Juan Manuel Aguilar Antonio, especialista en seguridad nacional e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), opina que si bien las policías locales están rebasadas en gran parte del país, en varios municipios hay instituciones muy bien constituidas, como en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; en Chihuahua, Chihuahua y en Zapopan, Jalisco.
“Vemos instituciones muy bien constituidas y sólidas porque cumplen con el papel fundamental de la proximidad social y la protección de la ciudadanía. Estas policías son cercanas a la gente, tienen buenos protocolos de acción y contención de la criminalidad.
“Pero en ciertos ámbitos se ven superadas por los grupos del crimen organizado o por dinámicas delictivas más complejas, como la transición de los delitos del fueron común a los del fuero federal. Hay ciertos territorios en los que hay una penetración muy fuerte de los grupos criminales, debilidad institucional de los gobiernos y, en ese sentido, la criminalidad encuentra el camino para poder realizar sus distintas actividades sirviéndose de la ausencia del Estado de Derecho. Estos territorios son los puntos más cercanos en los que se puede ver esta falla en las instituciones policiales y se opta por la vía de los militares”, opina.
El especialista señala que estas policías modelo se han logrado constituir gracias al compromiso de las cámaras empresariales y diversos actores de la sociedad civil.
El gran problema que ve Aguilar Antonio respecto a la seguridad nacional es que cada seis años la estructura de las instituciones de seguridad pública federal cambia, un fenómeno que se viene dando desde el sexenio de Vicente Fox y que podría volver a ocurrir al término del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
“Si la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no queda fijada en una reforma constitucional, la estructura puede cambiar en el siguiente sexenio. Cuando se acabe este gobierno la Guardia Nacional va a estar en un limbo, por eso se debe de reformar la Ley de la Guardia Nacional y la ley del Ejército y la Fuerza Aérea para insertarla como tercer brazo de la Sedena.
“Lo que no se estará cumpliendo es con la promesa que se hizo en 2019 y que muy pocos recuerdan: que la Guardia Nacional se iba a apoyar de las Fuerzas Armadas hasta 2024 y después los militares regresarían a los cuarteles (…) Cada vez se opta menos por las vías de seguridad ciudadana para el fortalecimiento de las instituciones locales que son claves para el ámbito de la seguridad pública de los diferentes contextos del país”, concluye el especialista.
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