La mayoría de los crímenes en contra de niñas, niños y adolescentes pasan desapercibidos en México, pese a que esta población prácticamente vive una crisis humanitaria en el país.
Uno de los últimos casos es el de la niña Giselle, de 11 años, quien desapareció el pasado 19 de enero en Chimalhuacán, Estado de México, tras acudir a buscar a su papá. Su cuerpo fue hallado casi una semana después en el municipio de Ixtapaluca.
Su historia se hizo mediática por la presión ejercida por sus familiares, amigos y organizaciones civiles que incluso se manifestaron para exigir a las autoridades que aceleraran los trabajos, los cuales llevaron al hallazgo de los restos de la menor y al arresto de un hombre acusado de su desaparición y feminicidio.
Pero por desgracia su caso es más común de lo que parece. De acuerdo con un balance presentado por la Red por los Derechos de la infancia (Redim), en promedio cada día desaparecen 4 niñas, niños y adolescentes y también 3.6 son víctimas de homicidio.
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En su documento, la organización revela que entre el 2007 y el 2017 hubo casi 14 mil menores que fueron asesinados por violencia y aproximadamente 7 mil están desaparecidos.
Juan Martín Pérez García, director de Redim, explica que además en los últimos años la tendencia de los feminicidios contra niñas se ha incrementado de forma brutal. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 2018 se han registrado 254 de estos delitos
En el 2015 ocurrieron 50 feminicidios infantiles; mientras que en el 2016 fueron 53; en el 2017 se registraron 65; y en el 2018 se contabilizaron 86 a nivel nacional. La mayoría de estos sucedieron en el Estado de México con 40; seguido de Veracruz con 24; y luego en Jalisco con 21.
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De hecho, el primer crimen registrado en el 2019 fue el de una pequeña de 9 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.
“Los feminicidios han crecido en el país de manera impresionante, pero mucho más impresionante es cómo han crecido en mujeres adolescentes”, dice Pérez García.
Los desencadenantes de la violencia
Hay tres factores que han sido claves en el incremento de la violencia y las desapariciones contra las niñas, los niños y los adolescentes: la estrategia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y retomada en la administración de Enrique Peña Nieto, la impunidad y la omisión dolosa, explica Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia.
La guerra contra el narcotráfico, explica, ha dejado en los últimos 12 años más de 300 mil personas asesinadas en todo el país, de las cuales aproximadamente 14 mil son niñas, niños y adolescentes. Mientras que de los casi 40 mil desaparecidos aproximadamente 7 mil también son menores de edad.
En este contexto, Juan Martín también relata que personas del crimen organizado han reclutado de manera forzada a menores de edad para sumarlos a sus filas en contra del ejército, situación que se prevé que se incremente de aprobarse la Guardia Nacional.
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“Tenemos una constante, que la violencia se ha generalizado directamente vinculada a la estrategia de militarización, tenemos muchas armas pequeñas y ligeras circulando. Ocho de cada 10 homicidios a adolescentes que ocurren de manera dolosa se dan con arma de fuego”, dice el especialista.
“Por cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia condenatoria, es decir, tienes garantía de que hagas lo que hagas contra un niño o una niña no pasa nada”
Para el director, la violencia armada que se tiene en el marco de la guerra contra el crimen organizado tiene un efecto desencadenante como de ondas expansivas de muchas otras expresiones de violencia, como la violencia en la comunidad, en las cárceles, en las escuelas y en la dinámica familiar, porque lo único que las hace coincidir es la impunidad.
A estos factores se suma la omisión dolosa que es un acto de autoridad de literalmente voltear la mirada, inhibir la denuncia o evitar la recopilación de todos los elementos para una investigación adecuada por corrupción, negligencia, falta de recursos humanos o administrativos, explica Pérez García.
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Un ejemplo son los policías que ven cuando ocurren delitos y no intervienen bajo el argumento de decir que no tienen armas, municiones, soporte ni respaldo y por ello su vida está en riesgo.
“Es decir, tienen un mandato legal para proteger a las víctimas, para regenerar condiciones para la investigación, la procuración de justicia e intencionalmente dejan de cumplir con su obligación legal. Entonces tenemos impunidad que se traduce por estos otros motivos y la violencia por el crimen organizado que sigue llenando el país de sangre”, explica.
Desafío del nuevo gobierno
La violencia que a diario viven las niñas, los niños y los adolescentes es invisible para el nuevo gobierno, dice Juan Martín Pérez García, director de Redim.
“El discurso del presidente es totalmente ajeno a la infancia, o sea, no la ha mencionado en estos dos meses de presidente o jefe del estado mexicano y no la ha mencionado en los seis meses del gobierno de transición y son 40 millones de niños y niñas y adolescentes, el 32 por ciento de la población”, agrega.
Sin embargo, Pérez confía en que se aplique la Ley General de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el artículo 4to Constitucional que obliga a todos los funcionarios a priorizar sobre el interés superior de la niñez; y los 9 compromisos que López Obrador firmó el pasado 30 de abril cuando aún era candidato.
