Niñez indígena y afrodescendiente, doblemente rezagada

Niños indígenas y afrodescendientes mexicanos se enfrentan a un sinfín de omisiones para acceder a derechos fundamentales como son la educación y la salud.

Aunque estas problemáticas afectan a todos los menores, entre las niñas y adolescentes de 12 a 17 años destacan los altos índices de matrimonio infantil y maternidad temprana.

La pobreza es otro de los problemas a los que una gran parte de los niños indígenas y afrodescendientes se enfrentan.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las niñas, niños y adolescentes indígenas que vivían en situación de pobreza durante 2020 era 39.5 por ciento mayor con respecto a la población no indígena.

De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y exdirector de Redim, entre 2010 y 2021, la baja escolaridad, el matrimonio infantil, el embarazo temprano y la pobreza dieron como resultado la discriminación estructural a la que está sometido este sector de la población.

“Estos cuatro temas, pobreza, baja escolaridad, uniones tempranas y embarazo temprano son expresiones de discriminación estructural que hacen que se reduzcan sus oportunidades de desarrollo solo por haber nacido dentro del seno de una familia afrodescendiente o indígena.

“Lamentablemente el Estado Mexicano no ha desarrollado políticas públicas afirmativas con esta población para priorizarlas, porque enfrentan rezagos históricos que no van a cambiar de la noche a la mañana, entonces los programas públicos universales no necesariamente alcanzan a esta población por todas las condiciones que enfrentan”, explica Pérez García.

Respecto a la niñez afrodescendiente, la situación no es muy diferente, pues uno de cada siete niños y adolescentes de este grupo poblacional, que se encuentran entre los 3 y los 17 años de edad, no asisten a la escuela, es decir, 84 mil niñas, niños y adolescentes afromexicanos no reciben educación básica, ni media superior.

Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 153 mil personas afrodescendientes de 0 a 17 años, 76 mil mujeres y 77 mil hombres, no contaban con afiliación a algún servicio de salud en el 2020.

Pese a que México se encuentra adherido a la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se establece que las niñas, niños y adolescentes deberán contar con el nivel más alto posible de salud y acceso inmediato a los servicios para el tratamiento de enfermedades, 322 mil menores de edad indígenas de 3 a 17 años, 163 mil mujeres y 159 mil hombres, no estaban afiliados a ningún servicio de salud.

Las más afectadas

Las niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes se encuentran en una posición aún más vulnerable para ejercer sus derechos.

De acuerdo con información proporcionada por Redim, las menores de edad de estos grupos poblacionales son víctimas de matrimonio infantil.

Esta y otras situaciones llevan a las niñas y adolescentes a desarrollar con más frecuencia embarazos adolescentes.

Al respecto, Juan Martín Pérez García, afirma que los matrimonios y maternidades tempranas son el resultado de que las campañas de información y prevención del embarazo adolescente no se acercan a las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que para realizarlas no se toman en cuenta las particularidades de estos grupos.

“Imaginemos, por ejemplo, que existen algunos programas de prevención del embarazo adolescente, pero no están ni en las comunidades, ni en el idioma de las niñas y niños, entonces ellas y ellos quedan fuera de ese programa.

“Precisamente uno de los grandes problemas que tenemos con personas adolescentes que abandonan la escuela es por problemas económicos y por discriminación, ya sea por su idioma o, en el caso de los adolescentes afrodescendientes, por su color de piel”, menciona el coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Según el Inegi, 14 mil 600 niñas y adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años de edad se convirtieron en madres en 2020.

De acuerdo con esta información, 3.9 por ciento del total nacional de mujeres indígenas de este rango de edad, habían sido madres de al menos un hijo.

Información generada ese mismo año indica que en México, 3 mil niñas y adolescentes afrodescendientes de entre 12 y 17 años de edad se convirtieron en madres.

Respecto al matrimonio infantil, Juan Martín Pérez asegura que las autoridades no deben dejar de insistir en la ilegalidad de esta práctica, a la vez que deben combatir las causas de fondo que llevan a promover estas prácticas en comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Concretamente en México, que ya está explícitamente prohibido el matrimonio infantil, hemos señalado desde hace mucho tiempo que el problema mayor y donde tenemos que colocar el esfuerzo es en las uniones tempranas, es decir, ahora no se pueden casar formalmente, sin embargo, esto no impide que una niña o adolescente afrodescendiente o indígena viva en unión con una persona adulta.

“Las uniones tempranas tienen como origen las desigualdades económicas, la suprevivencia en ocasiones familiar y componentes y narrativas culturales que lo normalizan en las comunidades.

“Si no trabajamos con las comunidades directamente para informar sobre los derechos, para dar alternativas para que sus hijas no tengan que tener una unión temprana para sobrevivir, pues solo veremos más historias de este tipo. Los usos y costumbres nunca pueden ser un argumento para permitir la violación de derechos humanos”, asegura.

El origen de las dificultades

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el 54 por ciento de la población infantil indígena y afrodescendiente vive en pobreza extrema.

Al respecto, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), detalla que en México, 1.2 millones de personas de 3 a 17 años que hablan alguna lengua indígena eran pobres en 2020; cifra equivalente al 90.2 por ciento de esta población.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, asegura que las políticas públicas encaminadas a subsanar este problema no están destinadas a las infancias, pues son usadas para fines electorales.

“Los programas para mantener a los niños en las escuelas, como lo son las becas, no están diseñados para resolver problemas como la pobreza entre este tipo de poblaciones, ya que ni se toman en cuenta sus características como el idioma o su cultura.

“Generalmente estas poblaciones que viven alta discriminación no quedan reflejadas en los programas de transferencia, que históricamente tienen su origen con Carlos Salinas de Gortari con ‘Solidaridad’, pues se tratan de acciones de carácter electora”, indica.

El exdirector de Redim menciona que este tipo de patrones que mantienen a la niñez indígena y afrodescendiente en condiciones de pobreza, se repiten en toda América Latina.

“Desde Tejiendo Redes Infancia hemos notado que los patrones se repiten en toda la región, en lugares como Brasil, Perú, Bolivia, todo el Caribe; Panamá, una parte de Colombia, México y tiene una presencia muy fuerte en los pueblos originarios y afrodescendientes

“Toda Latinoamérica comparte la misma discriminación estructural, la ausencia de políticas públicas y, sobre todo, la nula inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la búsqueda de alternativas”, concluye.

Incidir desde las políticas públicas

Las legisladoras Josefina Vázquez Mota, del PAN y, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, quienes promueven iniciativas a favor de la niñez en el Senado de la República, lamentaron que las niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes se encuentren en mayor vulnerabilidad ante la marginación y el abandono por parte del Estado.

En entrevista con Reporte Índigo, las senadoras dicen que es urgente no solamente atender las necesidades básicas de ambos grupos, sino lograr que tengan acceso en igualdad de oportunidades que el resto de la población de esa edad.

Josefina Vázquez Mota menciona que los menores de estos grupos minoritarios siguen siendo quienes más sufren.

Asegura que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan es la discriminación, por lo que la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en la Cámara Alta, considera como una acción urgente la creación de una plataforma de equidad.

“En este momento enfrentamos grandes desafíos respecto a la agenda de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que hay grandes vacíos de política pública en su primera infancia, que la violencia intrafamiliar y la sexual está destruyendo sus vidas”, menciona.

La legisladora destaca que estos grupos no pueden ni deben seguir siendo invisibilizados, a la vez que reconoce que hace falta mucho por hacer, por lo que se requiere que, como Estado, trabajemos con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada.

Por su parte, Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, dice que lamentablemente los niños son un grupo vulnerable, particularmente los infantes indígenas y afrodescendientes, toda vez que son marginados, segregados y rechazados.

Explica que para comprender la magnitud del problema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que cerca de 4 millones de personas de entre 3 y 11 años son indígenas y 427 mil niñas y niños son afromexicanos o afrodescendientes.

La gran mayoría de este sector se encuentra en la franja de la exclusión social al carecer de derechos humanos básicos como el acceso a la educación y a la salud.

La legisladora llama a atender con urgencia los temas relacionados con el matrimonio y la maternidad infantil y adolescente, a la vez que recuerda que el 19 de octubre de 2021, presentó una iniciativa con la finalidad de erradicar la venta de niñas y mujeres con fines de matrimonio forzado, principalmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.