En su tiempo todavía como procurador General de la República, Jesús Murillo Karam apareció ante los medios de comunicación el 7 de noviembre del 2014 para dar a conocer “la verdad histórica” sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa: a los 43 los habían asesinado y quemado en el basurero de Cocula, Guerrero.
Ahora, a la luz del expediente público del caso –dado a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) este domingo-, esta versión pierde fuerza, pues encuentra su contradicción en la propia declaración de los inculpados.
De acuerdo con declaraciones de algunos señalados por la PGR como presuntos responsables de los hechos, un grupo de normalistas sí fue ejecutado en la parte alta del basurero de Cocula, como lo mencionó Murillo; pero a otros les fue arrebatada la vida antes de llegar ahí.
Según el testimonio de Marco Antonio Ríos Berber, hoy detenido, quien trabajaba como “halcón” –realizando funciones de vigilancia- para el grupo criminal Guerreros Unidos, por él llegó otro sujeto –de quien no se revela el nombre- a bordo de una camioneta con tres estudiantes normalistas.
Ríos Berber se encontraba con otra persona, de la que tampoco se revela su identidad. Ambos fueron recogidos por el sujeto de la camioneta. A él lo mandaron a comprar diésel a una gasolinera ubicada en la calle Zaragoza –en Iguala-, y tuvo que llevarlo “cerro arriba” de la colonia Pueblo Viejo.
La colonia Pueblo Viejo se encuentra en una de las orillas de Iguala, a poco más de 30 kilómetros del basurero de Cocula, donde supuestamente se quemó a los estudiantes.
Ríos Berber relata en su declaración que, cuando volvió con el combustible, se dio cuenta que los otros dos sujetos ya habían matado a los normalistas de un tiro en la cabeza “por andar de revoltosos”.
Se ordenó entonces a un hombre apodado “El Chaki” que hiciera una fosa donde aventaron los tres cuerpos y les prendieron fuego.
Más tarde llegaron hasta ellos otros dos sujetos en una camioneta color blanco en la que transportaban a otros 10 normalistas. Se dio la orden de matarlos. Ejecutaron ahí a seis de ellos.
“Dejaron vivos a cuatro; aventando a los seis muertos al hoyo, donde les prendió fuego hasta que se calcinaron, tapando el hoyo con tierra y ramas, dejando amarrados a los otros cuatro estudiantes, a quienes golpearon y dejaron inconscientes”, relató Ríos Berber.
Más tarde, Ríos Berber se enteró de que otra persona había matado ese mismo día a los cuatro normalistas porque “se estaba calentando la plaza”.
Marco Antonio Ríos cobraba la cantidad de 5 mil pesos por realizar sus labores de halcón en Iguala.
El Equipo Argentino de Antropología Forense dio a conocer en noviembre del 2014 que se había encontrado una fosa en Pueblo Viejo, pero que ninguno de los cadáveres que ahí se hallaron era de los normalistas.
Esta narración del detenido sobre el destino de 13 normalistas no fue dada a conocer por Murillo Karam aquel 7 de noviembre, cuando dijo que los hechos que relataba constituían “la verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala.
Había dos infiltrados
En el testimonio de otro de los detenidos, Jonathan Osorio Cortés, alias “El Jona”, se habla de que los propios estudiantes de la Normal de Ayotzinapa señalaron que entre ellos iba un hombre infiltrado de la banda “Los Rojos”, grupo criminal contrario a los “Guerreros Unidos”.
Osorio narró que, al llegar al basurero de Cocula con los normalistas, que eran transportados en dos camionetas, los separaron en dos grupos: los que ya iban muertos por asfixia y los que aún estaban vivos.
A estos últimos, los delincuentes comenzaron a ejecutarlos de un tiro en la cabeza. Sin embargo, cuando quedaban ya pocos, entre ellos comenzaron a reclamar a uno de los estudiantes.
“Los que quedaron vivos empezaron a decir que entre ellos había un hombre de apodo ‘El Cochiloco’ que estaba vivo, quien venía al frente del grupo de muchachos, indicaron que eran estudiantes de Ayotzinapa y que el Cochiloco era de los Rojos y estaba asociado con el director de la Normal de Ayotzinapa, todos coincidían en señalar al Cochiloco quien era el culpable de que estuvieran ahí.
“Una vez que indicaron quién era el Cochiloco y otro infiltrado de los Rojos, que decía al parecer policía, se separó del grupo a estas dos personas”, relató Osorio.
A los dos, los sicarios los interrogaron y después les dispararon. El testimonio señala que, como los normalistas ya no decían nada más, les pegaron con un tronco en la cabeza y así fue como los mataron.
El director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, es José Luis Hernández Rivera quien, en una entrevista con Excelsior publicada el 22 de septiembre del 2015, afirmó que la PGR no lo ha llamado a declarar por el caso.
“Miguel Ángel Hernández Martínez, lo recuerdo por sus patillas, estuvo vivo casi hasta el final, mencionó que el Cochiloco estaba involucrado con el director de la Normal Rural que se coordinaban para organizar marchas infiltrando contras (…) Le gritó al Cochiloco ‘Tú tienes la culpa de que nosotros estemos aquí’, eso fue lo que dijo”, comentó Osorio cuando se le mostró una fotografía de Hernández Martínez.
El joven que fue señalado como “El Cochiloco” fue Cutberto Ortiz Ramos, quien fue ejecutado en la parte alta de Cocula, según el relato del detenido.
“El Jona” se dijo sorprendido porque varios de los jóvenes llevaban pasamontañas en sus pertenencias y, comentó, se notaba quiénes eran los normalistas porque usaban huaraches y ropa sencilla, mientras que los supuestos infiltrados llevaban tenis y tenían un corte de cabello diferente, además de que se veían mayores.
Osorio relató que acudieron a un encuentro que se hizo en Iguala en días posteriores, cuando los compañeros de los jóvenes desaparecidos y sus familiares fueron hasta ahí para protestar por los 43. Usaban, incluso, camiseta blanca, como marcaba la convocatoria para la protesta.
Las condiciones de Iguala
El expediente revelado por la PGR da cuenta del ambiente que se vivía en esa ciudad guerrerense, una localidad azotada por el crimen organizado.
En testimonios de los detenidos quedó asentado que la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Protección Civil de Iguala se encontraban infiltrados por personas de la banda de los “Guerreros Unidos”.
“(Se) daba la orden de que cuando pasara la camioneta de Protección Civil de color rojo del municipio de Iguala se tenían que mover de lugar, ya que dicho vehículo era ocupado para transportar cocaína y personas, las cuales las llevaban al municipio de El Naranjo”, afirma el expediente.
Lo revelado por la PGR señala la acusación que existe contra José Luis Abarca, alcalde de Iguala, por haber ejecutado a varias personas de la Unión Popular, una organización que varias veces realizó protestas en su contra.
“Se los llevaron a un cerro grande, en donde había por lo menos otras siete personas privadas de su libertad, lugar en donde ese mismo día torturaron y mataron a *(tachado) al día siguiente viernes 31 de mayo del 2013, como a las cinco de la tarde, llegaron cuatro o cinco personas más, uno de ellos era el presidente municipal de Iguala, de nombre José Luis Abarca Velázquez, dos más vestidos de policía Felipe Flores Velázquez, quien en ese entonces era el secretario de Seguridad Pública Municipal y otros más, quienes les decían que eso les había pasado por hacer marchas contra el municipio y por reclamarle en público al presidente municipal de Iguala”, se lee en el expediente.
El documento de la PGR indica que uno de los detenidos reveló que los “Guerreros Unidos” entregaban la cantidad de 600 mil pesos mensuales al “Comandante Valladares” –Francisco Salgado Valladares- para pagar la nómina de los policías de Iguala, Guerrero.
