Niñez en riesgo con reducción de presupuesto

A pesar de que la administración actual asegura velar por los derechos de los más vulnerables, las promesas no se han reflejado en el reparto de recursos públicos encaminados a cumplir con el interés superior de la niñez, pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, los recursos asignados a los programas relacionados con niñez y adolescencia sufrieron una reducción con respecto al anterior ejercicio fiscal.

Sin tomar en cuenta la obligación establecida por la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los tratados internacionales a los que México está adscrito, en el PPEF 2023 se asignaron 8.2 mil millones de pesos, equivalente al 11 por ciento del presupuesto que erogará la federación durante el próximo año, a programas relacionados con la niñez y la adolescencia, mientras que en el 2022 los recursos asignados fueron del 12 por ciento.

Lejos de aumentar, a lo largo de la última década, el presupuesto asignado a atender a las infancias en el país ha disminuido o se ha mantenido sin tomar en cuenta problemáticas como la pandemia de COVID-19 o la violencia e inseguridad.

La violencia, el trabajo infantil y la salud mental de niñas, niños y adolescentes son algunos de los problemas que aquejan a este sector de la población, sin embargo, también son a los que menos presupuesto se le asigna.

Tanto organizaciones como World Vision México y legisladoras como Laura Barrera Fortoul señalan que pese a la existencia de una ley que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del llamado Anexo 18, una clasificación del presupuesto federal que concentra los programas y servicios dirigidos a la protección de este sector, no se está procurando el bienestar de las infancias, pues han habido reducciones o desaparición de programas encaminados a fortalecerlo.

Por su parte, en el informe “Peso por Peso: La inversión de México en la niñez y adolescencia” la organización World Vision México, asegura que la asignación del 11 por ciento para atender a los menores en el país no es congruente con las problemáticas y vulnerabilidades que enfrentan.

Según el documento de la organización, el Anexo 18 ha bajado su monto pasando de un 15 a un 11 por ciento total del presupuesto de la federación.

En 2012 se asignó a los programas relacionados con la niñez un presupuesto de 569 mil 559 millones 380 mil 276 pesos, equivalente al 15 por ciento del PEF de ese año.

Este porcentaje del Presupuesto de la Federación destinado para tratar problemáticas relacionadas con los menores de edad se mantuvo constante hasta 2017, cuando aumentó un punto porcentual.

Ese 2017 la porción del PEF asignado a la niñez fue de 760 mil 663 millones 521 mil 657 pesos, equivalente al 16 por ciento del gasto federal. A partir del siguiente año, el dinero destinado a cubrir las necesidades de las niñas, niños y adolescentes ha venido disminuyendo.

Aunque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce que los derechos de las infancias y adolescencias deben ser promovidos, protegidos y restituidos, y a que el Estado cuenta con 25 objetivos al respecto, distribuidos en cuatro dominios de derechos, las políticas públicas no lo reflejan.

Magos denuncia que dos de estos cuatro dominios de derechos, que incluyen el de supervivencia, desarrollo, protección y participación, se encuentran especialmente debilitados debido a la poca asignación de recursos.

“Definitivamente uno de los rubros de derechos más golpeados de los niños es el de la participación, pues hay muy pocos recursos asignados, así como una baja cantidad de mecanismos en la materia y esto sí refleja la gran barrera que tienen para que su opinión sea tomada en cuenta.

“Entonces este es un gran reto, pues no puedes pretender que se ejerzan los derechos de la niñez sin el derecho a la participación.

“Otro de los dominios afectados y, que es muy preocupante, es el de la protección, pues las procuradurías también tienen un porcentaje muy reducido de presupuesto y cuentan con unas cargas y demandas laborales muy extenuantes, entonces los denunciantes y sobrevivientes del delito llegan a estos espacios y no hay capacidad de atención ni para dictar las medidas de protección a la niñez en tiempos razonables acordes con lo que dice la ley, lo que desincentiva la denuncia”, menciona.

Mientras el dominio de participación ha mantenido una inversión del presupuesto total asignado a la niñez equivalente al 0.11 por ciento, el de participación es aún más bajo, pues es de solo el 0.04 por ciento. Por otra parte, las áreas de desarrollo y protección alcanzan una inversión del 79 y 21 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, esto tampoco significa que se estén procurando los derechos de la niñez, pues al hacer una revisión de los recursos destinados al dominio de desarrollo, se halló que del total, el 63 por ciento se dirige al Fondo para Nómina Docente, es decir, un gasto corriente.

La asignación actual de estos recursos no impacta en la creación de políticas públicas que garanticen el bienestar de las infancias y adolescencias, por lo que se siguen identificando problemáticas dentro del mismo ámbito educativo donde las necesidades reales, como la mejora de infraestructura o la prevención de la deserción escolar, no son atendidas.

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