Los menores de edad son víctimas del crimen organizado y la violencia armada que se vive en el país.
Durante los primeros días de noviembre de 2020, tres menores de edad fueron asesinados con una saña poco antes vista en la Ciudad de México.
El 1 de noviembre, los cuerpos de Alan y Héctor, dos adolescentes mazahuas desaparecidos días antes, fueron encontrados tras ser torturados y mutilados en una vecindad del Centro Histórico.
Sus restos fueron descubiertos cuando las bolsas donde eran transportados se cayeron de la carretilla en la que los llevaba el hombre que iba a deshacerse de ellos. Tenían 12 y 14 años.
El 10 de noviembre, en la colonia Guerrero, también en la zona centro, el cuerpo de otro adolescente fue localizado en una maleta, pero en esta ocasión quienes tenían la consigna de desaparecerlo eran casi su edad: José Rodrigo y Darwin Azael, de 15 años cada uno.
La víctima fue identificada como Alessandro, de 14 años. Los adolescentes mencionaron que las personas que lo asesinaron prometieron pagarles 2 mil pesos por tirarlo.
Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades y posteriormente vinculados a proceso por secuestro agravado, un delito de alto impacto.
Métodos de terror del crimen organizado
La crueldad con la que se cometieron estos crímenes y la forma de deshacerse de los cuerpos es frecuentemente usada por grupos criminales en otras entidades del país, pero hasta entonces no se había registrado en la Ciudad de México, donde las autoridades se han resistido a reconocer la presencia del crimen organizado.
“Estos métodos son de terror. Lo que generan es terror ante a sus adversarios y ante a las autoridades y hace ya mucho tiempo que lo hacen con niños y niñas porque precisamente ¿quién se atreve a tocar a niños y además mutilar sus cuerpos? Eso genera terror, es a propósito, incrementan la cuota de la extorsión”.
Así lo explica Juan Martín Pérez García, actual coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien desde hace años trabaja en la defensa de los derechos humanos de la niñez.
El activista señala que la pandemia de COVID-19 agudizó el problema de la violencia armada que ya se había estado ejerciendo contra este segmento de la población.
Lo anterior se debe a que muchos menores se vieron obligados a abandonar la escuela y no tienen redes de apoyo, lo que además facilitó su reclutamiento por grupos criminales.
Los resultados de la Encuesta para la Medición del impacto COVID-19 en la Educación (ECOVIDED) 2020 confirman la deserción escolar como consecuencia de la contingencia sanitaria, ya que entre las medidas que se adoptaron para frenar los contagios estuvo el cierre de escuelas.
Juan Martín explica que muchos de los jóvenes que ingresan a las filas del crimen no lo hacen por dinero, pues lo que les suelen pagar es muy poco o nada, sino que lo hacen por una cuestión de supervivencia, ya que no tienen otra opción.
También menciona que muchas personas creen que los menores de edad suelen ser reclutados porque son rápidamente liberados de los centros de internamiento, pero la realidad es otra: son fácilmente reemplazables.
“Es una visión que criminaliza a los adolescentes, los grupos criminales los usan porque son desechables, porque si los detienen hay cincuenta o cien más y nadie va a preguntar ni a preocuparse por ellos”
