No hay cobro de piso en Monterrey: Adrián de la Garza

El alcalde regiomontano negó que se tengan reportes de esta práctica en el municipio y llamó a la ciudadanía a reportar cualquier caso similar
Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Publicado el
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Luego de que el municipio de San Pedro, en voz de su alcalde Mauricio Fernández, reconociera los problemas relacionados al cobro de piso efectuado en dicha demarcación, Adrián de la Garza, edil regiomontano, negó que en Monterrey se presentara dicha situación y reiteró la política de “tolerancia cero” de su gestión ante este tipo de prácticas.

En atención a medios de comunicación locales, el priista afirmó que su administración no ha recibido reportes de este tipo de delitos, más allá de que cualquier anomalía medianamente similar cometida en contra de negocios locales será perseguida de inmediato.

“Está vigilada y prohibida cualquier situación de cobro de piso en cualquiera de sus modalidades.; no hay extorsión, no hay cobro de piso y no lo vamos a permitir (…) Le decimos a la ciudadanía que, en caso de que tengan una situación de este tipo, comuníquelo, porque la instrucción que tiene todo el gabinete es cero tolerancia a este tipo de cosas“, advirtió De la Garza Santos.

El alcalde reiteró que la extorsión se perseguirá de la misma forma así sean los perpetradores integrantes del crimen común o el organizado, e incluso inspectores o funcionarios de gobierno.

De acuerdo con Mauricio Fernández, el cobro de piso en San Pedro, práctica que consiste en el pago de una cantidad determinada a grupos delincuenciales para permitirle a empresarios operar sus negocios con tranquilidad, ascendió en algunos casos hasta los 130 mil pesos mensuales.

Propone diputado emecista ‘candado’ contra extorsión

Hace un par de días, José Luis Garza, diputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, propuso una iniciativa de reforma a la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial, con la intención de crear la figura del orientador, cuya función sería la de asesorar al ciudadano a cumplir con la autoridad antes de aplicarle una sanción por determinada causa, misma que normalmente impone un inspector y, en ocasiones, llega a ser equiparable a un cobro de piso.

“Estos abusos afectan la credibilidad del gobierno y fomentan una cultura de desconfianza; urge que implementemos medidas que protejan a los comercios y aseguren una regulación justa y transparente”, dijo Garza.

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