Niega Gobierno crisis de impunidad

El Gobierno mexicano descalificó ayer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que advierte que en México existe una crisis de violencia e impunidad.

Las autoridades mexicanas calificaron el reporte de la CIDH como sesgado y con parte de premisas y diagnósticos erróneos que no se comparten.

El posicionamiento fue firmado por la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desafortunadamente el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión”, dice el comunicado de prensa.

En el informe de la CIDH, dado a conocer ayer, se reconocen algunos avances significativos en materia de derechos humanos en el país, pero concluye que “la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad”.

Para el Gobierno de la República la metodología para integrar dicho informe tuvo un sesgo inicial, pues en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento.

En la respuesta oficial se enfatizó la prioridad del Gobierno de atender las solicitudes de información y audiencia de la CIDH, asimismo aseguró estar comprometido con la vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Aunque el comunicado señala que el Gobierno de la República toma nota de las recomendaciones de la CIDH, se advierte que en repetidas ocasiones se solicitó a la Comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones.

Además indica que la CIDH ignoró los avances y cambios estructurales que ya habían sido reconocidos por el propio organismo en su visita de 1997.

En el texto del comunicado se hace mención a la labor del Estado en pro de los Derechos Humanos.

“El Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia”.

De igual forma se hace patente la contrariedad que se experimentó al interior del Gobierno al hacerse público el informe de la CIDH.

“Se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.

El informe de la discordia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

El día de ayer publicó el informe llamado “Situación de derechos humanos en México”, producto de la visita que dicho organismo internacional realizó del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 al país, a raíz de una invitación del Gobierno de la República.

El informe, según la CIDH, analiza la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.

“Durante la visita la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos” señala el informe.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas “no localizadas” en México, al 30 de septiembre de 2015, son 26 mil 798.

Otro de los puntos más destacados que se encuentran en el informe es el relacionado a la presencia extendida de la tortura. 

“La CIDH encontró que esto suele ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante un juez”.

Según cifras oficiales, la PGR contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. 

“La respuesta estatal ante los casos de tortura, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente”, apunta el informe de la CIDH.

El respaldo al GIEI

Tras los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el Gobierno llegó a un acuerdo de colaboración con la CIDH para la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de ofrecer asistencia en la investigación.

Los informes de los expertos del GIEI han ido en contra, o por lo menos han puesto en duda, de la versión oficial de los hechos presentados por el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam, que afirmaba que los estudiantes fueron incinerados en un basurero en Cocula.

Según dichos informe no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que los 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula. 

En el informe presentado el día de ayer por parte de la CIDH “Situación de derechos humanos en México”, el organismo reiteró su respaldo a los cinco integrantes del grupo y al trabajo que está realizando, y expresa que acompaña todos los informes presentados por éste.

En ese sentido, aunque reconoció la disposición del Estado para el establecimiento del GIEI, urge al Gobierno mexicano a brindar acceso a los expertos a entrevistar a todos los testigos, incluyendo a los integrantes del 27 Batallón de Infantería, petición que hasta el momento no ha sido concedida.