No se ve claro

Las reformas educativa y de telecomunicaciones parecían pan comido. Y parecían también, muy claras. 

De pronto todo se complicó. La visión se volvió borrosa y los actores encargados de aprobarlas, difieren. No se ve claro. 

El buen paso que llevaban estos dos proyectos del presidente Enrique Peña Nieto, empieza a decaer. 

La educativa encontró rechazo de los gobiernos de Guerrero y Oaxaca.

Los dos estados en los que más problemas hay con los maestros por sus bloqueos e inconformidades para que no se modifiquen sus privilegios.  Ahí la reforma educativa cayó en sus primeros baches.

En ambas entidades avanza una contrarreforma educativa que prácticamente se contrapone con lo aprobado por el Congreso federal y que fue uno de los primeros grandes logros de la actual administración.

Ángel Aguirre, Gobernador de Guerrero, dijo que la reforma es autoría del Congreso local y Gabino Cué aseguró que sólo se pretende suavizar lo que avalaron los legisladores federales.

En materia de telecomunicaciones en el Senado la reforma entró en un pequeño laberinto. Fue turnada a seis comisiones para su dictaminación.

Será en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Radio y Televisión, en las que se tendrá que dictaminar.

Las de Gobernación y Justicia sólo darán su opinión.

La bancada del PRD en el Senado está convencida de que modificarán el proyecto de telecomunicaciones. Cambios menores pero que le urgen a los partidos de izquierda.

Entre ellos está la inclusión de la propuesta de “Internet para Todos”, que consiste en que haya acceso universal a la red para los ciudadanos del país.

Además de que planean realizar una serie de consultas con especialistas del sector.

En la bancada  panista es en donde se encuentra la moneda en el aire, pues hay una propuesta de modificación que promueve Javier Lozano y cuenta con el apoyo de al menos 35 de los 38 legisladores de ese partido.

Sin los votos de la bancada panista la reforma no puede ser aprobada ya que al ser constitucional,  requiere al menos dos terceras partes de los votos.

Entre las modificaciones que quiere el PAN está impedir la creación del Ifetel, el órgano de nueva creación que propone la reforma a fin de que permanezca la actual Cofetel.

Sin embargo el líder de ese partido adelantó a los senadores que no aprobar esta reforma sería ser “cómplice de los poderes fácticos”. 

Es decir que el líder panista dice una cosa en el seno del Pacto por México pero sus legisladores piensan otra cosa.

En realidad la estrategia panista es ganar tiempo para que las presiones del duopolio televisivo se intensifiquen y logren convencer en otras bancadas el aplazarla hasta el próximo período que inicia el primero de septiembre. 

El PRD busca que se le hagan modificaciones y se envíe nuevamente a la Cámara de Diputados, con el objetivo de que la reforma salga antes de que termine este período de sesiones el 30 de abril.

Senadores mal comunicados

Fue aprobada en la Cámara de Diputados y al pasar a los senadores,  estos lo toman con calma y turnaron el tema a cuatro comisiones para su discusión.  La resolución podría tomar tiempo.

Los senadores nuevamente son los que se toman las cosas con calma. Tal cual lo hicieron con la reforma laboral, ahora a la de telecomunicaciones pretenden meterle mano.

El coordinador de los perredistas, Miguel Barbos, ya adelantó que no aceptarán tal cual la minuta de la Cámara de Diputados. 

El tiempo apremia, el período de sesiones termina el 30 de abril si quieren que salga, con todo y modificaciones, tendrán que salir del bache en el que se encuentran.

Pero optimismo es lo que siempre hay en el Congreso Mexicano.

“Sin duda que sí, en este período habrá reforma constitucional de telecomunicaciones. Si el Senado asume que haya adiciones o modificaciones yo creo que debemos resolver esto en dos semanas para que los diputados tuvieran el tiempo suficiente para hacer lo propio, pero vamos a actuar con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Que no se diga que aquí tenemos que hacer las cosas al vuelo, con una prontitud que afecte la seriedad de lo que se hace”.

Por su parte Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado y coordinador de los albiazules, aseguró que no hay fecha para la dictaminación.

Los panistas muestran menos prisa y mucho más interés por una amplia consulta sobre el contenido de la minuta.

El llamado de su líder nacional, Gustavo Madero, de que de no aprobar la reforma los haría cómplices de los poderes fácticos no parece tener eco en la bancada, conformada en su mayoría por calderonistas.

“Creo que hay que escuchar a todos, creo que lo peor que se puede poner son plazos fatales, yo creo que yo no puedo decir: puede salir mañana, puede salir en un mes, yo eso no lo sé. Todo depende del análisis que se haga”.

Y Cordero insistió que es tan importante lo que se tiene en juego, que por eso es importante una discusión amplia con todos los sectores, a fin de que en realidad se eleve la competencia en el sector.

Emilio Gamboa, coordinador del PRI reconoció que en las comisiones a las que se turnó la minuta hay una alta presencia de priistas.

Esto les podría servir para ganar en el dictamen, e incluso recuperar algunos de los puntos que se tuvieron que modificar en la Cámara baja, o simplemente para acelerar la salida del documento para votación.

Gamboa  aseguró que las inquietudes del PAN sobre las facultades del nuevo organismo que suplirá a la COFETEL,  las respeta, pero que ve en ellas un gran gesto del Gobierno federal.

“Es el único presidente que se quita una atribución que es importantísima en la vida política de mi país, lo digo como exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el tener la facultad constitucional de otorgar las concesiones. Hoy se lo da a un órgano independiente. Me parece que es parte de la negociación política que se hace en el Pacto por México”.

Además en el PRI tuvieron nuevamente una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruíz Esparza,  quien defendió la opinión no vinculante para el otorgamiento de concesiones.

En la Cámara baja se cambio este tema para que sea el titular de la SCT el que dé esa opinión,  y no el presidente de la República.

“El tema de la opinión no vinculante, el hecho de querer desvincular esa opinión del Ejecutivo de una dependencia del Ejecutivo, creo que va en contra de la seguridad nacional. Creo que ahí debe tomarse en cuenta que esa opinión en la práctica se da en otros ámbitos.

“Siempre se consulta al Ejecutivo Federal sobre estos temas tan delicados, para que una concesión que se autorice tenga una garantía de servicio y no estemos permitiendo algo que en un momento dado en ningún otro país se permitía”.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, quien también participó en la reunión con la bancada tricolor, dijo que no existe posibilidad de que se presente una acción de inconstitucionalidad una vez que sea aprobada la reforma.

Así, con evidentes diferencias y la mutua necesidad de los votos entre las tres principales bancadas por ser reforma constitucional, el tema de telecomunicaciones estará los próximos días en el escaparate político nacional.

Es el primer aviso al presidente de la República de que pese a los discursos y la buena voluntad de los líderes de los partidos, sus proyectos se pueden complicar a pesar de ser urgentes para el país. 

¿Cómo van las Reformas?

Educación

Presentada el 10 de diciembre por el presidente Peña Nieto, fue aprobada por los diputados el 20 de diciembre y el 21 por los senadores.

El martes 6 de febrero la Cámara de Diputados declaró la reforma constitucional tras recibir la ratificación de 23 estados. Un día después lo hizo la Cámara de Senadores. El ejecutivo junto con la Secretaria de Educación promulgó la reforma el 25 de febrero.

Ahora trabajan en reformas secundarias a la Ley General de Educación, se estima que estarán listas para agosto.

Entidades como Oaxaca y Guerrero han mostrado oposición, pero el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, anunció el primero de abril que no buscará una contrarreforma o irá en contra de la reforma educativa ya aprobada.

Energética

Una propuesta podría demorarse meses. El Pacto por México busca iniciar negociaciones a partir de promesas de campaña del presidente y se ha propuesto que las pláticas inicien en septiembre, cuando el Congreso regrese a sesión ordinaria. Las discusiones todavía se encuentran en su etapa preliminar.

Telecomunicaciones

Iniciativa propuesta el 11 de marzo.  Aprobada en la Cámara de Diputados el 21 del mismo mes y turnada el 2 de abril a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión y Gobernación y Justicia, en donde han empezados las pláticas. Si no sufre cambios, saldrá a los congresos estatales; si la modifican, se regresa a los diputados.

Fiscal

Los participantes del Pacto por México anuncian que iniciará este mes la elaboración de la propuesta de reforma al sistema financiero. Estima que esté lista en junio.

En la lista de los pendientes está la construcción de acuerdos en torno a la reforma financiera para abaratar el crédito bancario.

La rebelión polemiza

El anteproyecto de Gabino Cué ha desatado también una fuerte polémica.

El gobernador de Oaxaca insiste en que su propuesta de modificar la Ley General de Educación no atenta contra la reforma educativa federal: “De ninguna manera es una contrarreforma a la reciente reforma de la educación”, escribió ayer en su cuenta de Twitter, cuando se disponía a sostener un encuentro con legisladores federales de diversos partidos políticos.

No obstante, pese a negar que su iniciativa contravenga la reforma que se enmarca en el Pacto por México, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, esta sugiere que la permanencia de los maestros en su trabajo no debe estar condicionada por el resultado que arrojen las evaluaciones sobre su desempeño.

El mandatario acudió ayer a San Lázaro a cabildear su reforma, que contempla modificar artículos esenciales con diputados federales por Oaxaca. 

Por ejemplo, modificaciones al artículo 7 de la Ley General de Educación, que propone diseñar planes y programas de estudios con la participación del magisterio y los padres de familia.

La modificación del artículo 12 se refiere a que docentes y padres de familia formen parte de la evaluación de los planes de estudio. Que se haga un proceso de consulta y consenso que incorpore contenidos con una visión regional.

Los cambios a algunas fracciones del artículo 13 plantean redefinir “criterios y términos y en qué condiciones se va a dar la evaluación de las maestras y maestros”.

La 22 rechaza el ‘proyecto Cué’

En todo momento el discurso del gobernador Cué busca la conciliación con el magisterio.

En la conferencia de prensa que dio ayer en la Cámara baja, insistió en la preocupación de las maestras y maestros de Oaxaca por la educación, “por eso presentamos este documento y lo estamos compartiendo con los legisladores y obviamente que, cuando hablamos de evaluación, las maestras y maestros de Oaxaca no están en contra de la evaluación”.

Descartó que su proyecto de reforma sea producto de la presión del sindicato magisterial, “no es producto de una mesa de negociación, ni mucho menos de presión. Este es un ejercicio que construimos con las maestras y maestros para demostrar que las maestras y maestros de Oaxaca y su gobierno, estamos preocupados y ocupados por la educación”.

Pese a que el anteproyecto Cué pretende matizar determinaciones nodales de la reforma federal, la oposición ya se hizo presente.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se deslindó de su proyecto de reforma a la ley secundaria.

Rubén Núñez Ginez sostiene que Cué se fue por la libre, sin el aval del sector que congrega a 72 mil trabajadores de la educación.

Desmarcándose del Ejecutivo estatal, aseguró que esta sección no ha firmado proyecto alguno y seguirá adelante con su “lucha a nivel nacional”. 

“El gobernador del Estado se anticipó, sin el consentimiento de la 22, para presentar esta iniciativa”, afirmó Núñez.

Cué, por su parte, insiste en que su propuesta está consensuada con un amplio sector de profesores y fuerzas políticas de Oaxaca.

Si las amenazas de contrarreforma prosperan, el gobierno federal cuenta con la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.