Hoy se celebra el Día del Niño y de la Niña, un grupo de población que padece las consecuencias del encierro por la pandemia de COVID-19 en Nuevo León. De acuerdo con la herramienta Cuéntame del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 había un millón 472 mil 351 niñas y niños de 0 a 15 años en la entidad neoleonesa, lo que representa 25 por ciento de la población de esa entidad.
Durante la contingencia sanitaria, las niñas, niños y adolescentes han sido las principales víctimas de delitos como abuso y acoso sexual, violación o equiparable, de acuerdo con las denuncias recibidas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero.
De marzo de 2020 a marzo de 2021, 60.5 por ciento del total de las víctimas de abuso sexual han sido menores de edad entre los 0 y 17 años, de los cuales 88 por ciento son niños y 12 por ciento niñas. El rango de edad entre los 9 y 17 años es el que concentra la mayor cantidad de denuncias.
En el caso de las víctimas de acoso sexual, 34.8 por ciento también tiene de 0 a 17 años de edad.
La información proporcionada al Consejo Cívico de Nuevo León por la Vicefiscalía del Ministerio Público y Fiscalía en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres destaca que del total de víctimas de violación reportadas en este último año, 59.5 por ciento fueron menores de edad.
La directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, invitó a los candidatos a algún puesto de elección popular el próximo 6 de junio a plantear propuestas en favor de las infancias de Nuevo León.
“Nos quedamos con muchos retos y vamos a dar seguimiento a estas problemáticas a lo largo del año buscando siempre articular a organizaciones, sectores para poder ir avanzando. También pensamos que es una agenda que debe ser tomada en cuenta actualmente en las campañas políticas para las alcaldías, el Congreso local y la gubernatura y programar presupuesto porque no solamente es atender víctimas, sino trabajar desde el enfoque de prevención”, pronunció.
¿Quién protege a las niñas y niños?
A nivel local, existe la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, promulgada el 27 de noviembre de 2015. Se rige con los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de la entidad, así como los Tratados Internacionales.
“Para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley”, dice el artículo 2.
Sin embargo, en el Diálogo por la Paz y la Justicia: Violencia contra niños y niñas, organizado por el Consejo Cívico, el moderador Alejandro Alberto Morton Martínez y los panelistas coincidieron en la corresponsabilidad para reconocer a niñas y niños como sujetos de derecho y garantizar que estos se cumplan. No importa que las autoridades municipales sean las primeras respondientes.
“No solamente nos debe ocupar al gobierno, también nos debe ocupar a todas las personas”, dijo Jonathan Castillo Serrato, subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno del Estado de Nuevo León.
El funcionario del DIF Nuevo León añadió que la mayor parte de los reportes de maltrato infantil, al menos en Nuevo León, se dan por violencia en el hogar. El agente maltratador llega a ser papá o mamá y no necesariamente tienen que existir lesiones físicas para causar daño a los menores de 18 años.
“Comúnmente escuchamos decir que son el futuro, idea totalmente equivocada concebida desde el adultocentrismo. Las niñas, niños y adolescentes son el presente, están aquí y ahora, el gobierno y la sociedad en general tienen la responsabilidad de garantizar y proteger sus derechos, si no lo hacemos hoy no habrá justificación mañana cuando vivamos las consecuencias con los adultos que no fueron atendidos en su infancia”, dijo Castillo Serrato.
Al muchas veces ser las madres y los padres quienes maltratan a las infancias, el subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF recordó el derecho a una parentalidad asistida que está en el capítulo VI de esta ley. Se trata de un proceso en el que se propician las condiciones para el desarrollo integral de la niñez.
“Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas y privadas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán establecer políticas de fortalecimiento familiar, dirigido a las familias más vulnerables para el ejercicio de su parentalidad”, dice el artículo 36.
Si bien los padres son los principales responsables de la crianza, en caso de que no puedan asumir esta tarea el Estado debe intervenir.
“Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos, talleres, solución pacífica de conflictos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia de pareja de maternidad y paternidad, entre otros”, dice el artículo 37 que implica al DIF.