Las palabras “privatización” y “autonomía” son palabras peligrosas en México.
No solo han sido utilizadas por los críticos de la reforma energética que “defienden el petróleo de los mexicanos”, sino también por analistas que estudian las posibles implicaciones negativas de las nuevas leyes en dicha materia.
Quizá por esta razón el proyecto debatido en el Senado habla de “empresas productivas del Estado” para referirse a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A grandes rasgos, el concepto implica que ambas continuarán siendo empresas 100 por ciento propiedad del Estado mexicano, pero deberán regirse por principios del derecho privado.
Según explica la Secretaría de Energía (SE) en su sitio web oficial, esta figura “les dará un carácter empresarial, así como un régimen especial nuevo y separado del resto de las entidades paraestatales”.
Pero es precisamente esta premisa la manzana de la discordia.
“La iniciativa sugiere que nuestras empresas se sujetarán en primer lugar, por lo que establezcan sus leyes y por lo que determinen sus respetivos consejos de administración, en segundo lugar y de manera supletoria, por el derecho civil y mercantil, no por el administrativo”, detalla el dictamen.
Sin embargo, el PRD y el PT se han manifestado en contra de sus ejes centrales, pues aseguran que es el primer paso para privatizar las industrias petrolera y eléctrica.
“El gobierno actúa como propietario no como administrador y ese es el gran cambio que permitirá que se desarrollen como empresas privadas, dejarán de ser públicas, se van a regir por un régimen privado aunque digan lo contrario”, reprochó el domingo el senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo (PT).
Pero, sin importar esta confusión de términos e implicaciones, los dictámenes energéticos están siendo aprobados a paso acelerado por los legisladores.
