El ex subprocurador de la Profeco, Salvador Farías Higareda, negó liderar al grupo de exfuncionarios que venden información clasificada a los empresarios gasolineros a cambio de 22 mil pesos mensuales para evitar ser revisados por los verificadores de la dependencia federal.
En conferencia de prensa, que dio en un restaurante de Aguascalientes, Farías Higareda dijo que las acusaciones hechas por los empresarios, y publicadas en este medio, eran parte de la “guerra sucia” que se vive en el ámbito de la política para afectarse entre los partidos políticos.
“Estoy cierto de que es la época de la guerra sucia políticamente y sé que tengo una amiga que fue mi jefa en la Profeco y que es candidata al Senado de la República. Creo que son más bien para atacar a Lorena Martínez, es mucho más que claro”, comentó en entrevista a un medio local.
En el reportaje publicado por Reporte Índigo, en ningún momento se menciona a Lorena Martínez, ex titular de la Profeco y candidata del PRI al Senado por el estado hidrocálido, ya que las fuentes verificadas que dieron su testimonio nunca mencionaron su nombre y sí el de Farías.
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En relación a que no se mencionó el nombre de las fuentes que optaron por declarar la situación y las extorsiones que viven en el estado, este medio decidió respetar la solicitud de no dar a conocer su identidad por motivos de ética profesional.
Los empresarios, quienes prefirieron permanecer en el anonimato, lo hicieron por miedo a los grupos del crimen organizado, como los huachicoleros que operan en la región. Además, algunos dijeron ya haber recibido amenazas, incluso de muerte, cuando anteriormente se han acercado a las autoridades para denunciar.
Farías Higareda también aseguró no tener la capacidad operativa para llevar a cabo los negocios de los que se le acusa.
En el reportaje publicado por esta casa editorial se deja en claro que el negocio en el que se vio inmiscuido el exsubprocurador falló precisamente en el momento en el que dejó la dependencia federal, pues a pesar de ya no contar con información privilegiada, siguió vendiendo la protección.
Es por eso que los verificadores comenzaron a llegar con los empresarios que pagaban las cuotas para realizar las revisiones y el tema salió a la luz nuevamente.
Extorsiones, problema de tiempo atrás
Para Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, el problema viene de sexenios pasados.
A través de su portal, el abogado que ha representado a más de un empresario gasolinero, dio a conocer que el tema que publicó Reporte Índigo el martes pasado, es un problema que se viene cocinando desde la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, quien heredó el negocio a los gobiernos panistas que le siguieron, y el cual llega hasta el gobierno que se encuentra hoy en el poder.
De acuerdo con Óscar Valdés, en el conflicto se encuentran inmiscuidas otras instituciones además de la Profeco. Entre las que menciona que han sido fundamentales para el negocio ilegal está Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sindicato.
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El doctor en Derecho explica que con el conocimiento del gobierno, la empresa productiva del Estado y la única a la cual los gasolineros le pueden comprar el hidrocarburo, vendía a los empresarios pipas ordeñadas; es decir, si los dueños de las estaciones de servicio pagaban por un tanque de 100 mil litros, éstos sólo recibían 95 mil, pues el resto es la cuota que cobran las pipas del sindicato.
Esto obligaba a los dueños de las estaciones de servicio a calibrar sus máquinas para vender litros que no son de a litro y así recuperar las ganancias. Quienes no aceptaban el negocio,no recibían el combustible.
Por este motivo, los empresarios gasolineros también tenían que pagar cuotas a la Profeco para que no se les hicieran las verificaciones correspondientes, y así evitar ser clausurados; un negocio redondo que prevalece hasta el día de hoy, asegura Valdés.
