¿No te resuelve la autoridad? Puedes interponer un amparo para evitar la tala de árboles

En caso de que una empresa corte árboles o realice alguna afectación a la naturaleza, los pobladores pueden interponer un amparo, asegura el Instituto Federal para la Defensoría Pública (IFDP).

Esto, en vez de acudir a las alcaldías o a los organismos encargados de brindar protección ambiental, debido a que en ocasiones anteriores no han dado seguimiento a las denuncias.

En la capital del país, un grupo de vecinos de la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, se organizaron para proteger cuatro árboles de jacarandas que una compañía buscaba talar para que, en su lugar, se tuviera ingreso al predio de una plaza comercial en construcción.

Por temor a represalias, los denunciantes han optado por no difundir su nombre, sin embargo continúan con el proceso legal en contra de los empresarios, asegura su abogado Ignacio Miñón Ramírez, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), y a quien se le asignó el caso.

“Pretendieron que no se derribaran o talaran cuatro especies de árboles de la especie jacaranda que estaban en la construcción de un centro comercial”, detalla en entrevista con Reporte Índigo.

El asesor jurídico federal explica que el grupo de vecinos acudió con el Instituto para que se resguarde el entorno ambiental de la zona, un derecho inscrito en la Constitución.

“Ese centro comercial quería habilitar una vía para salida del estacionamiento de la construcción y estorbaban los árboles, y pretendían derribarlos, entonces (los vecinos) se opusieron y solicitaron el apoyo para que, por la vía legal, se impidiera el derribo de los mismos”, afirma.

El abogado comenta que en estos casos es común que los vecinos inconformes realicen bloqueos o se manifiesten, pero ello no necesariamente incide en que la autoridad haga algo y, en el caso del amparo, es un proceso más firme.

Amparo, proceso de mayor impacto ante tala de árboles

Ignacio Miñón precisa que el procedimiento no solamente compete a los jueces cívicos, sino también a los jueces de distrito.

“Cuando el juez de distrito concede la suspensión de amparo, esta suspensión no es cualquier cosa, se tiene que cumplir en los estrictos términos en los que se indica y aquí, si no se cumple, so pena —bajo el riesgo— de que el juez aplique las medidas establecidas en la ley de amparo”, expresa.

Manifiesta que las sanciones ocurrirían en caso de que no se cumplan los efectos que concedió el juez para impedir que se lleven a cabo las afectaciones al medio ambiente.

“La mayoría de las personas hacen manifestaciones ahí frente a los árboles, acuden a la Procuraduría ambiental o a las fiscalías especializadas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para impedir los derribos.

“Pero también esto se puede realizar a través de juicios de amparo porque el Estado tiene la obligación de velar por el entorno ecológico y por garantizar a los usuarios y a toda la población un ambiente sano, de acuerdo con su entorno ecológico”, indica el litigante.

La denuncia ante la Procuraduría local sirve en caso de que las empresas o las personas estén realizando una poda y se busque impedirla, ya que, según el experto, en la mayoría de las ocasiones los imputados no cuentan con los permisos necesarios.

“Sino que de motu proprio —voluntariamente o por iniciativa propia— actúan y pretenden pasar desapercibidos haciendo ese tipo de conductas al margen de la ley, al margen de toda permisión”, señala Miñón Ramírez.

La solicitud de amparo lleva a un proceso en el que se revisa el menoscabo al entorno ecológico y las empresas tienen que reparar los daños y hacer un resarcimiento, en caso de que tiren el arbolado.

“Esta situación está establecida y garantizada en el artículo cuarto de la Constitución, por ese motivo se puede acudir ante un juez de distrito en materia administrativa”, comenta.

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