Niños, sin aliados en la escuela contra la violencia intrafamiliar

Mientras que en otros países los protocolos para reportar y proteger de manera inmediata a los menores de edad que sufren maltrato en casa, cuyos casos se detectan en centros escolares, son claros y conducen a la separación inmediata del menor del entorno familiar, en México no se procura la justicia para los menores de edad.

Después de que debido al cierre de las escuelas por la pandemia de COVID-19 se registrara un aumento del 120 por ciento de violencia intrafamiliar, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), las niñas, niños y adolescentes se hallaban más vulnerables a estas agresiones, sin que nadie del entorno cercano pudiera notarlo.

Sin embargo, aunque los profesores encuentren marcas visibles de violencia en los estudiantes, el reporte de estas situaciones se trata de un trámite largo, que no deriva en acciones prontas para la protección del menor.

Rosa, una profesora de primaria que reside en la Ciudad de México, relata que reportar este tipo de casos es un proceso complicado, a menudo desalentado por las autoridades escolares, quienes por “no perder tiempo” deciden muchas veces no llevarlo más allá, ante la justicia.

“Cuando se detecta maltrato infantil en los niños, nosotros como maestros primero avisamos a la dirección de la escuela, donde se levanta un acta de hechos, que lo hace llegar a la supervisión que a su vez lo reporta a la dirección correspondiente y ahí lo ve jurídico de las direcciones operativas. Las acciones no son inmediatas, solo depende de la gravedad de las mismas que el trámite sea más rápido.

“En una ocasión, una compañera me mencionó que tras detectar que una alumna era víctima de abuso sexual en su casa, avisó y las autoridades escolares le dieron celeridad al asunto y que incluso a la escuela llegaron los agentes y el DIF para salvaguardar a la niña. Yo tuve un caso de una niña a la que le quemaban los brazos con cigarro por no lavar los trastes, se hizo la denuncia y el trámite correspondiente y fue muy tardado, sí se llevaron a los padres por maltrato infantil, pero siempre depende de que la escuela quiera denunciar”, dice.

Rosa menciona que en ocasiones las escuelas buscan evadir estos trámites porque son muy complicados y significan “estar dando vueltas”.

A pesar de que existen diferentes guías para reconocer los distintos tipos de maltrato en alumnos, ya sea en el ámbito escolar o en el hogar, por parte de sus padres, familiares o tutores, estas se enfocan en la prevención.

En su guía “Claves Para Identificar y Actuar Cuando Un Alumno Sufre Maltrato En Casa”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) apuesta por la prevención y la conciliación.

“Lo ideal, en el caso de México, es denunciar al DIF local, quienes tomarán la denuncia y verificarán la situación. El protocolo en nuestro país evita las separaciones innecesarias, por lo que piden a los padres acudir a la Escuela para Padres, tomar terapia y, en casos realmente extremos, separarán a los pequeños del ambiente dañino”, menciona.

Mejorar las condiciones

Malcom Aquiles, director de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de la organización World Vision México, considera que pese a la existencia de protocolos para canalizar a la autoridad conducente un caso de violencia infantil, hay condiciones que limitan su implementación y eficacia.

“Tenemos varios retos en el tema de la detección y canalización de los casos de abuso,

uno de ellos es la cantidad de herramientas y protocolos que existen o procedimientos que pueden llegar a existir, pero que además hay condiciones limitadas para poder implementarlas. Si se detecta un caso, hay una diversidad de maneras en las que en las escuelas se define quién o quiénes tienen una responsabilidad en la detección o para el primer contacto y quiénes son las autoridades, primeras respondientes, ante un caso.

“Y pues tendría que ser cada uno de los miembros de la comunidad escolar, es decir, niñas, niños y adolescentes, papás, maestros, personal administrativo, dirección, intendencia incluso quienes dan algún tipo de servicio, por ejemplo atendiendo la cooperativa, todos tenemos un rol de de primeros respondientes en tanto tenemos la capacidad, podemos tener la capacidad de detectar una situación y tener un criterio al respecto”, explica Aquiles.

El especialista detecta como otro de los grandes problemas al respecto, la falta de un plan de trabajo compartido con las autoridades locales, pues difícilmente lo van a escalar.

“Difícilmente vamos a analizar si se requiere la intervención de Seguridad Pública o se requiere la canalización a otra instancia judicial, social, pues, además siempre hay una desconfianza de que al canalizar el caso, les puede llegar a generar un problema personal”, indica.

Aquiles menciona que una de las alternativas es ofrecer información pertinente a toda la comunidad escolar, la creación de protocolos claros, la coordinación entre autoridades escolares y de otro tipo, como judiciales, con el objetivo de crear espacios seguros para la niñez.