En los divorcios quienes más pierden son los niños y adolescentes que se quedan en medio de dos familias y de una una guerra que los coloca casi al mismo nivel que los autos, las casas y el resto de los objetos materiales por disputar.
Las parejas los utilizan para afectar al antes ser amado con quien adquirieron un compromiso, realidad que con la llegada del COVID-19 se complica.
En definitiva, los abogados que cobran por la defensa de las partes en conflicto, son los únicos que ganan en estas situaciones.
La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) acusa que hay toda una industria en los divorcios que no toma en cuenta el bienestar de los infantes.
Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), afirma que cuando las personas adultas están en un conflicto es muy frecuente que se castigue la relación con una de las dos familias a las que el infante tiene derecho, esto debido a que la sociedad reconoce a los niños y niñas como propiedad de las familias.
“Esto los convierte literalmente en objetos de la batalla. Así como están discutiendo por las propiedades: el auto, la casa y demás, tratan a los niños y niñas como objetos”, afirma el experto.
Considera que la voz de niños y adolescentes históricamente ha quedado invisibilizada en los sistemas judiciales y se le considera inferior frente a la de un adulto.
“La violencia psicológica que viven niños, niñas y adolescentes se ejerce en tres vías: de parte de quien tiene la custodia, que puede negar el contacto con la otra parte o incluso hablar mal de su padre o de su madre; por otro lado, el papá o la mamá que quiere mantener un vínculo más estrecho, que reclama también la guardia y custodia, y violencia por parte de las instituciones del Estado que no escuchan la voz de niños y niñas y que los invalida”, detalla.
La pandemia ha agudizado las problemáticas que implican los divorcios al dificultar los procesos burocráticos en los juzgados de lo familiar, los cuales ya de por sí son trámites lentos.