Organismos civiles y empresariales se manifestaron en contra de la propuesta del Gobierno de Nuevo León de construir un viaducto elevado sobre el cauce del Río Santa Catarina.
Mediante un boletín enviado a medios de comunicación, especifican que tampoco están a favor de cualquier proyecto de segundos pisos viales que fomenten el uso del automóvil particular.
Organismos que incluso son afines al gobierno del mandatario estatal, Samuel García, como es el caso del Consejo Cívico, Pueblo Bicicletero, OCCAMM y Reforestación Extrema, entre otros, exigieron que no se realicen este tipo de obras.
“Exigimos al Gobierno estatal, federal y a los municipales no comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones, y la calidad de su entorno, con proyectos de infraestructura cortoplacistas.
“Exhortamos al Gobierno estatal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detener este proyecto que atenta contra el medio ambiente y pedimos transparentar cualquier otro que afecte potencialmente los ecosistemas de nuestra metrópoli y sean opuestas a una movilidad sustentable”, cita el escrito.
Señalan que Nuevo León se encuentra en un momento clave de su historia, con la anunciada llegada de múltiples empresas internacionales y una inminente explosión demográfica y urbana.
Aseguran que esta situación confronta a la comunidad a decisiones cruciales para su futuro.
“Si no escogemos el camino de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, y de una ciudad más amigable para sus habitantes, con servicios de transporte masivo eficientes y modernos, nos estaremos enfrentando a un futuro sombrío”, se puede leer en el documento.
Critican situación de Nuevo León
En el comunicado, las organizaciones criticaron la situación en que el Gobierno del estado tiene a la Zona Metropolitana.
“Actualmente, la ciudad padece múltiples crisis, todas relacionadas: una ciudad dispersa y de baja densidad, un sistema de movilidad insuficiente y de baja calidad, una alta contaminación del aire, de los suelos y cuerpos de agua, y la depredación de ecosistemas naturales a favor de la urbanización.
“En este contexto, es inaceptable que se considere invertir fondos públicos o fomentar inversión privada en proyectos de infraestructura cuyo análisis, costo beneficio social y ambiental no esté abonando claramente a la construcción de un futuro distinto, ni sea transparente hacia a la comunidad”, son algunas de las palabras que se escribieron en el comunicado que entregaron.