El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere despedirse de su sexenio con una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que tanto ha criticado en estos años y que, gracias a la mayoría que alcanzó el partido oficialista, es posible que vea la luz en septiembre de este año.
Uno de los principales cuestionamientos que ha lanzado AMLO radica en los salarios que conforman este cuerpo judicial, principalmente los altos y medios mandos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura (CJF).
Y es que la nómina de trabajadores considerados de primer nivel en el Poder Judicial de la Federación llega a oscilar desde los 150 mil pesos y, en algunos puestos, el tope salarial está por encima de los 250 mil pesos. En otros casos, el ingreso llega a superar los 500 mil pesos como sucede con ministros y magistrados.
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Se trata de una cuadrilla de trabajadores de la autoridad judicial de México que perciben prestaciones de “de oro” y que podrían perderlas ante la inminente reforma que se cocina en el Congreso de la Unión.
Reporte Índigo realizó una revisión a los tabuladores de los sueldos de la plantilla de trabajadores que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual supera hasta 20 veces el salario mínimo que percibe el grueso de la población mexicana.
El sueldo más alto que se encuentra en la SCJN es el del ministro, quienes ganan 297 mil pesos brutos al mes, es decir, llegan a ganar de manera anual más de tres millones 564 mil pesos cada uno de los 11 integrantes que conforman el máximo tribunal de justicia del país. En suma, le cuestan al erario casi 40 millones de pesos solamente para cubrir su salario al año.
A ello se le suma otras prestaciones económicas que reciben por ley como el pago por un riesgo anual, aguinaldo, prima vacacional, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, estímulo por antigüedad, entre otras prestaciones que difícilmente alcanza un trabajador promedio en el país y, las cuales llegan a sumar hasta más de 300 mil pesos.
En el organigrama de la Corte y en escalones más abajo, pero aún por encima del promedio nacional, se encuentran profesionales operativos, cuyo salario ronda los 52 mil pesos mensuales. Estos trabajadores, aunque no ocupan los puestos más altos, reciben un sueldo que supera con creces el salario mínimo en México.
Ustedes son los primeros en violar la Constitución, cobran sueldos por encima de la CONSTITUCIÓN, ejercen funciones del poder legislativo. ¿Con qué autoridad pretender hablar de ella? Sólo quieren seguir perpetuando su corrupción. Urge cambios en el poder judicial pic.twitter.com/hc5nMie4ww
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Por otro lado, los asesores dentro de la SCJN llegan a cotizarse por encima de los 115 mil pesos mensuales, más otras prestaciones que reciben. Los secretarios de ponencia, que juegan un papel crucial en el apoyo a los magistrados, tienen un salario de aproximadamente 89 mil pesos al mes.
En contraste, uno de los puestos más bajos dentro de la SCJN se encuentra el que corresponde a un Oficial de Servicios que no rebasa los 15 mil pesos mensuales, aunque al año perciben casi 40 mil pesos por concepto de Asignaciones adicionales. Pese a ello este salario aun supera al promedio de la población mexicana.
Mientras que los técnicos operativos, esenciales para el funcionamiento diario de la SCJN, reciben un salario de 33 mil pesos mensuales.
Al servicio de la ministra presidenta
Solo para la Presidencia de la SCJN se eroga más de medio millón de pesos mensuales para cubrir el salario de las seis personas que asisten a la titular de la SCJN, Norma Piña, de forma diaria, es decir, se desembolsan poco más de seis millones de pesos para cubrir esta nómina.
A ello se le suma el salario de la ministra presidente de la Corte, quien percibe un salario mensual bruto de 297 mil 403.77 pesos, más prestaciones como seguros de gastos médicos mayores, prima vacacional, depósitos para el ahorro solidario, seguro de separación, entre otras.
Otro de los funcionarios que sobresalen en esta lista por el alto salario que tiene es Alejandro Domingo Anaya Huertas, secretario de Enlace y Coordinación y que gana 167 mil 022 pesos brutos al mes. Además de su sueldo base, goza de igual manera de una serie de prestaciones que brinda la Suprema Corte de Justicia para este rango de cargo.
La nueva ministra de la SCJN, Lenia Batres, solicitó a la presidenta, Norma Piña, que su sueldo sea conforme al artículo 127; es decir menor que el del Presidente de México. También que se le inscriba al ISSSTE, o sea, no quiere seguro de gastos médicos mayores ni otro tipo de… pic.twitter.com/fVnCd2VNxF
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En la página oficial de la SCJN en el segmento de “Presidencia” también aparece Daniel Hernández Ramírez, asistente de gestión y seguimiento, con un salario mensual de 48 mil 502 pesos; así como Ibrain Hernández Rangel, técnico operativo, con un ingreso mensual de 20 mil 629.77 pesos.
Marcos Antonio Pérez Estrada, también asistente de gestión y seguimiento, percibe un salario de 48 mil 502.90 pesos mensuales, mientras que Solorio De la Vega Lucía, secretaria auxiliar nivel II, recibe 60 mil 358.30 pesos al mes. Por su parte, Yáñez Quintana Sandra, secretaria particular de Mando Superior, tiene un salario mensual de 146 mil 724.66 pesos.
Los gastos de la SCJN
En lo que va de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha celebrado una serie de contratos destinados a diferentes rubros, incluyendo mantenimiento, ciberseguridad, insumos para cafetería y servicios para los trabajadores.
Estas contrataciones han sido para su sede principal ubicada en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México y otros inmuebles de impartición de justicia ubicados en todo el país.
Por ejemplo, uno de los últimos contratos que se firmó fue para el mantenimiento preventivo de 12 relojes antiguos ubicados al interior de la SCJN. El contrato estipula que el mantenimiento de dichos artefactos se programó para los meses de marzo a diciembre de 2024. Este servicio fue solicitado por la Subdirección General de Servicios y Almacenes, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales, con un costo de 10 mil 909 pesos.
Mientras tanto, la Dirección de Comedores de la SCJN destinó 12 mil 948 pesos más para la realización de pruebas microbiológicas para garantizar la calidad e higiene de los alimentos ofrecidos en sus instalaciones.
Entre los contratos más costosos firmados por la Corte este año se encuentra uno destinado a la implementación de un “Centro de Operaciones de Ciberseguridad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el cual ascendió a más de 90 millones de pesos y que se adjudicó a la empresa Totalsec S.A de C.V.
En otra partida presupuestal se destinaron siete mil 771 pesos para pagar un paquete de plan ilimitado para un vehículo modelo Suburban 2019, con placas de circulación N55-BFS.
En el sistema de compras del Gobierno federal, Compranet, el ritmo de gastos de la SCJN también se ha mantenido en este tipo de rubros en la presente administración federal, por lo que podría cambiar está dinámica el próximo año con los cambios que se realicen por las cámaras legislativas.
Alzan la voz desde los juzgados
Más allá de los altos salarios que ganan ministros y magistrados, así como de los mandos medios, trabajadores del PJF y los adscritos a los juzgados que se ubican en los estados del país se alistan para ofrecer una jornada de información masiva en toda la República mexicana.
El objetivo, afirmaron en entrevistas por separado por este diario, es que la ciudadanía conozca los alcances, facultades y principalmente se dimensione el trabajo que se realiza en los juzgados y circuitos, pues temen que con esta reforma merme la justicia de todos los mexicanos.
Para Efraín Juárez, secretario de Juzgado en Nayarit, una de las principales cosas que deben entender los mexicanos es que el PJF es diferente al que se maneja en los estados del país, ya que asegura que hay un desconocimiento generalizado de las funciones de este poder a nivel nacional.
Agregó que, si bien la reforma legislativa busca ajustar los salarios y prestaciones de los empleados del Poder Judicial para alinearse con los estándares salariales del resto de la población, en términos generales afectará a toda la fuerza laboral, desde sus facultades hasta sus salarios y prestaciones.
“La reforma afectará de manera directa a los justiciables, pues a partir de la elección de los jueces y magistrados por voto popular, serán postulados por decisión política por lo que sus decisiones se verán influenciadas por intereses partidistas afectando directamente la independencia judicial, que beneficia única y exclusivamente a los mexicanos”, sostuvo el trabajador.
Y es que en los próximos meses, se espera que el Congreso de la Unión, con una mayoría aplastante del partido oficialista, ponga a discusión y avale la propuesta de AMLO que plantea una reestructuración del PJF en todos sus niveles.
Para Mina Moreno, abogada y especialista en derechos humanos de los trabajadores del PJF, en caso de que avance esta reforma se sentará un precedente histórico, toda vez que asegura que el PJF ha sido sometido por algunos cuantos y a caprichos de jueces y magistrados.
Moreno relató que históricamente juristas, litigantes, secretarios, así como abogados de todo el país no pueden acceder a estos cargos de impartición de justicia, debido a que existe una cerrazón institucional.
“La reforma es necesaria porque los magistrados y jueces tienen tomado el Poder Judicial, además de sus altos salarios y prestaciones que tienen, las posiciones al interior del PJF están completamente cooptadas por ellos para familiares y amigos”, alertó Mina Moreno.