necesario, por ello, arrojar luz sobre lo que implica cada uno de estos elementos, desde la perspectiva de los derechos humanos“, al tiempo que destacó que la justicia hoy “requiere de personas juzgadoras íntegras que puedan verse libres de cualquier presión o interés, incluidos las mayorías y los partidos políticos”.
La especialista en el tema, reconoció que el Poder Judicial, pero también el Ejecutivo y Legislativo, requieren de una reforma para responder mejor a los desafíos que presenta hoy la realidad de México, especialmente en el clima de impunidad, inseguridad y falta de Estado de Derecho que vivimos.
Sin independencia judicial, el derecho se distorsiona
Por su parte el representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Jesús Peña Palacios, afirmó que sin independencia judicial, “el derecho se distorsiona y se desfigura”.
“Una decisión para ser justa, debe basarse en los hechos y ser consonante con el derecho; estar exenta de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida de cualquier actor o por cualquier motivo; brindar soluciones que respondan a las necesidades de las personas; y ser receptiva, responsable, transparente y verificable”.
El diplomático destacó que la apertura del Estado mexicano a la cooperación y el escrutinio internacional ha sido ampliamente reconocida y saludada, función que se realiza de buena fe, “sin lesionar la soberanía nacional o pretender invadir los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna del Estado”.
En ese sentido dijo que, por el contrario, se basa en las obligaciones que el Estado mexicano ha adoptado en la esfera internacional, con el fin de promover que los derechos y libertades reconocidos sean respetados y las disposiciones del derecho interno sean compatibles con los compromisos internacionales.
Peña Palacios invitó a que el encuentro se interprete como una acción genuina que aspira a generar una reflexión amplia y especializada que permita hacer frente a los obstáculos sistémicos y persistentes desde un enfoque de derechos humanos y coloque a las instituciones al servicio de las personas.
El encuentro tendrá una duración de tres días y tiene el propósito de visibilizar la relevancia global de preservar la independencia judicial, como piedra angular de los Estados democráticos de derecho.
